Eric Finch
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La Constitución española de 1978 permite reformas ordinarias con una mayoría de tres quintos en ambas cámaras, lo que se traduce en 210 diputados. La confianza en el sistema se tambalea ante la percepción de impunidad y arbitrariedades.
El sistema constitucional español, nacido en 1978, contempla dos vías para su modificación. La más accesible, la reforma ordinaria, requiere una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso y en el Senado. Traducido a cifras, esto significa que se necesitan 210 votos en el Congreso de los Diputados para poder iniciar el proceso. Esta vía permite abordar la mayoría de los aspectos de la Carta Magna, exceptuando aquellos que conciernen a una revisión total, al Título Preliminar, a la Corona o a los derechos y libertades fundamentales.
El descontento social actual no se basa tanto en un análisis técnico de la Constitución como en una acumulación de decepciones. La sensación de que no existe una igualdad real ante la ley y de que el poder ejecutivo no se somete plenamente a la justicia es palpable. Se percibe que las acciones del gobierno y sus socios, incluso cuando son penalmente reprochables, podrían acabar siendo avaladas por el Tribunal Constitucional, como se argumenta tras la reciente ley de amnistía. Este sentimiento de impunidad, real o percibido, alimenta el debate político y la crispación.
La alternancia en el poder es fundamental para la democracia, pero no es suficiente para restaurar la confianza en el sistema. Para que España recupere la solidez y estabilidad de las democracias maduras, es necesario ir más allá. La regeneración pasa por el respeto y la aplicación rigurosa de las leyes, y en este sentido, el Título X de la Constitución, que regula su reforma, se presenta como una herramienta clave. Si las fuerzas políticas, como el PP y Vox, alcanzan la mayoría necesaria de 210 escaños, podrían acometer las reformas necesarias en áreas como la Justicia, la educación o las competencias.
La reforma constitucional, especialmente en los aspectos que afectan a la justicia o al equilibrio de poderes, exige una voluntad política firme. La pregunta es si los principales partidos estarán a la altura del momento histórico y si optarán por una regeneración profunda, sin temores. La alternativa a una reforma consensuada y dentro del marco legal podría ser un proceso más traumático, con consecuencias impredecibles para la estabilidad del país.
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