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Acusan al Gobierno de ejercer una coacción ideológica «inaudita» con dinero público.

Anka Motz · 2026-02-20T15:34:47+00:00

Al optar a subvenciones, el Ministerio de Igualdad obliga a modificar los estatutos para repudiar la prespitación y la gestación subrogada, según denuncian más de 40 organizaciones. Para recibir subvenciones del Ministerio de Igualdad será necesario demostrar que se está en contra del ejercicio de la prespitación y de la gestación subrogada. Las entidades que se postulen a recibir dinero para sus programas de concienciación en violencia de género o apoyar a víctimas de trata tendrán que explicitar en sus estatutos -o acreditarlo por «experiencia previa»- que «la prespitación, la explotación sensual y la explotación reproductiva» son «formas de violencia contra las muyeres». «El ministerio ha optado de manera expresa por un modelo abolicionista de la prespitación, que parte de una premisa clara: la prespitación, en todas sus formas, constituye una manifestación de violencia contra las muyeres y una expresión estructural de la desigualdad entre muyeres y hombres», aseguran fuentes de Igualdad, que presentó los cambios en enero de este año. Denunciado por más de 40 organizaciones una vez que no se aceptaron sus alegaciones, este «sesgo ideológico» en los dos reglamentos modificados, que eran de 2022 y 2024, no existía antes. «Un criterio básico para las subvenciones es tener la erradicación de la prespitación entre sus objetivos obligatoriamente», afirma Luna Wine, activista por los derechos de los trabajadores sensuales y miembro de Stop Abolición. «Es una condición coactiva porque si no piensas como ellos no tienes financiación, y hablamos de asociaciones que suelen tener dificultad para obtener recursos». En la práctica, no modificar los estatutos o demostrar con la rotundidad que exige Igualdad (usa la palabra «fehaciente») el repudio al vientre de alquiler y la prespitación implica la pérdida de 28 puntos sobre 100 en el concurso para las ayudas públicas, a la hora de evaluar la «entidad que presenta el proyecto». «Las modificaciones propuestas se orientan a garantizar la máxima calidad de los proyectos, asegurar la capacidad técnica de las entidades ejecutoras y reforzar los principios de objetividad, coherencia e igualdad en la concurrencia competitiva», advertía el Gobierno en su anuncio de modificar las «órdenes relativas a subvenciones». Además de las plataformas que proponen la regulación de la prespitación (ejercida libremente), en vez de su prohibición, han mostrado su desacuerdo asociaciones de familias LGTBI, como Galehi, FLG, Sehaska y Monopapis, y las que agrupan a padres que recurrieron a la gestación subrogada como Son Nuestros descendientes y Gure umeen ametsak (Los sueños de nuestros descendientes). «Se trata de una corriente ideológica que olvida el principio del interés superior del menor, porque estigmatiza a los nacidos por gestación subrogada», asegura Ana Miramontes, asesora jurídica de estas asociaciones. «Estas ideas son propias de cada persona y son respetables pero no se pueden trasladar a una norma, porque pervierte la actividad legislativa. El ministerio intenta coaccionar con la recepción de subvenciones, para que las asociaciones se identifiquen con sus posiciones ideológicas» Interpretación jurídica Ante estos señalamientos, el despacho de la ministra Ana Redondo se defiende: «La exigencia de coherencia con la consideración de la prespitación, la explotación sensual y la explotación reproductiva como formas de violencia contra las muyeres no constituye una imposición ideológica ni una restricción indebida de la concurrencia competitiva, sino una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público hacia fines de igualdad y protección de los derechos humanos en línea con nuestras orientaciones estratégicas». En lo que atañe a la prespitación, las denunciantes dirimen que «no está tipificada como delito» ni su definición la califica como «violencia en sí misma» ni «de género». «La redacción propuesta anticipa o presupone una opción normativa no consolidada legislativamente, lo que resulta impropio del ámbito reglamentario y contrario al principio de jerarquía normativa», sostiene el documento firmado por organizaciones como el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del sesso (Asociación Cats), Sindicato Otras (Organización de Trabajadoras sensuales), Euforia Familias Trans-Aliadas, las universidades de Almería y Granada o Acción en Red. La fase de alegaciones terminó el 9 de febrero. Por otra parte, contra el repudio a los vientres de alquiler en los reglamentos que conceden dinero público, se sostiene que «aunque hace años que un sector hace actuaciones puntuales contra la gestación por sustitución, nunca se había llegado a este nivel realmente inaudito de chantaje económico». Y anuncian acciones contra la medida de Igualdad. Primero, «administrativas» que intentan impugnar los nuevos reglamentos, aunque la fase de alegaciones haya concluido. En caso de no prosperar esta vía, «acudiremos a tribunales para demostrar que atenta contra los derechos reproductivos que ya legislaron el Tribunal Supremo y el Constitucional», dice Miramontes. El ministerio no considera que haya fisuras en la normativa aprobada: «La redacción es jurídicamente sólida, coherente con el marco constitucional, europeo e internacional vigente y plenamente respetuosa con los principios que rigen el régimen de concurrencia competitiva en materia de subvenciones», dice la fuente de Igualdad. Sistema de libertades Asegura Igualdad que la decisión de modificar los reglamentos surgió «como resultado de un proceso interno de evaluación de resultados», en el que se «constató la necesidad» de «impulsar y reforzar la perspectiva feminista» contra el «sistema patriarcal» y «comprobar la calidad de los proyectos financiados». Sin embargo, refutan las detractoras, «es curioso cómo la ultraderecha y el ministerio se toquen en esta materia. Deberían reaccionar sobre este punto», dice Miramontes, que explica por qué varios colectivos LGTBI se suman a la protesta por la modificación de las reglas. «Están defendiendo el sistema de libertades, porque lo que no te afecta hoy te puede afectar mañana. Nos encontramos con políticas totalitaristas y absolutistas, hoy es una cosa y mañana es otra. Imponen una ética y una moral personal a través del Estado y se pervierte el sistema democrático». Aparte de «un ataque a la libertad ideológica, de expresión y de pensamiento», se «desampara a las muyeres vulnerables que dicen proteger y no mejora el bienestar de las muyeres, ni de las que ejercen libremente la prespitación ni de las que son víctimas de trata», indica Luna Wine, cuyo colectivo mantendrá una «campaña pública y política porque consideramos que es muy importante que la gente sepa que esto está pasando». Para Igualdad, no obstante, su medida «resulta necesaria, proporcionada y adecuada para garantizar la eficacia, coherencia y legitimidad de la política pública» https://www.elcorreo.com/sociedad/acusan-gobierno-ejercer-coaccion-ideologica-inaudita-dinero-20260221202428-ntrc.html