Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desabrigados de sus parejas

Castro Urdiales: 94 hombres en un chat y fotos sin consentimiento​

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil la existencia de un supuesto grupo de mensajería integrado por 94 hombres de la localidad y su entorno que compartirían imágenes de contenido sexual de sus parejas o contactos sin el consentimiento de las mujeres que aparecen en ellas. La denuncia parte de una mujer que quiere mantenerse en el anonimato y que trasladó los hechos a varias asociaciones feministas del municipio cántabro. El consistorio conoció el caso por referencias en redes y por unos carteles aparecidos en la vía pública, y lo calificó de «hechos gravísimos».

El relato que acompaña a la denuncia sitúa el origen en un vecino de Castro que frecuentaría un club de prostitución y que habría iniciado una relación con una mujer migrante en situación irregular. En uno de esos encuentros le habría propuesto tomar imágenes de contenido sexual, con el acuerdo —según esa versión— de que serían privadas. A finales de septiembre, la mujer habría descubierto en el teléfono de él un grupo con 94 miembros donde circularían esas imágenes junto a comentarios sobre los cuerpos de las protagonistas.

Qué se sabe y qué no de la investigación​

La Guardia Civil no había recibido denuncia formal alguna, según las fuentes del instituto armado consultadas, que se acogieron a la protección de datos para no confirmar si existe una investigación abierta. El Ayuntamiento actuó de oficio tras la aparición de los carteles firmados por la coordinadora 25N en la plaza Hermandad de las Marismas. No hay, a la fecha de esta discusión, detenciones, identificaciones ni resolución judicial conocida.

Ese vacío probatorio es el eje de buena parte del escepticismo. Hay quien sostiene que el caso encaja en un patrón de campañas sin verificar, y quien responde que la ausencia de detenciones a corto plazo no invalida una denuncia anónima. La discusión deriva rápidamente hacia un terreno más áspero: la calificación jurídica de lo ocurrido.

¿Es delito compartir una foto íntima hecha con consentimiento?​

Aquí el consenso se rompe. Una corriente defiende que el consentimiento para posar no equivale a consentimiento para difundir, y que sin un contrato firmado que autorice la publicación, la persona retratada puede exigir la retirada del material y la difusión previa puede constituir revelación de secretos. La postura contraria sostiene que una imagen tomada con acuerdo entre adultos es, por defecto, un objeto más, y que solo la existencia de un pacto explícito de privacidad —o el uso de la imagen para chantaje o daño— convierte la difusión en ilícito.

El argumento más repetido en ese segundo bando es que las fotos son fotos y que la carga de la prueba recae en quien alega un acuerdo verbal de no difusión. La réplica llega con un ejemplo doméstico: si alguien ocupa tu casa diciendo que se la has alquilado de palabra, nadie daría por bueno el contrato. La discusión, en cualquier caso, no está cerrada por ninguna resolución.

El acceso al teléfono y la letra pequeña del Código Penal​

Un tercer frente aparece en cuanto se examina cómo se obtuvo la prueba. Si la mujer revisó el teléfono de su pareja sin autorización, esa acción podría encajar en un delito de descubrimiento y revelación de secretos, según se argumenta. Es decir: la misma persona que denuncia una difusión no consentida podría haber incurrido en un acceso no autorizado a comunicaciones ajenas.

La objeción a ese razonamiento es que las comunicaciones son inviolables y las pruebas obtenidas de forma fraudulenta pierden validez, lo que en la práctica dejaría el caso en un callejón. Nadie ha resuelto todavía ese nudo, y probablemente no se resuelva en un chat.

Cómo se ha convertido un caso local en un pulso nacional​

El asunto ha servido para reabrir la comparación con otros episodios recientes de filtraciones de datos y fotos de mujeres en aplicaciones de aviso entre usuarias. La simetría —grupos privados, imágenes íntimas, difusión no consentida— se usa en ambos sentidos: para exigir protección legal y para denunciar hipocresía según quién sea el filtrado.

También planea la sombra del bulo. Una parte del público da por hecho que todo es un invento sin pruebas, y otra recuerda que la denuncia anónima es precisamente el mecanismo habitual cuando la víctima teme represalias en un municipio de algo más de treinta mil habitantes. La coincidencia, escasa, es que nadie ha visto las imágenes ni la lista de miembros.

Lo único verificable hoy es que hay 94 nombres en un supuesto grupo, una denuncia sin firmar, unos carteles en una plaza y una concejalía que ha decidido mover ficha. Si aparecen detenciones, el relato cambiará. Si no aparecen, el caso engrosará la lista de episodios que se cuentan y no se prueban.