Alcaldesa socialista de Seattle: prohibirá a las cadenas de supermercados cerrar el negocio

Seattle estudia prohibir a los supermercados cerrar sus tiendas​

¿Puede un ayuntamiento obligar a una cadena de supermercados a mantener abierto un local que pierde dinero? La alcaldesa de Seattle, la socialista Katie Wilson, ha anunciado su intención de prohibir por decreto el cierre de supermercados en la ciudad y ha ido más allá al prometer establecimientos de propiedad pública. «No podemos permitir que las grandes cadenas cierren tiendas a su antojo», sostiene, según la formulación que circula del anuncio. El paquete incluiría además la expropiación de facto de negocios que dejen de ser rentables, que pasarían a financiarse con fondos públicos.

El planteamiento ha caído en un contexto ya cargado: barrios donde las cadenas se retiran por robos recurrentes y donde comprar un producto básico obliga a desplazarse kilómetros. La discusión pública sobre la medida se ha partido en dos: quienes ven una respuesta a la deserción comercial en zonas pobres y quienes advierten de que el resultado será un local vacío, sin género y sostenido por el contribuyente.

Qué propone exactamente la alcaldesa de Seattle​

La propuesta combina dos piezas. La primera es una prohibición de cerrar: la ciudad no permitiría a las grandes cadenas abandonar un establecimiento a voluntad. La segunda, más ambiciosa, es la creación de supermercados de propiedad pública, administrados por el ayuntamiento. El argumento oficial se apoya en la llamada justicia alimentaria: garantizar el acceso a la comida en los barrios con menos renta.

El detalle que cambia la naturaleza de la norma es el siguiente: si una cadena decide que un local no es rentable por robos organizados, presión fiscal o regulación asfixiante, la salida municipal no es corregir esas causas, sino impedir que la empresa deje de perder dinero. La lógica, apuntan las lecturas más críticas, es la de un niño de cinco años aplicada a un balance de explotación.

Hay un matiz jurídico que conviene separar del titular. Parte del análisis sostiene que lo prohibido no es cerrar en sí, sino dejar el local vacío pagando el alquiler para bloquear la entrada de un competidor. Esa práctica —el acaparamiento de espacios comerciales— existe y es una estrategia anticompetitiva clásica: el coste del alquiler vacante es una prima de seguro barata frente al daño de tener un rival fuerte a doscientos metros. Si la norma ataca eso, el instrumento sigue siendo un mazo, pero el diagnóstico de partida no es inventado.

El precedente que nadie quiere repetir​

La comparación con experiencias anteriores aparece en cuanto se rasca el asunto. Los supermercados de Cuba y Venezuela se citan como espejo: permanecen abiertos, sí, pero sin nada dentro. La objeción no es ideológica, es logística. Un local puede seguir existiendo como entidad jurídica y estar completamente vacío de producto, de personal y de clientes.

El caso de la zona autónoma de Capitol Hill, en la propia Seattle, funciona como ensayo general en la memoria colectiva de la ciudad. La comuna utópica duró lo que tardaron en agotarse los víveres y en empezar los enfrentamientos entre las propias facciones. Un microcosmos de lo que ocurre cuando la ideología choca con la cadena de suministro.

De la misma ciudad salieron dos gigantes del consumo global. Ahora llegan ordenanzas de ingeniería social municipal. La parodia, en este punto, se escribe sola.

¿Por qué cierran los supermercados en barrios concretos?​

Porque dejan de ser rentables. El motivo que más se repite es el robo recurrente: hay zonas donde un establecimiento sufre varios asaltos al día. La secuencia es conocida. Primero se despenaliza o se trivializa el hurto. Después, el negocio, que vive de márgenes ajustados, se convierte en objetivo y las pérdidas se disparan. Cuando el local cierra, el responsable político no lee el problema en su propia norma, sino en un derecho vulnerado: el acceso a la comida.

La pregunta que queda sin respuesta es qué ocurre cuando el supermercado pasa a ser público. Si los robos siguen, seguirán igual. ¿Se pone un policía en la puerta de cada establecimiento? ¿Se obliga a las estanterías a estar llenas y las pérdidas se las come el empresario privado que apostó por el barrio?

El resultado previsible, sostienen quienes han visto el ciclo en otras ciudades, es que las tiendas se llenen de nada. El coste lo asume el contribuyente y el supermercado deja de ser un negocio para convertirse en una organización subvencionada con pérdidas crónicas.

El perfil de la alcaldesa y el desgaste del relato​

La biografía de la regidora se ha convertido en munición del debate. Fue invitada a abandonar la Universidad de Oxford seis semanas antes de graduarse y a los 43 años reconoce vivir de sus padres jubilados, según los datos que se han difundido. El contraste entre esa trayectoria y la gestión de un presupuesto municipal alimenta la burla: un futuro hacha empresarial, ironizan.

El argumento se completa con la pregunta inversa: si la alcaldesa de una ciudad del tamaño de Seattle cobra un sueldo discreto, ¿de qué vive? La respuesta que se da en los mentideros es que el sueldo público no explica el nivel de vida, y que eso también forma parte del paisaje.

Más allá del perfil, el patrón se repite en otros lugares. Donde gobierna el progresismo, dice una parte del análisis, no vuelve a crecer la hierba. El estado de Washington se describe como un estercolero progre desde hace tres décadas. La socialdemocracia nórdica, añaden, ya está rectificando a la vista de los resultados.

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La medida aún no está aplicada y su alcance jurídico sigue discutido: prohibición de cerrar, prohibición de bloquear el local o ambas cosas a la vez. Lo que sí está claro es el orden de los factores. Primero se crea un infierno regulatorio y fiscal. Después los negocios se van. Y entonces se declara que su marcha es un problema que el Estado debe resolver. El socialismo, decía Thatcher, se acaba cuando se acaba el dinero de los demás.