Algo no me termina de cuadrar con lo de que sea verdad que los extranjeros cobren rentas básicas de inserción

El IMV y la regularización: el requisito que nadie cuadra​

Un extranjero en situación irregular no puede sostener su residencia legal cobrando la renta mínima. Ese es el nudo del asunto que se ha discutido durante semanas: si para regularizarse hay que demostrar medios de subsistencia, y para cobrar el Ingreso Mínimo Vital hay que acreditar carencia de recursos, las dos puertas no pueden abrirse a la vez. La paradoja no es menor. O se tienen ingresos, o se tienen papeles. Difícilmente ambos.

El punto de partida lo puso un análisis que cuestionaba el relato más extendido: la idea de que los extranjeros llegan, se empadronan y cobran automáticamente una paga. La objeción era concreta. Para obtener el permiso de residencia, la normativa exige acreditar medios económicos suficientes, ya sea mediante contrato de trabajo, actividad por cuenta propia o el amparo de un familiar con recursos. Si esos medios existen, la ayuda se deniega por superar el umbral de ingresos. Si no existen, el solicitante queda en situación irregular y, en teoría, expuesto a una orden de expulsión.

Qué requisitos pide el IMV y por qué excluye a los irregulares​

El Ingreso Mínimo Vital se concede tras analizar la declaración de la renta de los dos últimos ejercicios. Ese filtro documental deja fuera, en la práctica, a quien no ha tenido residencia fiscal previa. La ayuda exige residencia legal, unidad de convivencia estable y ausencia de ingresos por encima del umbral. Cumplir todo eso sin papeles es, cuando menos, complicado.

Hay quien sostiene que las rentas autonómicas de inserción —la RMI madrileña, la RGI vasca, la catalana— han sido absorbidas o conviven con el IMV estatal, y que sus requisitos son dispares. En algunas comunidades basta con estar empadronado un año y no superar el límite de renta. En otras se exige residencia continuada y documentación que un irregular no puede aportar. La maraña normativa es real, y explica por qué las cifras de perceptores varían tanto de un territorio a otro.

Los datos que desmontan el relato de los millones de paguitas​

La estadística oficial de perceptores del IMV ofrece un dato incómodo para quien defiende que hay millones de extranjeros viviendo de la ayuda. La media mensual de familias perceptoras en 2023 fue de 1.728, frente a las 3.947 del año anterior. Es decir, la cifra no solo no crece, sino que se reduce. Cualquier relato que hable de millones de beneficiarios choca con ese registro.

El cálculo más optimista sobre el número potencial de perceptores parte de los 8,9 millones de extranjeros residentes en España, de los que 2,8 millones están afiliados a la Seguridad Social. La resta arroja más de seis millones de personas que no cotizan. Ese dato se ha usado para sostener que hay una masa ingente de mantenidos. El problema es que la resta incluye menores de edad, trabajadores en economía sumergida, personas con ingresos no salariales y quienes son mantenidos por familiares. No todo el que no cotiza cobra una paga.

El arraigo como vía real de regularización​

La vía más habitual para salir de la irregularidad no es la paga, sino el arraigo. Exige acreditar permanencia en España, vínculos familiares o sociales y, de nuevo, medios de subsistencia. Aquí entra en juego el papel de las organizaciones que asesoran a los solicitantes: preparan la documentación, acreditan la integración y acompañan el expediente. Sin ese soporte, el trámite es prácticamente inabordable.

El debate derivó hacia el coste real de la inmigración. Un cálculo apunta que el gasto educativo por alumno extranjero supera los 6.600 euros anuales en Primaria, los 8.000 en Secundaria y los 9.900 en Superior. El número de alumnos extranjeros pasó de 736.249 en 2013 a 1.066.875 en 2023. Es decir, un incremento del 50% en una década. Ese gasto, sostienen algunos, pesa más que cualquier paga.

Órdenes de expulsión y el mito del coladero​

Sobre las expulsiones, la discusión fue clara: existen, pero son excepcionales. Una orden de expulsión puede paralizarse con una solicitud de asilo, y los ayuntamientos no siempre comunican los datos de empadronamiento a Extranjería, lo que dificulta el seguimiento. El resultado es un sistema que, en la práctica, rara vez ejecuta la salida forzosa.

La conclusión que emerge del intercambio es incómoda para las dos trincheras. No hay millones de extranjeros cobrando rentas básicas: las cifras oficiales de perceptores no lo permiten. Pero tampoco el sistema funciona como un filtro estanco: la irregularidad sobrevive durante años, y la regularización depende de recursos que muchos no tienen. La pregunta que queda en el aire es simple. Si el IMV exige residencia legal y la residencia legal exige ingresos, ¿de qué vive exactamente quien no tiene ninguna de las dos cosas?