Ayuso entrega los caminos públicos a los cazadores todos los fines de semana y festivos. Disfrutar lo votado ciclistas y paseantes.(Prohibido el paso)

La nueva ley de caza de Madrid corta el paso a ciclistas y senderistas​

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado una reforma de la Ley de Caza y Pesca que otorga prioridad a las cacerías colectivas sobre cualquier otro uso en caminos públicos durante fines de semana y festivos. La norma permite a los cazadores instalar puestos de tiro en estas vías y prohibir el acceso a personas ajenas a la actividad, una medida que ha desatado una polémica encendida entre usuarios del campo.

¿Qué dice exactamente la ley?​

La ley no se limita a la caza mayor. Según el texto, la colocación de puestos en caminos públicos se prevé para monterías y batidas de caza mayor, pero también para ojeos, palomas, zorzales y otras modalidades de caza menor consideradas colectivas. El artículo 5 extiende la prioridad a estas cacerías, y el artículo 24.6 permite autorizar el uso de armas en zonas próximas a vías públicas. En la práctica, durante las jornadas de caza —que suelen concentrarse en fines de semana y festivos— el acceso a decenas de caminos queda restringido, con carteles de "Prohibido el paso" y, en ocasiones, con vigilancia de los propios cazadores o de agentes forestales.

La comparación con Castilla-La Mancha​

La polémica no es exclusiva de Madrid. En Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, se aprobó una modificación similar en julio de 2024, permitiendo colocar puestos en caminos públicos durante monterías. Los críticos señalan que ambas normas son igualmente restrictivas, aunque en Madrid el impacto es mayor por la densidad de población y el uso masivo de los caminos. Mientras tanto, los defensores argumentan que se trata de una cuestión de seguridad: evitar que paseantes se crucen con disparos, y recuerdan que muchos de esos caminos son servidumbres de paso sobre propiedades privadas, mantenidas por los cotos de caza.

El pulso entre usos del campo​

El conflicto refleja una lucha por el espacio rural que lleva años latente. Por un lado, los cazadores, que pagan licencias y cuotas, reclaman poder desarrollar su actividad sin intromisiones. Por otro, el creciente número de ciclistas, senderistas y corredores que utilizan los caminos públicos los fines de semana, a menudo sin ser conscientes de los derechos de paso. La ley deja poco margen a la negociación: cuando hay cacería, la escopeta manda. Y eso, para muchos, es una privatización encubierta de lo público.

La paradoja es que en una región donde el turismo rural y el deporte al aire libre generan ingresos y empleo, la norma pueda ahuyentar a miles de usuarios habituales. Pero quizá eso es lo de menos: al fin y al cabo, la caza también mueve votos.