Ayuso sobre aborto y cirugía: ¿deberían pagarlo los interesados?

Ayuso: el embarazo no es una enfermedad y el aborto no lo paga el contribuyente​

Un embarazo no es una patología. Unas tetas pequeñas, tampoco. De ese punto de partida, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convertido en titular, se deriva una consecuencia incómoda para el relato oficial: si no hay enfermedad, no hay prestación sanitaria pública obligatoria. Quien quiera un aumento de pecho o interrumpir su embarazo, que se lo pague de su bolsillo. La frase, reproducida en el arranque de esta discusión, ha bastado para reabrir el viejo pleito sobre qué cubre la sanidad pública y qué no.

El argumento es más viejo que el cabreo que genera. La propia Ayuso lo ha usado para tensar la cuerda con el Gobierno central, y en el camino ha dejado a más de uno con la sensación de que el PP juega a dos barajas: mucho antiabortismo de escaparate y luego, en la práctica, nada. La discusión derivó pronto hacia los números: ¿cuántos abortos son realmente terapéuticos y cuántos son una decisión libre?

Cuántos abortos son por riesgo para la madre y cuántos por decisión libre​

Según los datos que se manejan en esta conversación, en España los abortos realizados por grave riesgo para la vida o la salud de la madre suponen aproximadamente el 2,65% del total. Las anomalías fetales explican otro 2,44%. Y la decisión voluntaria de la mujer concentra el 94,62% restante. Con esas cifras sobre la mesa, el consenso se estrella contra un muro: unos piden que solo el 2,65% terapéutico pase por la sanidad pública y el 97,35% restante lo paguen las interesadas; otros responden que mezclar un embarazo con una enfermedad es una trampa lógica de manual.

La comparación con la cirugía estética funciona como eslogan, no como argumento. Un implante capilar no salva vidas; una interrupción del embarazo, en los supuestos de riesgo, sí. El problema es que el 94,62% no entra en ese supuesto. Y ahí es donde el debate se encona: ¿es el aborto un derecho reproductivo o un servicio sanitario más?

El argumento del cuerpo ajeno: el feto no es la madre​

La defensa clásica del derecho al aborto se apoya en la autonomía corporal: mi cuerpo, mi decisión. La refutación que aparece en esta discusión es quirúrgica: si el feto fuera parte del cuerpo de la madre, faltaría un órgano tras el aborto. No falta. Luego no es su cuerpo. El feto, se argumenta, es un individuo distinto que no puede sobrevivir sin la aportación biológica de la madre, pero que no es la madre.

De ahí se salta a la analogía del taxista: si el viajero está en mi taxi, ¿puedo echarlo en mitad de la autovía porque ya me he cansado de llevarlo? La respuesta que se da es que no, que hay un tercero con intereses propios. La discusión se atasca en ese punto exacto: unos ven un derecho de la mujer a decidir sobre su gestación; otros ven una vida humana distinta que la sociedad tiene derecho a proteger. La frase de la presidenta madrileña no resuelve nada, pero ordena el tablero.

La sanidad pública, saturada: ¿quién paga la interrupción?​

El segundo frente es económico. Con la sanidad pública tensionada, hay quien sostiene que financiar con impuestos el 97,35% de los abortos no terapéuticos es una prioridad discutible. El argumento no es nuevo: se aplica igual a la cirugía estética, a la odontología o a los tratamientos de fertilidad. La pregunta es si el aborto pertenece a esa categoría o a la de los derechos fundamentales.

La respuesta institucional, hasta donde alcanza esta discusión, es ambigua. La propia presidenta madrileña ha defendido en público una cosa y, según se le reprocha, ha practicado la contraria. Ese doble juego es el que más irrita a propios y extraños: el PP azul, se dice, es igual de abortista que el PSOE, solo que con mejor prensa. La acusación no es un dato, es una interpretación política, pero explica por qué el asunto vuelve cada cierto tiempo.

El trasfondo demográfico: natalidad, inmigración y otros fuegos​

La discusión deriva, como casi todas, hacia la natalidad. Hay quien pide que se proteja la maternidad en lugar de discutir quién paga el aborto. Y hay quien responde que la natalidad no tiene puntos de vista y que el aborto debería estar prohibido salvo en cuatro supuestos muy justificados: riesgo para la vida de la madre o inviabilidad del feto. En medio, aparece el tema migratorio como ruido de fondo: si el Estado controlara las fronteras, se insinúa, no haría falta importar población. Es un desvío recurrente que no aporta datos, solo consignas.

El resultado de todo esto es una discusión que no avanza. Unos repiten que el embarazo no es una enfermedad y que, por tanto, no debe financiarse como tal. Otros replican que el aborto es un derecho y que mezclarlo con la estética es una simpleza. Y en el fondo, la pregunta que nadie responde: si el 94,62% de los abortos son voluntarios, ¿qué política pública los reduce sin criminalizar a nadie?