España, en el peor puesto de la deuda real europea
Un gráfico de barras y una frase de dos líneas. Un tuit que cita un estudio abre el hilo: «Un estudio destapa la deuda real de Europa y deja a España en el peor sitio posible. Qué envidia me da Dinamarca». Con eso empieza una conversación que en pocas horas salta de la macroeconomía a los geriátricos, del INE al euro digital y de la soberanía nacional a los peajes de las autovías.
El punto de partida es el que da el estudio citado: al incorporar compromisos que no figuran en la foto oficial, España aparece en el peor puesto de Europa. La discusión es otra. Cuánto de ese agujero es contabilidad y cuánto es relato, y quién va a pagarlo.
Qué es la deuda real y por qué España sale mal parada
La deuda pública convencional mide lo emitido. La llamada deuda real incorpora compromisos que no figuran en el balance, como los pasivos que, según se apunta en el hilo, las administraciones colocan en empresas y entes públicos. Bajo ese criterio, el tuit sitúa a España en el primer puesto de los grandes.
Una intervención lo resume con crudeza: «la deuda pura y dura ahora mismo anda por el
130% y creciendo bastante cada año». La cifra no es oficial —es un cálculo de un participante—, pero encaja con la tesis que se sostiene en la conversación: el crecimiento económico va por detrás de la deuda neta nueva. Traducido: cada ejercicio se añade más pasivo del que se genera riqueza.
El agujero que se llama pensiones
El sistema español es de reparto. Las cotizaciones de hoy pagan las pensiones de hoy, y cuando no llegan entra el Estado. Ahí está el nudo. «Las pensiones en gran parte se financian con las cotizaciones actuales, hay déficit pero no el de todas las pensiones», matiza quien intenta bajar el volumen del alarmismo.
El matiz importa. No es lo mismo un sistema que quiebra que un sistema que necesita transferencias crecientes. Lo segundo es lo que hay. Y sobre eso se acumulan los pronósticos: hay quien fija
2040 como la fecha en la que será «completamente insostenible» y quien advierte de que los que se jubilen después se encontrarán una reforma que dejará las pensiones futuras, en palabras textuales, como
la bandera de Japón.
Un detalle técnico aparece en la conversación: el subsidio para mayores de 52 años. La advertencia es que los desempleados que se acojan a él cotizarán «por la base más alta de sus vidas», lo que engordará la pensión futura y, con ella, el compromiso del sistema. Nadie discute el derecho. Discuten la factura.
¿Está hinchado el PIB español?
Aquí la conversación se vuelve incómoda. Una parte del análisis sostiene que el PIB se recalibró al alza en los últimos años y que con él se abarataron todos los ratios de deuda. La sospecha, lanzada sin pruebas, apunta a la salida del presidente del INE y a la revisión posterior de las series. Es una acusación sin verificar y así debe leerse.
Lo que sí admite discusión es el contenido del crecimiento. Otro argumento recurrente: si del PIB se quitaran las actividades que no tributan ni se registran, el denominador caería y la deuda relativa subiría. La economía sumergida engorda el pastel, pero no paga la hipoteca.
De los PIGS a los FIGS: la comparación europea
Durante la crisis anterior, el acrónimo
PIGS señalaba a Portugal, Italia, Grecia y España. Ahora hay quien añade una letra y coloca a Francia en el club. El consuelo es de baja calidad: si el vecino grande también aparece, el grupo deja de ser una anomalía ibérica.
Hay una postura aún más escéptica. Se argumenta que Finlandia y Austria figuran en la misma tabla sin arrastrar los problemas de España, Portugal, Grecia o Italia, de modo que el dato de deuda, por sí solo, no explica nada. Puede ser el que menos.
¿Hay alternativa al sistema de reparto?
Los planes privados de capitalización vuelven a la conversación. El argumento esgrimido: cualquier periodo de inversión superior a
15 años presenta rentabilidad positiva en índices amplios, y rescatar en forma de rentas evita el golpe de vender en pleno desplome. El contraejemplo es Chile y su experiencia, más la crisis de 2008, cuando muchos ahorradores que echaron mano de sus fondos encontraron pérdidas o rentabilidades por debajo de lo esperado.
Sobre la mesa hay también otras fuentes de financiación: peajes en autovías, más impuestos a los carburantes no usados por transporte profesional y agricultura. Quien lo propone reconoce que solo con multas e impuesto de circulación no da «ni para asfaltar».
El euro digital, pospuesto hasta 2029
A última hora entra en la conversación otro asunto: la implementación del euro digital ha sido pospuesta hasta al menos
2029, según las fuentes citadas en el intercambio, por la complejidad legislativa y las tensiones entre instituciones europeas, gobiernos y banca. Privacidad y control financiero, los dos fantasmas de siempre.
El cierre lo pone un dato lanzado como pregunta en la conversación. Los trabajadores públicos son
tres millones; de ellos, 1,6 millones son funcionarios, según la cifra que se maneja en el hilo. Un cuerpo que cobra del Estado desde que saca plaza hasta que se jubila, mientras la mayoría de los pensionistas no llega a cobrar veinte años, según el argumento esgrimido.