Binance, obligado por las circunstancias, comenzará a dar parte a Hacienda de los usuarios verificados

Hacienda pone el foco en Binance y en quien haya hecho el KYC​

El KYC que hace un momento servía para comprar en Binance puede acabar convertido en la lista de la compra de la Agencia Tributaria. La tesis que abre el asunto es tajante: el intercambio, empujado por las investigaciones que lo cercan, terminaría dando parte a Hacienda de sus usuarios verificados. No hay detrás una vocación recaudatoria repentina del exchange, sino presión regulatoria en cadena. Y, como casi siempre que se mezclan cripto y fisco, la letra pequeña separa el pánico verdadero del riesgo real.

¿Por qué Binance empezaría a dar parte a Hacienda?​

El punto de partida es que Binance estaría siendo investigada por un supuesto blanqueo de capitales y por actividades no reguladas, con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como telón de fondo. Esa presión, según esta lectura, le habría costado el acceso a su pasarela en dólares con Silvergate. En Reino Unido el resultado sería parecido, con una solución temporal bajo un exchange limitado, Binance.co.uk, todavía en desarrollo.

El siguiente eslabón apunta a Malta. El bloqueo de la entrada en euros buscaría evitar perder a su socio bancario en el país, también bajo investigación por el supuesto movimiento de 71 millones a través de territorio maltés. La cronología que se maneja incluye dos movimientos de imagen: en marzo, el fichaje de dos antiguos miembros del GAFI; a finales de junio, la integración de Ciphertrace, una herramienta que traza y marca la actividad en las distintas redes blockchain.

La consecuencia práctica para el particular es incómoda. Quien tenga una cuenta sin verificar, sostiene esta línea, no debería dejar dinero dentro: el temor es que el intercambio retenga fondos a todo el que no haya completado el proceso de identificación.

La ley española: declarar o callar con el umbral en disputa​

El marco nacional añade piezas. La obligación que recoge la norma es informar de los saldos a 31 de diciembre de cualquier proveedor extranjero de compra y venta de criptomonedas. El problema empieza con la cifra: se manejan tanto 50.000 como 10.000 euros, y se subraya que solo se ha publicado la ley, mientras el reglamento de la AEAT sigue pendiente. Con ese escenario, dar por cerrado un umbral es temerario.

Hay más aristas. Cada criptomoneda tendría cinco conceptos que notificar, y cada dato mal notificado se asocia a una sanción de 5.000 euros, con un mínimo de 10.000. La fecha de referencia para tener el dinero fuera del exchange tampoco estaría decidida: se barajan el 31 de diciembre (saldo final) o el 1 de octubre (saldo medio). En sentido contrario se apunta que la norma es un texto refundido donde lo relativo a activos digitales ocupa poquísimos artículos y que, en todo caso, Binance no se considera todavía un banco.

De ahí una discrepancia central. Una parte sostiene que la obligación va dirigida a los exchanges españoles y que, si Binance enviara información, sería por orden judicial. Otra responde que ese matiz no protege a quien ya ha dejado rastro con su DNI.

¿Existe el usuario invisible? VPN, wallet propia e informe FIFO​

La pregunta clásica reaparece. Quien crea que una VPN y un nombre falso bastan para ser invisible se equivoca, sobre todo porque el KYC convierte la identidad en un peaje de entrada. Quien haya operado con tarjeta o con transferencia desde un IBAN español tiene, según este análisis, el rastro servido. Los que hayan movido fondos con IBAN de otros países conservarían algo más de margen.

La wallet propia no resuelve el enigma. Se admite que tener las criptomonedas en una cartera personal podría eximir del modelo 720, pero al retirar ese dinero aparecería la exigencia del informe FIFO, y hacerlo mal arrastra la sanción antes citada. Cuando el intercambio sabe que enviaste 20.000 euros en una fecha concreta, no concibe que hayas perdido las claves: de ahí los guiños al argumento del perro que se comió el Ledger y las dudas sobre su credibilidad ante una inspección.

Frente a eso, la defensa que se plantea es casi ofimática: aportar el historial en formato tabla para demostrar que no hubo plusvalías. Para quien sostiene la vía dura, el pantallazo no frena nada; para quien confía en la carga de la prueba, la pelota está en el tejado de la administración.

El tirón fiscal se extiende a traders y bots​

Si Hacienda pone el foco en los traders, y muy especialmente en quienes operan con bots, el escenario cambia de escala. El precedente que se cita es el del póker, donde las comprobaciones se saldaron con sustos de muchos ceros. La advertencia va dirigida a quien haya hecho KYC y se crea a salvo por no haber ingresado dinero directamente en su cuenta: la trazabilidad no depende de la puerta de entrada, sino del conjunto del historial.

A eso se suma la constancia de que el proceso lleva años en marcha y no es una novedad de un solo día. El KYC lleva tiempo implantado en Binance, y lo que cambia ahora es el uso que se hace de esos datos.

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Con los umbrales sin cerrar y el reglamento en el aire, conviene separar dos cosas: lo que dice la ley publicada y lo que cada uno teme que ocurra. La trazabilidad avanza, eso nadie lo discute. Hasta dónde alcanzará el próximo requerimiento es, por ahora, una incógnita que nadie firma.