Boicot vascongados y navarros

El boicot a lo vasco choca con una lista interminable de empresas​

Boicotear los productos vascos y navarros equivale, en la práctica, a renunciar al tren, al tranvía, a la cerradura de casa y al asfalto de la carretera, según el recuento que se hace en el hilo. La propuesta de dejar de comprar lo que llegue de Euskadi o de Navarra se lanzó sin que nadie tuviera claro qué marcas había que evitar, y el intento de confeccionar esa lista acabó demostrando lo contrario de lo que pretendía: que estas compañías están metidas en casi cualquier gesto cotidiano. Del recuento que un participante aporta salen nombres como Iberdrola, BBVA, CAF, Irizar o Petronor, y también el acero de los coches y la energía que mueve las fábricas.

Qué empresas vascas y navarras habría que dejar de comprar​

La relación más completa que se maneja en el debate incluye a Iberdrola con 39.113 millones de euros, BBVA con 21.066, el Grupo Mondragón con 11.404 y Siemens Gamesa con 10.198. Por debajo quedan Gestamp Automoción (8.093), Petronor (5.243), CIE Automotive (3.269), CAF (2.943), Kutxabank (1.166), Vidrala (1.084), Dominion (1.035), Uvesco (936), Sidenor (744), Eulen o Euskaltel (697 cada una) e Ingeteam (675). Son las magnitudes que atribuye ese listado, con varios datos fechados en 2020, y el recuento supera la veintena de sociedades.

A esa nómina se suman, según el mismo recuento, marcas que nadie identificaría de entrada con el norte: los neumáticos Firestone y Bridgestone, los cristales de Guardian, los molinos de Gamesa, los autobuses de Irizar, el acero de ArcelorMittal y Sidenor, el gas de Naturgas o buena parte de las constructoras civiles. La lista, además, mezcla propiedad, sede social y planta productiva, un matiz que se lleva por delante el propio criterio del boicot.

El tren, la cerradura y el asfalto: el boicot imposible​

Aplicado al pie de la letra, el criterio deja al consumidor sin transporte público y sin puerta. Los trenes de Renfe, los metros de las ciudades, los tranvías que fabrica CAF, las cerraduras de las viviendas, el asfalto de las carreteras, los carburantes que salen de Petronor y la electricidad que generan los molinos de Gamesa entran en el paquete, según las marcas que se van apuntando en el hilo. La broma recurrente es sencilla —la cerradura de casa también sería vasca, así que el boicot empieza por uno mismo—, aunque otro forero replicó que la cerradura de su casa es italiana.

Hay un detalle que, según varios mensajes, agrava el problema: España está en pleno proceso de rearme y parte de los proyectos del sector se adjudican a uniones temporales de empresas en las que participan compañías estratégicas situadas en el País Vasco.

¿De quién es BM si su distribuidora está en Cantabria?​

El rastro societario de BM Supermercados desmonta la etiqueta regional. Según el hilo, la cadena pertenece a Uvesco, sociedad nacida en 1993 de la fusión de la cántabra VES y la vasca Unialco, con sede en Irún y central de distribución en Castro Urdiales, ya en Cantabria. Y Uvesco formaría parte del grupo IFA, de origen madrileño, el mismo paraguas que cobija a Ahorramás y Gadis. De vasco, en el mejor de los casos, quedaría la ubicación de las tiendas.

El ejemplo sirve para algo más que para discutir por una marca de supermercado: en el fondo late la idea de que la pertenencia regional de un negocio es una construcción administrativa, no una esencia.

Las alternativas del boicot: Iveco antes que Mercedes​

Donde sí se puede elegir, la propuesta pasa por decidir en función de la planta de fabricación. Un furgón Iveco de Valladolid en lugar de un Mercedes de Vitoria. Un Clio de Valladolid o un Corsa de Zaragoza en lugar de un Volkswagen Polo de Navarra. No repostar en Petronor. No contratar los servicios de BBVA ni de Iberdrola. El objetivo declarado es causar el máximo daño posible sin salir de casa, aunque la lista de la compra se convierta en un ejercicio de contabilidad industrial.

La tesis de fondo: desindustrialización y reparto europeo​

Un participante sostiene una lectura más ambiciosa: que los movimientos independentistas vasco y catalán sirvieron para que esas regiones se enzarzaran entre ellas mientras se desindustrializaban Euskadi y Cataluña y se compraban a precio de derribo huertas de Valencia y Murcia. El argumento añade que en la Unión Europea nadie iba a comprar ya barcos, aviones, coches, telas ni armas, pero sí naranjas, melones y melocotones.

Es la versión económica del conflicto: quién produce valor y quién solo lo reparte. Y explica por qué el asunto se encona tanto: cada bando cree que el otro le está vendiendo la ruina con una bandera.

Por qué hay quien rechaza boicotearse entre españoles​

La objeción más repetida es de coherencia. Boicotear exige estar muy seguro de que el propietario del negocio te odia o te desprecia, y ese requisito, llevado en serio, obligaría a extender el boicot a Inglaterra, Alemania, Francia o Países Bajos, países que tampoco guardan buena estima a España. La conclusión de esa corriente es que boicotearse entre vecinos no arregla nada.

Frente a ella se sitúa quien distingue entre boicot regional e ideológico. Lo que justifica dejar de comprar, sostienen, es el comportamiento de quien está detrás y no el código postal: el ejemplo que se repite es el de comercios señalados tras la aparición de su propietario en un acto político.

La capa electoral completa el cuadro. Los mapas de resultados municipales del 28M y el peso creciente de Bildu se emplean como argumento en los dos sentidos, mientras una parte del análisis sostiene que el votante joven de esa formación no asocia la marca con la violencia y otra advierte de que reabrir ese capítulo es un error. En medio, una parte del electorado vasco que no vota pide que no se le mezcle en la pelea.

Con esta maraña societaria, cabe esperar que el próximo ciclo electoral vuelva a agitar la etiqueta del boicot y que las listas de empresas se reciclen una vez más. La predicción más razonable, sin embargo, es que el carrito de la compra siga mandando más que el origen de la cerradura.