Boomerada mitica: abascal sale en defensa de su latinos .

Abascal acota la «remigración» de VOX y salva a los latinos​

La cifra la puso Rocío de Meer: siete millones de personas expulsadas. La respuesta llegó en forma de matiz. Santiago Abascal sostuvo que VOX «no ha dicho el número de los que deben ser deportados. Simplemente porque no lo sabemos», y añadió que el objetivo son quienes hayan venido a delinquir, quienes pretendan imponer una religión extraña o quienes maltraten a alguien. Entre el titular de una y la letra pequeña del otro cabe el programa migratorio completo del partido —y su contradicción interna.

El matiz no es inocente. En una formación que ha hecho de la inmigración su bandera, precisar a quién se deporta es precisar a quién se protege. Y en ese ejercicio, el bloque latinoamericano queda dentro.

La distancia entre siete y ocho millones​

El debate público maneja cifras redondas que nadie acaba de cuadrar. Frente a los siete millones de expulsiones que se atribuyen a la dirigente, una pieza citada en la discusión habla de ocho millones de inmigrantes. La diferencia no es menor: no es lo mismo fijar el universo de residentes que el de deportables. Abascal zanjó la aritmética con un argumento de método —«no lo sabemos»— y desplazó el foco de la cantidad a la condición de cada persona.

Ese giro tiene coste. Al renunciar a un número, el partido deja la puerta abierta a que cada cual rellene el hueco con su propia definición. Y ahí aparece la primera grieta: los mismos que piden mano dura leen en el matiz una excusa, y quienes celebran el gesto ven en él una rectificación forzada por la presión. La cifra deja de ser un dato y se convierte en un campo de batalla.

Migrantes con visado y contrato: dónde se traza la línea​

La defensa más repetida distingue entre quienes entran sin autorización y quienes llegan con visado de trabajo y contrato en origen. El argumento es sencillo: el migrante legal que deja de trabajar incurre en estancia irregular y se convierte en deportable, de modo que el sistema se autorregula. Bajo esa lógica, la mano de obra regularizada no generaría el problema; lo generaría el tránsito sin papeles.

Subyace un criterio utilitario. No se discute tanto el origen como la aportación productiva: quien trabaja y cotiza entra, quien no, sale. El problema es que ese criterio choca con un mercado laboral que absorbe mano de obra en sectores de bajos salarios y la expulsa en cuanto llega la crisis. La regularización como filtro funciona mejor en el papel que en la nómina.

Conviene recordar que el visado de trabajo no es una categoría moral, sino un papel. Cambia por decreto, por cupo y por coyuntura.

Un millón de solicitudes y el debate sobre los salarios​

El reproche más incisivo señala lo que no se menciona: el millón de personas que han pedido la regularización en origen desde Hispanoamérica. La crítica sostiene que, aunque entren de forma legal, muchas aceptan condiciones que el trabajador nacional rechaza, lo que presiona a la baja el salario y degrada la calidad del empleo. Es la vieja tensión entre cubrir vacantes y evitar competencia desleal.

Hay quien responde que esa competencia es un asunto de inspección y de convenios, no de nacionalidad. Y quien añade un dato incómodo: dos años de residencia bastan en algunos supuestos para acceder a la nacionalidad, lo que a juicio de los críticos difumina la frontera entre migración temporal y definitiva. El argumento de que quien no trabaja se deporta ignora, además, la economía sumergida, donde se concentra buena parte del empleo irregular.

El reproche del «hispanchismo»​

La crítica más dura no viene de fuera, sino del propio terreno. Una parte del electorado acusa al partido de proteger a los migrantes de habla hispana mientras endurece el discurso con el resto. Se sostiene que el criterio religioso y cultural —esa «religión extraña» que se quiere excluir— funciona como filtro implícito y deja fuera de la quema a un bloque concreto. El término hispanchismo resume el reproche.

Frente a eso, la defensa oficial insiste en que el partido no distingue por origen, sino por legalidad y conducta. La discusión sobre si existe un sesgo hacia lo hispanoamericano es, en el fondo, una discusión sobre qué se entiende por integración y quién tiene autoridad para definirla.

La sustitución que se invoca y la que se niega​

En el trasfondo aparece un concepto que se usa a la ligera: la sustitución de población. Una parte del electorado lo aplica a la migración no europea y lo niega cuando se trata de la hispanoamericana; sus críticos señalan la contradicción y hablan de dos varas de medir. Sin definición estadística, el término opera más como eslogan que como diagnóstico.

El coste de esa ambigüedad lo paga el discurso económico. Si el objetivo es proteger al trabajador nacional, el instrumento serían los convenios y la inspección, no el pasaporte. Si el objetivo es otro, conviene decirlo.

Qué queda fuera de la cifra​

El terreno lo fijan conceptos como la remigración, sin definición operativa ni números cerrados. Cuando el criterio pasa de la frontera al comportamiento —delinquir, imponer creencias, maltratar—, el listón deja de ser administrativo y se vuelve interpretable. Y lo interpretable se aplica de forma desigual según quién lo aplique y a quién.

Con siete millones en el aire, ocho en los vídeos y un millón de expedientes sobre la mesa, la política migratoria se decide menos por la aritmética que por la etiqueta. El dato que descoloca no es ninguno de esos tres: es que la formación que más habla del asunto admite que no sabe cuántos son.