Manifiesto pro-[…]

Manifiesto pro-putero: el derecho a pagar por sexo​

Un hombre con una discapacidad física severa que no puede acceder a relaciones sexuales. Una persona que, por el motivo que sea, no encuentra pareja y ve pasar los años. Alguien que simplemente prefiere pagar a cambio de no arriesgarse a una denuncia. El punto de partida de este debate es una pregunta incómoda: si alguien no puede caminar, a nadie se le ocurriría negarle que pasee. ¿Por qué, entonces, se le niega el acceso al sexo? El planteamiento sostiene que la prostitución es un acto legítimo entre dos adultos que consienten, y que la ola prohibicionista que recorre España responde más a un impulso puritano que a la protección real de nadie.

Qué se plantea: la prostitución como servicio, no como lacra​

El texto que abre la discusión no pide caridad ni excepciones morales. Pide coherencia. Argumenta que si una persona puede contratar a alguien para que le limpie la casa o le cocine, no hay razón para demonizar a quien contrata a alguien para tener sexo. La clave, insiste, es que no se haga daño a terceros ni se impongan condiciones a nadie. Bajo ese criterio, la transacción entre adultos queda fuera del juicio moral ajeno.

La comparación con la discapacidad es el eje emocional del planteamiento. Se cita el caso de una profesional que atendía a personas con gran dependencia, una realidad que en países como Holanda se ha tratado como terapia sanitaria y que en Japón cuenta con servicios específicos para personas con discapacidad. La pregunta que sobrevuela es quién dictamina qué es decente cuando la necesidad es real y el dinero es propio.

El argumento económico: regular, cotizar y recaudar​

La vertiente económica del debate es la que más consenso genera. Se defiende que la prostitución se regule, que las trabajadoras coticen y paguen impuestos como cualquier autónomo, siguiendo el modelo alemán. El argumento es doble: por un lado, el Estado ingresa; por otro, se saca la actividad de la economía sumergida y se dificulta la explotación. Hay quien va más lejos y propone un bono de 100 euros al mes para rentas inferiores a 22.000 euros anuales, integrado en la Seguridad Social, como prestación sanitaria.

Frente a esto, la objeción clásica: si se prohíbe, no desaparece, solo cambia de nombre. Se sostiene que las mismas personas que hoy ejercen pasarán a anunciarse como masajistas, y el negocio seguirá funcionando en la sombra, sin derechos ni cotización. La prohibición, en esta lectura, no protege a nadie; solo empuja a un sector hacia la clandestinidad.

La acusación de control social: a quién beneficia prohibir​

Una corriente del análisis va más allá de lo económico y lee la ofensiva prohibicionista como una forma de control. Se argumenta que el objetivo no es proteger a las mujeres, sino restringir el acceso masculino al sexo y castigar cualquier expresión de la masculinidad. En esa línea, se señala que las aplicaciones de citas ya funcionan como un mercado donde el sexo se intercambia por estatus, y que prohibir la vía de pago solo cierra una puerta más.

Hay quien recuerda que quienes hoy demonizan el puritanismo fueron, hace pocos años, los primeros en señalarlo. El giro, sostienen, no es moral sino de poder: se prohíbe lo que no se controla. Y se apunta a un efecto colateral: si se criminaliza al cliente, se empuja a algunos a buscar fuera de la ley, con el riesgo añadido de que cualquier encuentro con una persona no profesional pueda acabar en una denuncia por agresión sexual.

El choque con el discurso oficial y la pregunta sin respuesta​

El debate aterriza en la política real. Se menciona que un dirigente socialista habría colocado a trabajadoras sexuales en una empresa pública, lo que para unos invalida el discurso abolicionista del partido y para otros demuestra que la hipocresía es transversal. La pregunta que se lanza a la ministra de Igualdad es directa: qué respondería sobre las necesidades sexuales de las personas con discapacidad física y la función social que cumplen las profesionales que las atienden.

La respuesta que se anticipa no es técnica, sino política. Se sostiene que la ministra es lo bastante hábil para salir airosa de cualquier pregunta, y que su posición responde a un electorado concreto, no a un principio. El puritanismo, en esta lectura, es una herramienta de movilización, no una convicción.

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Queda el dato que descoloca. En un país donde se discute prohibir la prostitución, hay quien defiende que tener relaciones sexuales con regularidad es una medida de salud pública, al nivel de comer bien o tomar la medicación. Si eso es cierto, prohibir el acceso a quien no puede conseguirlo por otras vías no es moral: es una decisión sanitaria tomada por motivos que no tienen nada que ver con la salud.