[brvtal] vox consigue eliminar el catalán de la función pública balear

El PP balear aprueba por error las enmiendas de Vox que eliminan el catalán de la función pública​

El Partido Popular de Baleares ha votado a favor de varias enmiendas presentadas por Vox en la Ley de Simplificación Administrativa que eliminan el requisito del catalán para ejercer como funcionario en las islas. La formación de Santiago Abascal consigue así, sin necesidad de pacto explícito, uno de sus objetivos históricos en el archipiélago. El PP atribuye el resultado a un error en la votación, pero el texto ya está aprobado.

La medida afecta a un requisito que hasta ahora era obligatorio para acceder a plazas públicas en Sanidad, Educación o Administración general. El Estatuto de Autonomía de Baleares establece en su artículo 4 que el catalán es lengua propia de las islas y que todos tienen derecho a conocerla y usarla, pero no impone el deber de conocerla. Sobre esa distinción legal se ha construido el argumento de que exigir el idioma para una plaza pública era una ilegalidad.

Qué cambia exactamente en la función pública balear​

La Ley de Simplificación Administrativa modificaba el régimen de acceso a la función pública autonómica. Las enmiendas de Vox introducidas en el texto eliminan la obligación de acreditar un nivel de catalán para tomar posesión de una plaza. El argumento jurídico que sostiene la medida es que el Estatuto balear habla de derecho a conocer la lengua, no de obligación, por lo que exigirla para ejercer cualquier función pública sería una clara ilegalidad.

En la práctica, la norma abre la puerta a que profesionales sanitarios y docentes sin conocimiento del catalán puedan ocupar plazas en las islas. Es el punto que más recorrido ha tenido en el intercambio de opiniones: hay quien sostiene que así se soluciona el problema de falta de funcionarios en Sanidad, y quien recuerda que profesionales muy capacitados se marcharon precisamente por el requisito lingüístico.

El PP lo atribuye a un error y Vox rentabiliza el resultado​

El PP ha defendido que se trató de un error en la votación. La explicación no ha convencido a todo el mundo: hay quien sostiene que este tipo de errores se han convertido en una constante y que, en realidad, existe un acuerdo encubierto para sacar adelante medidas que incomodan al electorado propio. La formación de Abascal, mientras tanto, ve confirmado que votar a Vox sirve para algo.

El episodio ha reabierto la discusión sobre el papel de las lenguas cooficiales en la administración. Una parte del análisis defiende que los idiomas son una barrera para el desarrollo y que debería primar el criterio de mérito y capacidad. Otra recuerda que el catalán es lengua propia de Baleares según el Estatuto y que su presencia en la función pública no es un capricho identitario, sino una obligación estatutaria.

El catalán como requisito: derecho a conocerlo, no obligación​

El artículo 4 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears establece que la lengua catalana es propia de las islas y que tendrá, junto con la castellana, carácter de idioma oficial. Añade que todos tienen derecho a conocerla y utilizarla, y que nadie podrá ser discriminado por razón de idioma. La clave está en el verbo: derecho, no deber. Sobre esa distinción se ha construido el argumento de que exigir el catalán para una plaza pública era ilegal.

La Constitución, en su artículo 3, sí impone el deber de conocer el castellano a todos los españoles, y remite a los Estatutos para la oficialidad de las demás lenguas. Ese doble régimen es el que alimenta la controversia: mientras unos ven en la exigencia del catalán una discriminación, otros consideran que la sentencia no invalida la obligación de conocer la lengua propia en el ámbito autonómico.

Qué pasa con el dinero destinado al catalán​

Uno de los argumentos que más ha circulado es el destino de los fondos públicos que hasta ahora se dedicaban a la promoción del catalán. Hay quien sostiene que ese dinero irá a otros fines, como la tauromaquia, y lo celebra. Otros recuerdan que la lengua no es solo un gasto administrativo, sino un instrumento de cohesión social y de acceso a los servicios públicos.

El debate sobre el catalán en Baleares no es nuevo. La exigencia del idioma para plazas públicas ha sido un frente abierto durante años, con idas y venidas normativas. Lo que ha cambiado ahora es el mecanismo: no ha sido una ley específica sobre lengua, sino una enmienda introducida en una ley de simplificación administrativa, lo que ha permitido aprobarla sin un debate monográfico sobre el modelo lingüístico.

---

Con el texto ya aprobado, el PP balear tendrá que decidir si mantiene el resultado o busca una corrección posterior. La fórmula del error administrativo ha funcionado otras veces como coartada para no asumir el coste político de una medida. Si se repite el patrón, la pregunta no será si el catalán vuelve a ser requisito, sino cuándo y a cambio de qué.