El mayor problema de este país es la función pública

España pasa de 1,2 a 3 millones de funcionarios desde 1990​

En 1990 España tenía 1.200.000 funcionarios. Hoy la cifra se acerca a los 3.000.000. Multiplicar por 2,5 la plantilla pública en tres décadas —justo cuando llegaban el ordenador, internet y la administración electrónica— es el dato que sostiene la sospecha más repetida: que la administración crece porque puede, no porque haga falta. La acusación de cabecera señala que los empleados públicos españoles son los mejor pagados de Europa con una deuda del 100% del PIB encima de la mesa. El contraste no resiste un examen serio en ninguna de sus dos mitades.

¿Cuántos funcionarios hay en España?​

La cifra depende de dónde se ponga la frontera, y ahí empieza el lío. Los funcionarios de carrera —con plaza, del Estado o de las comunidades— rondan los 3.000.000. Si se cuentan todos los empleados públicos, la horquilla sube a 4.000.000. Sumando organismos como Renfe, Correos, la EMT de cada ciudad, el metro o el tranvía, se llega a 5.000.000. Y metiendo en el mismo saco a quien cobra de lo público a través de contratas —limpieza, instalaciones deportivas, educación concertada—, la cuenta alcanza los 6.000.000. Sobre una base de 20 millones de trabajadores, la proporción queda en seis en lo público frente a catorce por cuenta ajena o propia.

El detalle importa. En los países nórdicos computa como empleado público cualquiera que cobre un salario público, lo que engorda su estadística y adelgaza la española. Depende de qué llames funcionario, y de eso no se pone nadie de acuerdo.

¿Son los funcionarios españoles los mejor pagados de Europa?​

El dato que circula coloca a España por encima de la media, con una media de 57.000 dólares de coste por empleado. El contraargumento desmonta la mitad del titular: esa cifra, pasada a euros, se queda en 46.000-47.000, y suele medir coste laboral total, no nómina. El sueldo medio del funcionario español estaba en unos 32.000 euros brutos; con la Seguridad Social a cargo del empleador, el coste real ronda los 41.000. Hay quien concede que la comparación se pasa «pero no demasiado», y hay quien directamente niega la premisa: los empleados públicos españoles no son los mejor pagados del continente.

La trampa es de método. Comparar coste laboral español con salario bruto europeo, o meter en la misma media a un neurocirujano y a quien limpia su quirófano, deja un número que no significa nada.

El desglose que desmonta el relato del cargo a dedo​

El Ayuntamiento de Madrid tiene 29.000 trabajadores. De ellos, el 84% son funcionarios con plaza y el 15% interinos. Solo el 0,7% —unos 203— ocupa puestos eventuales, y el consistorio presume de haber reducido un 20% su personal eventual. La imagen del enchufado que cobra sin dar golpe choca con un número incómodo: el margen de designación arbitraria es, en términos porcentuales, casi residual.

Otra cosa es la política. Entre los cuatro partidos mayoritarios suman 106 millones de euros en subvenciones por todos los conceptos, corrupción aparte. Ahí sí hay una bolsa que crece sin oposición.

IVA del 21% y el margen que se queda el Estado​

La queja de fondo no es solo cuántos empleados hay, sino quién paga la fiesta. Un cálculo que circula entre contribuyentes: una empresa que fabrica un producto y saca un beneficio del 10% ve cómo el Estado se lleva, limpio de paja, un 21% de su trabajo vía IVA. Sobre esa base se construye la crítica clásica: las grandes empresas se libran porque participan en el diseño de las normas, y la pequeña y el autónomo cargan con el grueso.

Aquí el tono baja de revoluciones y sube de cifras. El gasto no se discute; se discute de dónde sale.

¿Y la vía de la oposición?​

Si el empleo público es tan cómodo, la pregunta lógica es por qué no se presenta todo el mundo. La respuesta más repetida: no es cómodo, es largo. Alrededor del 50% de quienes mantienen el estudio más de tres años sin abandonar acaban sacando la plaza. Ocho horas diarias y paciencia. La otra mitad se queda por el camino.

Frente a esto se alza la tesis de la privatización: los servicios públicos se subcontratan, siguen pagándose con dinero público, pero salen del recuento oficial de nóminas, y así la media salarial parecería inflarse. El problema es que el dato la contradice. Mientras supuestamente desaparecían empleados del cómputo, la plantilla pública pasó de 1,2 a casi 3 millones. Para que cuadre, habrían entrado 1,5 millones de jueces y médicos. No fue el caso.

Llegó la informática, prometieron menos papeles y menos personal, y la administración hizo lo contrario: contrató más y digitalizó menos. En 1990 había 1,2 millones de funcionarios y ni un ordenador en cada mesa. Tres décadas después hay más del doble de empleados y el papeleo sigue existiendo. Nadie ha explicado aún qué se hizo con la productividad ganada.