Bukele violó los derechos humanos de pandilleros sin pruebas. debería sacar leyes para condenar a cadena perpetua a los políticos ladrones

Bukele, las maras y la pregunta incómoda: ¿dónde está la ley?​

¿Se puede meter en prisión a alguien por lo que lleva tatuado en la piel? La discusión sobre la política de seguridad de El Salvador lleva tiempo girando en torno a esa pregunta, y la respuesta que da una parte del público es tan simple como incómoda: los tatuajes de las maras identifican delitos concretos, así que no hace falta investigar gran cosa. La otra mitad responde con un argumento que no se cae con facilidad: si no hay pruebas, no hay condena, y un Estado que encierra sin proceso deja de ser un Estado de derecho para convertirse en otra cosa.

El punto de partida del asunto es conocido: durante años, las pandillas convirtieron barrios enteros en territorios donde la extorsión, el secuestro y el asesinato funcionaban como una administración paralela. Frente a eso, la respuesta oficial fue una ofensiva carcelaria masiva, con detenciones que, según las críticas, no siempre pasaron por el filtro de un tribunal. El resultado, dicen los defensores, es un país donde la gente vuelve a salir a la calle. El precio, responden los críticos, es un modelo donde el poder decide quién es culpable.

Qué se discute cuando se discute sobre los tatuajes​

El argumento más repetido a favor de la mano dura es que los miembros de las maras se marcan a sí mismos con símbolos que revelan su historial: un tatuaje por robar, otro por matar, otro por extorsionar. Si eso es así, sostiene esta corriente, la identificación del delincuente es casi automática y la investigación judicial sobra. Incluso se añade un detalle macabro: quien se tatúa sin pertenecer a la pandilla se expone a que los propios pandilleros lo maten por suplantación.

La objeción no es menor. Un tatuaje es un símbolo, no una sentencia. Puede estar mal interpretado, puede ser antiguo, puede corresponder a alguien que nunca cometió el delito que ese dibujo supuestamente certifica. Y sobre todo: la carga de la prueba no puede recaer sobre la piel del detenido. Quien defiende el modelo responde que el contexto salvadoreño no permite lujos garantistas, y que la disyuntiva real era entre esa justicia lenta y la ley del más violento.

El precedente italiano y estadounidense que se cita a favor​

Hay un intento de comparación que aparece con frecuencia: Estados Unidos aprobó leyes específicas contra la mafia, e Italia hizo lo propio contra la Cosa Nostra y la Ndrangheta. Pertenecer a una organización criminal pasó a ser motivo de detención y de penas más elevadas, sin necesidad de probar cada asesinato individual. En España, recuerdan, se legisló contra ETA y el instrumento funcionó, aunque con límites impuestos por el garantismo judicial y los máximos de condena.

El paralelismo tiene su lógica y su trampa. En aquellos casos hubo leyes aprobadas por parlamentos, procedimientos y tribunales. La crítica central no es contra la dureza de la pena, sino contra la ausencia de norma previa: se sostiene que aquí no se legisló para castigar, sino que se decidió caso por caso desde el poder ejecutivo. Eso, argumentan, no es un Estado con leyes excepcionales, es un reino.

La sospecha que recorre todo el asunto: los políticos no están en la lista​

El giro más repetido en la conversación pública es otro: si el objetivo era limpiar el país, ¿por qué los corruptos de cuello blanco siguen fuera? La acusación que circula es que la ofensiva se cebó con los pandilleros, que no tienen abogados ni padrinos, y dejó intacta a la clase política que durante décadas convivió con las maras. Hay quien lo formula como una operación de imagen: pantalla y circo, con los delincuentes de a pie como material sacrificial.

La respuesta desde el otro lado es que la comparación es tramposa, porque un político corrupto se investiga con pruebas documentales y un pandillero se identifica por su propio historial. Pero el argumento no desactiva la pregunta de fondo: si la mano dura es la solución, ¿por qué no se aplica a los que saquearon el Estado? Ahí es donde la discusión se vuelve incómoda para todos.

El coste humano que no aparece en los titulares​

Las cifras que se manejan en el debate son difíciles de verificar y a menudo se lanzan sin fuente: se habla de decenas de miles de pandilleros encarcelados, de muertes dentro de las prisiones, de reclusos que no vuelven a salir. Una parte del público lo despacha con una frase que resume su posición: los derechos humanos son para humanos. Otra parte responde que precisamente ahí se mide la calidad de una democracia, en cómo trata a los que nadie defiende.

El confinamiento descrito es extremo: celdas hacinadas, salidas esposados, miembros de pandillas rivales mezclados para que se maten entre ellos y no molesten. Quien lo defiende lo llama castigo proporcionado a lo que hicieron. Quien lo critica señala que un Estado no puede adoptar los métodos de la organización que dice combatir.

El resultado que nadie discute y el método que nadie cierra​

En lo que casi todos coinciden es en el punto de partida: El Salvador era un país secuestrado por las pandillas, con barrios donde la vida valía menos que una extorsión impagada. Que eso haya cambiado es un hecho que incluso los críticos reconocen a regañadientes. La discrepancia está en el precio y en la sostenibilidad: si el orden se construye sobre detenciones sin pruebas, ¿qué impide que mañana ese mismo instrumento se use contra cualquiera?

La pregunta que queda sin responder es la que abrió todo: si el problema son los políticos ladrones, ¿por qué la ley de excepción solo se aplica a los que no tienen poder para defenderse? Ahí, curiosamente, coinciden los que aplauden la mano dura y los que la denuncian. Unos porque quieren que se extienda. Otros porque sospechan que nunca se extenderá.