El Consell ultima un decreto que obliga a registrar los pisos turísticos y prohíbe los cajetines de llaves
El gobierno valenciano que preside Carlos Mazón prepara un decreto para regular las viviendas de uso turístico que prevé aprobar la próxima semana, según las fuentes consultadas por
La Vanguardia. La norma fija dos plazos y una prohibición que toca directamente el modelo de negocio: todas las viviendas turísticas deberán estar dadas de alta antes del 31 de diciembre y quedará prohibido instalar cajetines o cajas de seguridad con llaves o códigos, tanto en el exterior como en el interior de los inmuebles. La consellera Nuria Montes desveló las líneas maestras durante una entrevista en el programa
Les Notícies del Matí de la televisión autonómica valenciana.
Sanciones de hasta 600.000 euros para las viviendas turísticas
El decreto llega acompañado de un endurecimiento del régimen sancionador. Una infracción grave podrá castigarse con hasta
600.000 euros, una cifra que convierte el incumplimiento en un riesgo patrimonial serio para el propietario particular. La Conselleria que dirige Montes justifica el movimiento en la necesidad de regularizar una actividad que se ha multiplicado sin control y de aumentar las inspecciones para evitar irregularidades.
El texto se sitúa en un terreno intermedio. El Ayuntamiento de València aprobó por unanimidad una moratoria de dos años, una posición más dura que la del Consell, que insiste en no ahogar una actividad económica relevante. Esa tensión entre control y supervivencia del negocio recorre todo el asunto.
¿Por qué se prohíben los cajetines con llaves en los pisos turísticos?
La prohibición de los cajetines obliga al propietario a una presencia periódica para entregar las llaves en mano y facilitar la entrada a los visitantes. En la práctica, exige montar una suerte de recepción que permita un mayor control de los viajeros que se hospedan en estos alojamientos. El dispositivo llevaba tiempo generando conflictos vecinales: en algunas ciudades se han saboteado estos artilugios.
El argumento oficial es el control de los huéspedes. El efecto colateral es un golpe al modelo de gestión desatendida que sostiene buena parte del negocio del alquiler turístico. Quien no pueda o no quiera desplazarse a entregar llaves tendrá un problema operativo serio.
El pulso entre el lobby hotelero y los pequeños propietarios
La lectura más cínica del decreto apunta al sector hotelero. Hay quien sostiene que la norma no busca proteger al residente sino eliminar competencia y concentrar el negocio en manos de grandes operadores, con edificios enteros reconvertidos en apartahoteles de lujo. En esa línea, se argumenta que las empresas ya están comprando inmuebles en Madrid para dedicarlos al alquiler turístico, arrinconando al particular.
Enfrente está el propietario que alquila su vivienda tres meses de verano para cuadrar las cuentas del año. El caso más repetido en la conversación es el de personas mayores o con ingresos ajustados que se trasladan a casa de familiares durante la temporada y obtienen así un complemento con el que comer. La pregunta que sobrevuela es si el decreto distingue entre el especulador profesional y ese particular, o si los trata a todos igual.
Qué pasa si no registro mi piso turístico antes del 31 de diciembre
El plazo es el 31 de diciembre. Quien no haya dado de alta la vivienda antes de esa fecha se enfrenta a sanciones. La Conselleria quiere regularizar la actividad y aumentar las inspecciones, lo que en la práctica significa que el registro deja de ser un trámite y pasa a ser la frontera entre operar y no operar.
El calendario es ajustado y coincide con el final de la temporada alta. Para el propietario que aún no ha movido papeles, el margen se estrecha. Para el que ya opera de forma irregular, el cálculo cambia: la multa grave puede superar con holgura el beneficio de varios ejercicios.
¿Habrá menos turistas y bajarán los alquileres residenciales, o solo cambiará de manos el negocio?