Junts planta al Gobierno por el reparto de menores de Ceuta
“Ni un voto” si Cataluña no queda fuera del traslado de menores no acompañados llegados a Ceuta. La advertencia de Junts llega en un momento en que el Gobierno necesita sus apoyos para sacar adelante la legislatura. La excusa, la solidaridad territorial; el trasfondo, el calendario electoral y un partido, Aliança Catalana, que crece a costa de su mismo discurso.
El reparto de los menores que llegan a la Península desde las ciudades autónomas era, hasta ahora, un asunto de política migratoria. Se ha convertido en una moneda de cambio en la negociación presupuestaria. Los partidos que gobiernan Cataluña se ven atrapados entre la presión social y la fuga de votos hacia formaciones más duras en inmigración.
El argumentario económico no se hace esperar: cada menor acogido requiere financiación pública, y las comunidades autónomas reclaman recursos al Estado. Pero el debate derrapa hacia lo identitario. Hay quien recuerda que esos menores acabarán cotizando a la Seguridad Social, y advierte del coste de cerrarles la puerta.
La curiosidad del hilo: el partido que enarboló el “volem acollir” como seña de identidad ahora calcula los costes electorales de la acogida. La paradoja tiene nombre: Silvia Orriols, la líder que ha hecho de la inmigración su caballo de batalla. Cuanto más crece ella, más se mueve Junts hacia el mismo terreno.
No hay consenso. La coalición que sustenta al Ejecutivo mira hacia otro lado, mientras la UE empieza a cuestionar la libre circulación. El reparto de menores se ha convertido en el termómetro de un gobierno que ya no sabe qué vender: igualdad entre españoles o privilegio catalán.