Opinión: Caja registradora preparada para VERIFACTU: Primer MURO 500€. Segundo MURO aprender a usar el software.

Verifactu: la caja registradora sube a 500€ y el software añade otro muro​

La factura electrónica obligatoria ya tiene precio de entrada: entre 420 y 500 euros más IVA por una caja registradora adaptada a Verifactu. Y eso es solo el primer obstáculo. El segundo no se paga con dinero: es aprender a configurar productos, precios y tickets en una aplicación o un portal web que muchos autónomos no saben manejar. El calendario aprieta: empresas el 1 de enero y autónomos el 1 de julio, según los datos que manejan quienes ya han pedido presupuesto.

El desembolso inicial no es lo único que duele. A la compra del equipo hay que sumar la licencia anual del software: 80 euros en una distribuidora, 85 en otra y 75 en una tercera. Quien no quiera depender de una empresa que puede quebrar o subir el precio —«la típica guarrada Paco empresario marca España», lo llaman— tiene la alternativa de alquilar el terminal al banco, con cuota mensual o trimestral y la garantía de que el aparato nunca es tuyo. Más caro a largo plazo, pero sin pisapapeles de 500 euros si el proveedor cierra.

El muro tecnológico que nadie quiere ver​

El problema de fondo no es la edad. Hay gente de 30 y 40 años que desconoce el concepto de pestañas en el navegador, que no sabe lo que es la multitarea y que no instala un programa si no hay una tienda de aplicaciones de por medio. El conocimiento informático debería ser opcional para desarrollar una vida laboral, sostiene el análisis más repetido, y no lo es. Un mecánico, una peluquera o un fontanero no tienen por qué saber qué es una nube, una app o una sincronización de datos.

La consecuencia es una brecha que se cobra víctimas: quienes rondan los 65 años buscarán apaños para aguantar hasta la jubilación; los más negados para la tecnología cerrarán o trabajarán al margen del sistema, con el riesgo de que el cruce de datos les cace. Y no es un problema de un sector: en hostelería, alimentación o ropa el rango de precios es el mismo porque solo cambia la plantilla de productos a vender.

¿Qué pasa si se cae internet en mitad de un ticket?​

Nadie ha sabido responder con claridad. Si el ticket sale o no, si queda en cola para subirse cuando vuelva la conexión, si habrá que sincronizar a mano las operaciones o qué ocurrirá cuando falle el sistema de la Agencia Tributaria. Son preguntas sin respuesta que planean sobre cada demostración comercial.

La discusión técnica añade capas. Hay quien defiende que el sistema de envío inmediato a Hacienda convive con una modalidad no conectada que genera igualmente la cadena de hash y firma digitalmente la factura, pero no la remite salvo requerimiento. Según quienes trabajan en el sector, la mayoría de los clientes se decantan por esa opción no conectada, mientras que una minoría envía cada factura al servicio de la AEAT en cuanto se emite. Otros apuntan que muchos fabricantes ni siquiera han desarrollado la opción desconectada y que, si acumulas desconexiones o retrasos, la propia Agencia puede obligarte a acogerte a ella.

El coste real: licencias, básculas y TPV​

La factura no termina en la caja. Hay negocios con básculas que afrontan 3.000 euros por unidad para que el pesaje cuadre con lo que declare el terminal, con el riesgo de descuadres por errores humanos —un cliente que da cuatro billetes de diez pensando que eran cinco— que ahora quedarían registrados y podrían no corresponder con lo cobrado. A eso se suma la tarifa del TPV contratado con el banco, un coste mensual o trimestral que convierte la opción del alquiler en la más segura pero también la más cara.

El debate sobre el coste administrativo tiene su propia derivada: cada nueva obligación encarece la estructura de las empresas más pequeñas, que son la mayoría del tejido productivo español. El incremento de costes directos e indirectos —gestión, asesoría, adaptación de software— se traslada a precios y alimenta la inflación de fondo. La comparación con otras épocas no ayuda: cuando se sustituyeron los antiguos datáfonos que copiaban la tarjeta en papel, también se anunció el cierre masivo de comercios y la subida de precios, y no ocurrió.

Verifactu, SII y el calendario que viene​

El sistema convive con el Suministro Inmediato de Información (SII), en vigor desde 2017 para grandes contribuyentes y que exime de la nueva obligación a quien ya está acogido a él. En el País Vasco, el SII se canaliza a través de TicketBAI. La hipótesis que manejan los analistas es que el objetivo final es converger hacia el SII, dentro de un proyecto más amplio que incluye factura electrónica, conciliación bancaria y una hacienda europea en el horizonte de 2030.

Mientras tanto, la incertidumbre se ceba con los pequeños. Hay quien sostiene que la medida es una salvajada para el 90% de las empresas españolas, muy pequeñas y ajustadas, que crean empleo. Y hay quien recuerda que la administración funciona con sus propios fallos y pretende que la tienda de la esquina maneje una tecnología mejor que la suya. La pregunta que queda en el aire no es si el sistema funcionará, sino cuántos se quedarán fuera por no poder o no saber entrar.