Canarias vive "una situación de guerra": espera 11.000 menores más y prevé "montar carpas"

Canarias tutela a 5.600 menores y prevé carpas para 11.000 más​

El Gobierno de Canarias ha puesto cifra al colapso: tutela a 5.600 menores migrantes no acompañados y calcula que este año pueden llegar a las islas 17.000, lo que dejaría un saldo de 11.000 más por atender. La consejera de Bienestar Social e Infancia, Candelaria Delgado, lo ha descrito sin paños calientes como una «situación de guerra» y ha admitido que la comunidad ya planea montar carpas porque no le quedan edificaciones propias donde alojar a esos chavales. La frase que resume el atasco: «no podemos dejar a los niños en el muelle».

Qué dice el Gobierno canario y qué pide al Estado​

El diagnóstico oficial es de recursos agotados. Delgado sostiene que al Ejecutivo autonómico no le quedan inmuebles disponibles y que no se puede meter a menores «en cualquier sitio», de ahí el recurso a instalaciones temporales y la petición de recintos militares al Estado. Su argumento es que esos espacios ya están preparados y se usan de forma parcial o no se usan, y compara el caso con el Fuerte de La Palma durante la emergencia del volcán: si se pudo entonces, sostiene, no se entiende que no se pueda ahora.

La consejera también apunta al reparto entre comunidades. Dice que estas no se han negado a modificar la ley ni a acoger a más menores, pero que el nudo está en la financiación: sin certeza de fondos suficientes, nadie firma. Es el clásico pulso competencial español, con los menores en medio y una comunidad que carga con la tutela mientras el resto mira.

El efecto llamada y el perfil de los que llegan​

Buena parte del descontento que recorre el asunto no discute la cifra, discute la etiqueta. En el debate hay quien sostiene, sin aportar datos, que muchos de los contabilizados como menores no lo son: que una parte relevante serían adolescentes tardíos o directamente adultos que se declaran menores, y que la mayoría son hombres jóvenes en edad militar. La consecuencia que se extrae es siempre la misma: si el que llega sabe que será atendido, alojado y tutelado, el incentivo para subirse a un cayuco crece.

Frente a eso, la defensa de la acogida se apoya en un argumento demográfico. España envejece, la pirámide se estrecha y estos chavales, se dice, son mano de obra futura y contribuyentes netos. Es la misma tensión que atraviesa cualquier debate migratorio: urgencia humanitaria contra capacidad de absorción, y nadie pone el número exacto de cuántos caben.

Turismo masivo y menores: dos Canarias en la misma isla​

Hay un contraste que el asunto deja al descubierto. Las islas han vivido protestas multitudinarias contra el turismo masivo, con el lema de que Canarias tiene un límite. Ese mismo argumento de saturación, aplicado a la llegada de menores, desaparece del discurso público de una parte de la población, según sostienen algunos participantes. La pregunta que sobrevuela es incómoda: si el territorio tiene un límite para el visitante que paga, ¿por qué no lo tiene para el que llega tutelado por la administración?

El trasfondo económico no es menor. Canarias arrastra ratios de pensiones de incapacidad muy por encima de la media nacional, un indicador que algunos leen como síntoma de un mercado laboral débil y de una economía dependiente del gasto público. Sobre ese suelo se apila ahora el coste de acoger, alimentar y escolarizar a miles de menores.

Qué se propone y qué se rechaza​

Las recetas que circulan van de lo logístico a lo radical. En el primer grupo, campos de refugiados cerrados y gestionados por organizaciones, con la idea de que quien rechace estar ahí demuestra que no es tan refugiado. En el segundo, devolver las embarcaciones a puerto de origen y perseguir a los barcos nodriza que, se afirma, traen a la mayoría. Ninguna de las dos se ha ejecutado.

Mientras tanto, la pelota sigue en el tejado del reparto autonómico. Los menores acabarán distribuidos por la península, y cada comunidad repetirá el mismo cálculo: cuántos, con qué dinero y hasta cuándo. La previsión con la que se trabaja apunta a que la presión no baja.

Con estos mimbres, lo razonable es esperar que las carpas se monten, que el reparto se negocie a regañadientes y que la financiación llegue tarde y corta. Si algo ha quedado claro es que el problema no es de espacio, es de quién paga la factura.