Tema mítico. Choque institucional sin precedentes: el Partido Popular bloqueará el debate de la Ley de Amnistía en el Senado

El Senado no debatirá la amnistía y el PP apela a los tribunales​

¿Puede una cámara parlamentaria negarse a tramitar una ley que ya viene aprobada por la otra? El PP sostiene que sí y está dispuesto a demostrarlo. Los populares harán valer su mayoría absoluta en el Senado para que el texto de la amnistía pactado con Junts y ERC no sea sometido a ningún tipo de votación en el hemiciclo cuando llegue procedente del Congreso. Lo resumen sus dirigentes nacionales sin ambages: «la Ley va a seguir siendo inconstitucional aunque la apruebe el Congreso, no cambia de una Cámara a la otra». Y del choque institucional, añaden, que se ocupen los tribunales.

La secuencia ya está escrita. Cuca Gamarra, secretaria general del PP y portavoz en la Cámara Baja, anunció que su partido se opondrá a la tramitación del texto registrado por el PSOE, con el mismo criterio que aplicó hace dos años, cuando populares y socialistas bloquearon en la Mesa una iniciativa de Junts y ERC que defendía la amnistía. Lo que ha cambiado, subrayan, es la «opinión» del PSOE: la Mesa presidida por Francina Armengol tiene mayoría progresista y la ley saldrá del Congreso. La siguiente pantalla es el Senado. Y allí mandan ellos.

¿Por qué el PP puede bloquear la ley en el Senado y no en el Congreso?​

Porque en la Cámara Alta tiene mayoría absoluta y en la Mesa del Congreso no. Ese es todo el misterio. El órgano de gobierno de la Carrera de San Jerónimo, con mayoría progresista, admitió a trámite la proposición socialista; el Senado, en cambio, es territorio popular y ahí el PP controla la Mesa que decide qué se lleva al pleno y qué no. De ahí que la formación de Feijóo hable de «siguiente pantalla» y no de una batalla perdida.

La ironía es que el PP aplica ahora un criterio que compartía con el PSOE no hace tanto. Entonces fueron los socialistas quienes celebraron que la Mesa frenara la amnistía que reclamaban los independentistas. El cambio de criterio, sostienen desde Génova, no es suyo.

¿Cuánto tiempo tiene el Senado para tramitar la amnistía?​

El artículo 90.3 de la Constitución concede al Senado dos meses para vetar o enmendar un proyecto llegado del Congreso, plazo que se reduce a veinte días naturales cuando el texto se declara urgente por el Gobierno o por la Cámara Baja. Esa vía rápida es la que el Ejecutivo quiere activar, y la que el PP pretende desactivar con la reforma del Reglamento del Senado que toca los artículos 133 y 182.

Con ese instrumento en la mano, los populares defienden que la última palabra sobre el procedimiento la tiene la Mesa y que ningún informe jurídico les ata las manos. Con la reforma en la mano, el PP puede además anular el procedimiento de urgencia que quiere imponer Sánchez. Sobre el papel, el Senado solo puede retrasar una ley; en la práctica, retrasarla es exactamente lo que se busca.

¿Quién decide si una ley es inconstitucional?​

El Tribunal Constitucional, no una cámara legislativa. Así lo recuerdan quienes consideran que el PP se está extralimitando: la Constitución reserva al TC el juicio sobre la adecuación de las normas a la Carta Magna, y una Mesa parlamentaria no es un tribunal. Bajo ese prisma, negarse a tramitar es saltarse el reglamento para evitar una votación.

La otra corriente de análisis sostiene lo contrario: si una cámara estima que una proposición de ley está fuera del marco constitucional, está legitimada para no llevarla al pleno. Y añaden un matiz técnico que suele pasarse por alto: lo que habría aquí no es tanto un conflicto competencial entre cámaras como un problema administrativo de interpretación reglamentaria, porque una votación que no se celebra no queda acreditada en ningún acta.

El precedente del Constitucional que frenó una votación en el Senado​

Hace casi un año, el Congreso aprobó por vía de enmienda la reforma del sistema de elección de magistrados del TC. El PP recurrió en amparo y el propio Constitucional detuvo la votación en el Senado. Aquel episodio es el espejo en el que ahora se miran unos y otros. En el PP admiten diferencias de forma —ahora se trata de una proposición de ley, no de una enmienda— pero sostienen que «el choque institucional es el mismo, aunque de más magnitud».

La consecuencia práctica es que, si el Senado no devuelve el texto, el trámite parlamentario queda sin completar y la ley no llega al escritorio del Rey para su sanción. Entre las vías que el PP maneja como posible coartada formal está un informe del letrado mayor del Senado que, salvo sorpresa, se opondría a la tramitación. Vox ha ido más lejos y ha anunciado que llevará ante la Justicia a las Mesas de ambas cámaras si permiten el trámite. Desde el PP avisan de que «estaremos preparados». Y advierten de que el conflicto puede acabar con criterios distintos del Constitucional y del Supremo sobre la misma ley.

Un choque entre cámaras que nadie sabe resolver​

Ninguna de las partes ha diseñado un mecanismo para cuando Congreso y Senado se bloquean mutuamente por una ley de este calibre. El asunto acabará, con toda probabilidad, ante el TC como árbitro de conflictos entre órganos del Estado, con una particularidad incómoda: una parte del tablero considera que ese tribunal está hoy más alineado con el Gobierno que lo nombró.

El resultado es un pulso donde cada institución se arroga la interpretación correcta de la Constitución y ninguna acepta la del vecino. Unos hablan de blindaje del Estado de derecho; otros, de un uso instrumental del reglamento para frenar lo que no se puede frenar en las urnas. Los dos bandos tienen juristas. Los dos tienen mayorías. Solo uno tiene la última firma.