Cataluña no podrá atender todos los pagos hasta el 31 de marzo
¿Cómo se explica que una administración que ha ingresado miles de millones de fondos europeos lleve dos meses sin pagar a quien le presta un servicio? La Tesorería de la Generalitat ha enviado una carta a todas las entidades del sector público catalán en la que reconoce que, hasta el 31 de marzo, no podrá cumplir «con todos los compromisos adquiridos». Traducido: los proveedores y los beneficiarios de subvenciones van a seguir esperando. No es un problema de solvencia, sostienen desde el Govern. Es de
liquidez. Y, según las fuentes consultadas, también de planificación.
Qué dice exactamente la carta de la Tesorería
El escrito fija un orden de prioridades que no deja margen a la interpretación. Primero, la deuda. Después, el capítulo 1, es decir, las nóminas de los funcionarios. Y luego los proveedores con un fuerte componente de plantilla, aquellos cuya parálisis arrastraría a cientos de trabajadores. Lo que quede al final —autónomos, subvenciones, transferencias del capítulo 4— se queda sin fecha. La propia Tesorería admite que comunicará «cualquier modificación de los escenarios que pueda permitir atender más compromisos antes de la fecha mencionada». O sea:
nadie garantiza que el 1 de abril llegue el dinero.
La tensión no es nueva. Arranca, como mínimo, en diciembre, y los gerentes de algunos consorcios participados por la administración autonómica lo describen sin paños calientes: llevan dos meses sin recibir un pago y sostienen que la Generalitat atiende primero lo suyo y deja el resto para cuando haya caja.
Por qué una administración que recauda acaba sin tesorería
Conviene separar dos cosas que a menudo se mezclan. No es un problema de solvencia, sino de liquidez: un desfase entre lo que la administración ingresa y lo que paga cada mes. Ese desfase, según las fuentes manejadas, responde a una
mala planificación de la gestión de tesorería.
A finales de 2023, el servicio de estudios de BBVA ya avisó de que el Govern estaba incrementando el gasto mientras reducía los ingresos, y reclamó un ajuste o un aumento de los recursos. El economista jefe para España de la entidad, Miguel Cardoso, lo planteó al presentar un informe sobre la situación catalana. Meses después, la carta de Tesorería valida el diagnóstico.
El acuerdo para condonar 15.000 millones no resuelve el corto plazo
En esas mismas fechas se cerró el pacto entre ERC y PSOE para condonar
15.000 millones de deuda catalana, con un ahorro estimado de 1.300 millones en intereses y la transferencia de Cercanías incluida en el paquete. Sobre el papel libera recursos. En la práctica no llena la caja de hoy: la deuda perdonada no se convierte en efectivo para pagar la factura del proveedor que lleva dos meses esperando.
¿A quién deja sin cobrar la prioridad de pagos?
A los últimos de la fila. Y la fila es larga: autónomos, pequeñas empresas, entidades que prestan servicios sociales, beneficiarios de ayudas. A eso se suma el goteo de conflictos. El hospital Vall d'Hebron, el mayor de
Cataluña, ha comunicado un recorte de
33 millones de euros —un 6% de su presupuesto— y arranca el año con un saldo negativo de esa misma cifra para costear las mejoras retributivas de su personal. Los sindicatos de Mossos d'Esquadra han cortado la Diagonal para exigir los pagos atrasados y los funcionarios de prisiones mantienen sus protestas. Cuando el dinero se acaba, se acaba para todos; solo que unos antes que otros.
282 empresas públicas y la factura de la radiotelevisión autonómica
Según el inventario de la Intervención General del Estado, Cataluña cuenta con
282 empresas y organismos dependientes de su administración, más del doble que los 106 de la Comunidad de Madrid, sin contar entes municipales o estatales. Esa maraña tiene costes fijos: según un cálculo que circula entre los participantes del debate, TV3 y Catalunya Ràdio acumulan, entre transferencias directas, personal, deuda y gasto corriente, 6.659,52 millones de euros desde 2008 hasta el presupuesto de 2023. Junto a esa cifra circula también el relato —repetido y nunca confirmado por la cadena— de que la televisión llegó a tener en nómina a un
aguador para servirle agua al presentador.
El resto de comunidades tampoco nada en liquidez
Sería tentador leer el caso catalán como una anomalía. No lo es del todo. Informaciones publicadas apuntan a que las comunidades autónomas afrontan tensiones de tesorería tras retrasarse las nuevas entregas a cuenta, con una merma de
31.000 millones, lo que puede alargar el periodo medio de pago a proveedores. La Junta de Andalucía ha tramitado créditos por 250 millones para aliviar esas tensiones transitorias. El problema de caja es un rasgo del sistema, no una excepción territorial.
La Generalitat promete avisar si encuentra dinero antes del 31 de marzo. Todo un gesto de transparencia. La pregunta verdadera no es cuándo pagará, sino por qué una administración que lleva años gastando como si el dinero no tuviera dueño se sorprende ahora de que alguien pase la factura.