Ciudadana inglesa: "tengo 26 años y no necesito pensión. mis airverbenas en hezpaña pagarán mi jubilación "

Liv, 26 años, 120.000 libras y una cartera de pisos en España​

Liv tiene 26 años, un hijo de dos y vive en Marbella. Ingresa alrededor de 120.000 libras al año y la mayor parte de ese dinero no sale de una nómina, sino de un segundo negocio que sostiene en España. Su plan, según su propio testimonio recogido por The Telegraph, consiste en comprar más viviendas en el país para alquilarlas en Airbnb; el obstáculo que señala es que los compradores extranjeros han de abonar un depósito considerable.

Lo que ha puesto el foco sobre ella no es la cifra, sino una idea: a los 26 años ya declara que no necesitará pensión, porque sus alquileres en España le pagarán la jubilación. Es la versión amable de un fenómeno que genera fricción: la vivienda residencial convertida en activo financiero transfronterizo, con un comprador que no vive aquí y un vendedor que sí.

El plan de comprar, alquilar y esperar cuarenta años​

La aritmética del caso es sencilla de enunciar y endiablada de sostener. Una persona de 26 años traza un plan que debe funcionar hasta los 66: cuatro décadas durante las cuales el activo no puede caerse, la regulación no puede girar y el país donde está el ladrillo no puede entrar en una espiral que se lleve por delante el alquiler. Es el cálculo que se discute en voz alta y el que deja la pregunta colgando: cuarenta años dan para demasiadas cosas.

Hay quien sostiene que el plan se apoya en supuestos que nunca fallan juntos. El primero, que los precios no bajan. El segundo, que la fiscalidad al propietario no residente se mantiene estable. El tercero, que el turismo que alimenta el alquiler corto sigue llegando cada temporada. Con una pandemia, una subida de tipos o un cambio legislativo, el mismo plan que hoy parece sólido se convierte en una hipoteca con vistas.

Y hay un matiz que se repite: la protagonista no vive de un sueldo, vive de un negocio. La vivienda es la caja donde guarda el excedente. En términos financieros, eso no es una jubilación: es una cartera concentrada en un solo activo, en un solo país y con un solo inquilino potencial por puerta.

¿Se puede prohibir a un extranjero comprar vivienda en España?​

Aquí es donde el asunto se enreda de verdad. Una parte de quienes siguen el caso defiende prohibir la venta a no residentes con el mismo criterio que aplican Canadá o Nueva Zelanda, que ya cerraron la puerta a la compra por extranjeros. Otra parte responde que el Reino Unido no pertenece a la Unión Europea y que, por tanto, la vía legal sería más simple de lo que parece.

El argumento que más incomoda es otro: que Bruselas no impide limitar la compra a residentes legales. Bajo esa lectura, cada Estado podría reservar suelo a quien reside en él sin salirse de las reglas europeas. La discusión, en ese punto, deja de ser ideológica y se convierte en una cuestión de derecho comparado.

El precedente danés: la ley que frenó a los alemanes en la costa​

El caso que se cita una y otra vez es Dinamarca. El país nórdico delimita zonas de su litoral donde solo pueden comprar daneses o residentes legales en el país. La norma se diseñó para evitar que ciudadanos alemanes se hicieran con la costa del Mar del Norte y del Báltico, y según quienes la traen a colación, demuestra que una restricción así es compatible con el marco comunitario.

Dinamarca no salió de la Unión Europea para legislar eso ni pidió permiso especial. De ahí el interés: si el mecanismo existe y funciona en un socio comunitario, la pregunta deja de ser si se puede y pasa a ser por qué no se hace. La respuesta que dan algunos es que el problema no es el comprador de fuera, sino el vendedor de dentro y la falta de oferta.

El piso turístico también paga impuestos​

Frente al relato de que el alquiler vacacional destroza el mercado, aparece la contra. Una vivienda turística tributa, genera actividad y consume servicios locales. Los grandes grupos hoteleros, con cientos de establecimientos y decenas de miles de habitaciones, sostienen una carga fiscal distinta, y según esta línea argumental dedican parte de lo que ahorran a publicidad para que los medios repitan el mensaje de que el enemigo es el piso de Airbnb.

Es una hipótesis, no un hecho probado, y conviene leerla como tal. Pero deja al descubierto la asimetría del debate: se discute al particular que alquila dos habitaciones y no al operador que gestiona miles.

El problema de fondo: jóvenes que no pueden independizarse​

Debajo de todo esto late lo que de verdad mueve el cabreo. Millones de jóvenes españoles siguen viviendo con sus padres o compartiendo piso con desconocidos, y la vivienda aparece como el primer problema del país. Cuando el suelo escasea, cada piso que se compra para alquilar a turistas es un piso que no se compra para vivir.

Las recetas chocan. Unos piden construir más, liberar suelo y desregular el alquiler para aumentar la oferta. Otros reclaman mano dura contra el alquiler turístico y contra la compra por no residentes. Y unos terceros señalan al propietario local que vende su piso heredado a un precio que no rechazaría nadie: el negocio empieza en el portal de casa.

Con esos mimbres, el caso de Liv funciona como espejo. Nadie discute su derecho a invertir. Lo que se discute es el suelo donde invierte.

España fue el segundo país más visitado del mundo en 2018, con 82,6 millones de turistas, y el segundo por ingresos, con 90.000 millones de euros, según los datos que se manejan en la conversación. Quien mire esas cifras entenderá por qué el manantial no se va a secar solo.