¿Cómo echarías de España a los 15 millones de invasores?

De 8 millones de residentes a 2,5 cotizantes: la brecha migratoria​

La cifra se repite en sobremesas y redes: quince millones. Sobre esa hipérbole se monta una pregunta que ya funciona como género propio: cómo se echaría de España a quien ya está dentro. Y el número redondo tapa el dato que de verdad sostiene el malestar, que no es de quince millones sino una ratio. Ocho millones de personas extranjeras en situación legal frente a dos millones y medio de trabajadores extranjeros cotizando, según el cálculo que se repite en el hilo. Ese es el desajuste que se repite, se discute y se estira en todas direcciones.

A partir de ahí, la conversación deja de ser un lamento y se convierte en un ejercicio de ingeniería legal, económica y, en varios tramos, bastante fantasiosa.

La aritmética: ocho millones con permiso, 2,5 millones de alta​

El cálculo que circula parte de tres bloques. En España hay 2,5 millones de trabajadores extranjeros de alta en la Seguridad Social, la mayoría en empleos precarios o de bajos ingresos. A eso se suman 6.246.000 personas con concesión de residencia, 850.000 llegadas por flujos y alrededor de un millón con visas temporales. La suma, se sostiene, se pone fácil en los ocho millones en situación legal.

De ahí se salta a la conclusión más repetida: si solo cotizan dos millones y medio, el resto vive de lo público. El cómputo no distingue entre permisos, edades ni situaciones —no separa al que trabaja sin contrato del que aún no tiene edad para trabajar— y ese hueco es exactamente por donde se cuelan las conclusiones más gruesas. El desglose completo, con todas sus partidas y sus cruces, es la parte del asunto que nadie cierra.

¿Se puede quitar la nacionalidad a quien ya la tiene?​

Aquí el plan se topa con la ley. Una de las objeciones más técnicas y más difíciles de rebatir recuerda que cualquier decreto legislativo exige una ley de bases aprobada previamente en el Congreso, así que no basta con voluntad política ni con una mayoría coyuntural. Las propuestas van bastante más lejos: abolir la doble nacionalidad con países no europeos, retirar la nacionalidad a quien posea otra y no sea hijo o nieto de españoles, y adoptar el ius sanguinis como criterio único, con los casos de Qatar o los Emiratos como espejo, donde la población extranjera supera a la nacional y el sistema, se defiende, sigue funcionando.

Que eso encaje en el ordenamiento vigente es otra cosa, y ahí no hay acuerdo posible. Margen de seis meses para encontrar un empleo legal, expulsión si no aparece, y después la pregunta de siempre: qué pasa con quien ya nació aquí.

Cortar las ayudas: la medida con más consenso​

Si un punto aglutina casi todas las posturas es el fin del acceso a ayudas y servicios para quien no cotiza. Cero subsidios, sanidad y educación solo para el que aporta, expulsión al primer delito cometido y el contrato de trabajo como única puerta de entrada. La foto que un participante cita como prueba del agotamiento: el SOS de los bancos de alimentos por la caída de las donaciones. Encima se apila el argumento de manual: cuando el sistema permite vivir mejor sin trabajar que trabajando, el incentivo se da la vuelta. Es la misma paradoja que explica que haya quien rechace contratos porque le harían perder derechos.

Quién recoge la fresa de Huelva​

El choque llega al mercado laboral. Una tesis sostiene que menos competencia por puestos precarios significa salarios más altos y menos empresas improductivas sostenidas con mano de obra barata. La réplica es terrenal: alguien tendrá que recoger la fresa en Huelva, trabajar en los invernaderos de Almería o cubrir la temporada hostelera, y ese alguien no aparece por generación espontánea. Desde ese lado se propone contrato en origen y vuelta al país al terminar. Sobre la mesa queda también el argumento de que un trabajador migrante en hostelería vive bastante mejor aquí que en su país, lo que convierte cualquier cierre de fronteras en un cambio de vida, no en un trámite.

Bruselas, el poder y el enemigo interno​

Dos frenos aparecen una y otra vez. El primero es externo: cualquier plan de este tipo choca con la Unión Europea y con el marco de derechos humanos, así que, se dice, habría que replantear antes la relación con Bruselas. El segundo es interno y más incómodo: no hay poder para ejecutar nada de esto, y quien lo tuviera haría lo que el poder demanda, que no es cerrar puertas. En medio, la sospecha reciclada hacia el vecino y hacia el discrepante, y la estimación que lanza un participante: al menor atisbo de conflicto serio se iría en torno al 90% de los recién llegados. Volver a la peseta también se menciona, medio en broma, medio en serio.

Con esos mimbres, la pregunta original —plan o irreversible— sigue sin respuesta. Y hay una variante que nadie contesta del todo: si mañana se cerrara el grifo de las ayudas y el mercado empezara a pagar lo que dice pagar, cuántos de esos ocho millones se quedarían, cuántos se irían y quién recogería entonces la fresa.