Detenido un empadronado en Vitoria por defraudar 90.000 euros de la RGI mientras vivía en Francia

Catorce años cobrando la RGI en Vitoria viviendo en Francia desde 2014​

La administración tardó catorce años en ver lo que un padrón falso llevaba desde 2010 tapando. Un hombre de nacionalidad argelina, empadronado en Vitoria, fue detenido por la Policía Nacional por cobrar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) mientras residía en Francia, donde trabajaba como peluquero y percibía además prestaciones sociales del país vecino. La cuantía acreditada como fraude asciende a 90.000 euros; el total que llegó a percibir entre 2010 y la fecha de la detención suma 132.000 euros. El caso lo publicó El Correo, y deja una pregunta incómoda: si esto ha durado más de una década, cuántos expedientes parecidos siguen vivos.

Qué se sabe del fraude de la RGI en Vitoria​

El detenido se había censado de forma fraudulenta en la capital alavesa y cobró ayudas desde 2010, aunque desde 2014 residía en Francia, según el relato de los hechos publicado por la prensa. Allí trabajaba como peluquero y compatibilizaba esa actividad con prestaciones sociales francesas. Es decir, ingresos por dos vías y en dos países mientras su expediente vasco seguía su curso sin sobresaltos.

El matiz importa y conviene no perderlo: no todo lo cobrado es fraude probado. De los 132.000 euros percibidos desde 2010, la investigación ha podido acreditar como fraudulentos 90.000. La diferencia, unos 42.000, corresponde a tramos que no han quedado encajados en la imputación hasta la fecha de esta información. El hombre ha sido detenido, que no es lo mismo que condenado.

Cuánto dinero es: 846 euros al mes, según un cálculo que circula​

Según un cálculo que circula entre los participantes del debate, trece años por doce meses dan 156 mensualidades; dividir los 132.000 euros entre esas 156 pagas arroja una media de 846,15 euros al mes. Sostenidos en el tiempo, con residencia en otro país durante buena parte del periodo, sin que ninguna alerta saltara.

La cifra escuece por comparación. Hay quien recuerda que una ayuda de subsistencia de 500 euros mensuales para un nacional puede denegarse con bastante facilidad, mientras un expediente como este se mantuvo abierto más de una década. Se trata, en cualquier caso, de una media aritmética hecha con las cifras publicadas, no de un dato oficial.

El negocio paralelo del empadronamiento​

El detenido no se empadronó solo. Detrás de cada padrón falso suele haber un titular que firma, y ese flanco apenas se toca. Se sostiene que existe un mercado: propietarios que, en lugar de alquilar la vivienda, cobran por tener censadas a personas que no viven allí, de modo que estas puedan justificar residencia y acceder a prestaciones. En este caso, la atención se ha centrado en quien cobraba, no en quien le abrió la puerta del padrón.

Si ese mercado existe y funciona, la consecuencia es incómoda: el control no falla solo en el último eslabón, falla en el primero. Un piso con varias personas censadas que jamás han dormido allí debería ser una señal detectable con los instrumentos que ya existen, no un hallazgo casual tras catorce años.

Al autónomo le miran el combustible; aquí nadie mira el padrón​

La comparación que más se repite en el hilo es la del trabajador por cuenta propia. Según quienes la plantean, retrasarse un día en la cuota de autónomos activa requerimientos con rapidez; desgravarse el combustible de un coche usado para visitar clientes se discute con lupa. La conclusión que extraen es que la fiscalización intensa recae sobre quien declara, no siempre sobre quien cobra sin residir.

Hay un ejemplo que circula para ilustrarlo: un repartidor multado por circular a 55 km/h en una zona limitada a 50 recibe la sanción con precisión milimétrica, mientras un fraude de 90.000 euros necesita catorce años para emerger. La lectura que se repite es que la tecnología no falta, sino que se usa contra el administrado medio en lugar de contra el fraude.

Quién responde cuando no se controla nada​

Aquí el reproche no es solo económico. La queja más repetida es que ningún responsable administrativo asume consecuencias: no hay despidos, no hay expedientes disciplinarios, no hay incentivo para detectar. Se propone incluso vincular primas a la detección de fraudes, como se hace en la Agencia Tributaria, y se responde de inmediato que eso no interesa.

En la trastienda se apuntan intereses que trascienden la gestión. Se argumenta que buena parte de estas ayudas acaba en manos de rentistas del alquiler, que la maquinaria pública y privada de gestión migratoria mueve mucho dinero, y que el descontrol beneficia a más actores de los que parece. Todo eso se lanza sin pruebas y sin nombres, como sospecha, y como sospecha debe leerse.

El dinero que probablemente no vuelva​

Queda la pregunta práctica: recuperar los 90.000 euros. Con nacionalidad argelina y una eventual salida del país, hay quien sostiene que la vía de cobro se complica hasta volverse casi teórica. Es la parte que cierra el círculo del descontrol: el fraude se detecta tarde, se acredita a medias y se cobra, con suerte, nunca.

En el hilo se da por hecho que el caso acabará en una condena penal sin retorno efectivo del dinero y con la administración repitiendo el mismo esquema en el siguiente expediente. Cuántos hay sin detectar es la cifra que nadie ha puesto todavía encima de la mesa.