¿Cómo ostras pretende la UE criticar los referendum de zaporiyia, jersón y donbás CON PUIGMONGUER EN BÉLGICA SUSPENDIENDO UNA EUROORDEN TRAS OTRA?

Un forero denuncia el doble rasero de la UE con Puigdemont y el Donbás​

Un usuario del foro sostiene que existe una contradicción: la Comisión Europea declara que «no tiene poderes generales para intervenir en casos penales individuales» y remite cada expediente a las autoridades judiciales de los Estados miembros, mientras Bélgica no ha ejecutado las euroórdenes contra Carles Puigdemont. Según este forero, el mismo marco jurídico que Bruselas invoca para no pronunciarse sobre las consultas de Zaporiyia, Jersón y el Donbás es el que permite que el expresident siga instalado a pocos kilómetros de la sede comunitaria.

Qué dice exactamente la Comisión Europea​

El texto citado en el hilo es tajante: «The Commission has no general powers to intervene in individual criminal cases. The assessment of each individual case is the competence of the judicial authorities of member states». Traducido: Bruselas no entra a valorar procesos penales concretos. Según el forero, ese principio, aplicado con rigor, dejaría a la UE sin capacidad de criticar los referendos de adhesión organizados en territorios ucranianos controlados por Moscú, porque son las autoridades judiciales de cada país quienes deben evaluar su legalidad.

La paradoja se agrava, según este usuario, cuando el caso concreto es el de Puigdemont. Bélgica ha recibido varias euroórdenes emitidas por la justicia española y ninguna ha prosperado, según el mismo forero. El expresident reside en Waterloo, a un paso de Bruselas, y su situación jurídica sigue sin resolverse. La Comisión no ha intervenido. No puede, según su propio comunicado.

El doble rasero que nadie quiere nombrar​

Hay quien sostiene que el derecho internacional funciona así: las normas se aplican con excepciones cuando conviene. «Toda excepción es una discriminación y un precedente», resume una de las corrientes críticas. Es utópico esperar coherencia. Otros defienden que el caso Puigdemont no es comparable: no ha invadido ningún país ni ha organizado un ejército. El argumento tiene su lógica, pero no responde a la pregunta de fondo: ¿por qué Bélgica no ejecuta las euroórdenes?

La respuesta oficial belga nunca ha llegado. La justicia de ese país ha ido dilatando cada procedimiento con recursos procesales, cuestiones prejudiciales y apelaciones, según se afirma en el hilo. Mientras tanto, la UE sigue sin pronunciarse sobre el caso concreto, amparándose en el mismo principio que invoca para no evaluar los referendos del este de Ucrania.

Kosovo como precedente incómodo​

El precedente de Kosovo aparece una y otra vez en el análisis. Tras la intervención de la OTAN, el grupo armado albano-kosovar fue tratado como fuerza de liberación y sus líderes acabaron en instituciones, según se sostiene en el hilo. El paralelismo con el Donbás es forzado, pero la pregunta que deja flotando es incómoda: ¿por qué unos referendos son ilegítimos y otros no? La respuesta depende de quién los organice y quién los reconozca.

La UE ha sido clara con Moscú y ambigua con Bélgica, según los críticos. Esa asimetría no es un accidente: es la consecuencia de un marco jurídico que deja a los Estados miembros la última palabra. Y cada Estado miembro decide según sus intereses.

El coste de invocar el principio de no injerencia​

La Comisión Europea no puede tenerlo todo. Si invoca la falta de competencia para no evaluar casos penales individuales, pierde autoridad moral para criticar los procesos judiciales de terceros países. Si exige a Rusia que respete la integridad territorial de Ucrania, debería exigir a Bélgica que ejecute las euroórdenes pendientes. No lo hace. El resultado es un discurso que suena a conveniencia.

El cálculo completo, con las fechas de cada euroorden y las resoluciones judiciales belgas, deja una secuencia que no cuadra con el relato oficial, según el forero. Los datos están ahí. La interpretación, también.

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La contradicción no se resuelve con más comunicados. La UE seguirá invocando su falta de competencia en casos individuales mientras Bélgica sigue sin entregar a Puigdemont. Y los referendos del Donbás seguirán siendo ilegítimos para Bruselas, aunque el marco jurídico que los deslegitima sea el mismo que protege al expresident. El análisis se atasca exactamente ahí: en el punto donde la ley y la política dejan de coincidir.