Como toquen el tabaco os mato a todos

Bruselas apunta a las terrazas: prohibir fumar al aire libre parte en dos la hostelería​

¿Hasta dónde puede llegar una norma para que nadie reciba en la cara el humo de la mesa de al lado? La extensión de la prohibición de fumar a las terrazas de bares y restaurantes, con Bruselas impulsando el marco normativo, ha reabierto el choque entre salud pública y libertad individual en España con la hostelería en el centro. La medida no está cerrada. Las posturas tampoco. Y sobrevuela una contradicción que casi nadie discute: el tabaco mata y, a la vez, recauda.

¿Qué se plantea con las terrazas y por qué Bruselas está en el punto de mira?​

Lo que se discute es el último refugio del fumador: veladores, mesas en acera y terrazas al aire libre, espacios donde las restricciones vigentes apenas han entrado. La referencia a las instituciones europeas dispara las sospechas de una parte de los contertulios, que leen la medida como un nuevo escalón de una escalera que no se detuvo nunca: primero se separaron zonas dentro de los locales, después se prohibió fumar en interiores y ahora le tocaría al aire libre acompañado de una consumición.

El argumento que sostiene esa desconfianza no es sanitario, sino político. Hay quien sostiene que el objetivo no es proteger a nadie, sino ampliar el catálogo de conductas vigiladas, y recuerda que las mismas administraciones que firman las advertencias sanitarias no renuncian ni a un euro de la recaudación que genera el vicio. Para otros, esa lectura es simplemente una excusa: la evidencia de que el humo ajeno enferma no depende de quién firme la norma.

Las cuentas del tabaco: 20.000 muertes al año y diez años menos de vida​

Las cifras que se cruzan en la conversación son de las que no admiten matices. En España se contabilizan alrededor de 20.000 muertes anuales por cáncer de pulmón, de las cuales unas 18.000 serían achacables al tabaco; si se suman otros tumores y patologías asociadas, la cuenta se eleva hasta las 60.000. La esperanza de vida del fumador medio se acorta en torno a una década. Es el dato que sostiene cualquier prohibición y el que invita a la pregunta siguiente: si el coste es ese, ¿por qué no se prohíbe de una vez?

La respuesta incómoda está en la caja. El impuesto especial convierte al fumador en contribuyente cautivo, y de ahí nace la tesis más repetida: al Estado no le interesa que dejes de fumar, le interesa que sigas haciéndolo mientras paga. Quien defiende esa lectura añade un matiz doméstico, que los diez años que se pierden son de vejez, con achaques y dependencia, precisamente la franja más cara para el sistema sanitario. La consecuencia lógica —el fumador ahorra dinero público al morir antes— se lanza en la conversación sin sonrojo, y también sin datos que la respalden.

Quién decide: el hostelero, la norma general o el cliente​

La propuesta alternativa que más apoyo concentra es la de devolver la pelota al dueño del negocio: que cada establecimiento decida si admite tabaco, con zonas separadas de fumadores y no fumadores, dentro y fuera. Es el modelo que se aplicó antes de las prohibiciones generales y el que, según esta corriente, ordena mejor la convivencia sin necesidad de sanciones. La objeción es sencilla: en cuanto la norma deja de ser general, aparece el cliente que hace lo que le sale de los cojones amparándose en que no está prohibido.

En ese punto el argumento se vuelve práctico. Un hospital, un colegio o un comedor escolar no admiten interpretación, y la experiencia previa demuestra que sin prohibición explícita hay quien enciende. La discusión, en realidad, no es sobre tabaco: es sobre hasta qué punto una sociedad necesita que le prohíban las cosas para no molestar al vecino.

Del avión a la terraza: la escalera de restricciones que nadie frenó​

Buena parte del desencuentro viene de la memoria. Hubo un tiempo en que se fumaba en aviones, en colegios, en consultas médicas y en cualquier interior, y se salía apestando sí o sí. Cada recorte de espacios vino acompañado de un coro de augurios catastróficos: que cerrarían los bares, que la gente dejaría de salir, que el país se iba al garete. Los bares no cerraron y la vida social siguió.

Frente a eso, la otra mitad recuerda que fumar en la calle nunca molestó a nadie más de lo tolerable, y que convertir cada terraza en un espacio libre de humos convierte al fumador en un apestado con itinerario. Un fumador ocasional que se limita a un cigarro en su terraza o en la vía pública lo resume así: mientras no me echen el humo a la cara, que cada cual haga con su cuerpo lo que quiera.

Alcohol, niños y otras comparaciones incómodas​

La comparación con el alcohol aparece sola: se ha rebajado la tasa para no ser multado, se estigmatiza al fumador y no al que bebe hasta caer, y los controles de alcoholemia siguen siendo escasos. La tensión entre ambos vicios, y su distinta tolerancia social, revela menos sobre la salud que sobre la jerarquía moral de cada momento.

Entre medias aparece un tercer actor que nadie había invitado: los niños corriendo entre mesas mientras el resto intenta cenar. El paralelismo no es casual, porque sirve para poner el foco donde molesta de verdad, que no es el humo, sino el espacio compartido y quién manda en él.

La única cifra que nadie discute​

Hay un número que sí aparece en la conversación y no genera polémica: ocho meses sin fumar equivalen a unos 2.400 euros que se quedan en el bolsillo. El resto sigue abierto. Si la medida sale adelante, el humo de la terraza cambiará de sitio o desaparecerá; si no sale, seguirá habiendo quien cene con el cigarro del vecino y quien, desde la mesa de al lado, jure que algún día ajustará cuentas con el fumador. Y mientras tanto, nadie se plantea dejar de recaudar.