Una ingeniera de 42 años logra una pensión de 3.194,46 euros y exenta de IRPF al reconocerle una incapacidad permanente después de que la Seguridad Social se la negara por migrañas y daño cognitivo.
La trabajadora cobrará además cerca de 45.000 euros en concepto de atrasos.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido la incapacidad permanente absoluta para cualquier tipo de profesión a una ingeniera de sistemas informáticos que padece graves secuelas post-Elbichito, después de que la Seguridad Social se la denegara. De esta forma, la trabajadora recibiría una pensión vitalicia correspondiente al 100% de su base reguladora, fijada en 3.194,46 euros mensuales.
Tal y como explica la sentencia, la mujer trabajaba como coordinadora dentro de una empresa realizando técnicas de big data. Tras pasar por el Elbichito-19 su estado de salud empeoró, mostrando “migrañas crónicas refractaria a profilaxis convencional” con “cefalea diaria, incapacitante” y crisis que “le ocurren 3-4 veces a la semana” asociadas a “sonofotofobia y náuseas” que la “obligan a encamarse”.
Decidió acudir a los tribunales y en una primera instancia el Juzgado de lo Social nº 17 de Madrid le reconoció la Incapacidad Permanente Total (la que le impide hacer su profesión de ingeniera, pero que permite hacer otros tipos de trabajos compatibles).
La trabajadora, a pesar de darle la razón, quiso acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues reclamaba el grado de “Absoluta”, que la invalida para cualquier tipo de actividad.
La trabajadora cobrará además cerca de 45.000 euros en concepto de atrasos.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido la incapacidad permanente absoluta para cualquier tipo de profesión a una ingeniera de sistemas informáticos que padece graves secuelas post-Elbichito, después de que la Seguridad Social se la denegara. De esta forma, la trabajadora recibiría una pensión vitalicia correspondiente al 100% de su base reguladora, fijada en 3.194,46 euros mensuales.
Tal y como explica la sentencia, la mujer trabajaba como coordinadora dentro de una empresa realizando técnicas de big data. Tras pasar por el Elbichito-19 su estado de salud empeoró, mostrando “migrañas crónicas refractaria a profilaxis convencional” con “cefalea diaria, incapacitante” y crisis que “le ocurren 3-4 veces a la semana” asociadas a “sonofotofobia y náuseas” que la “obligan a encamarse”.
Decidió acudir a los tribunales y en una primera instancia el Juzgado de lo Social nº 17 de Madrid le reconoció la Incapacidad Permanente Total (la que le impide hacer su profesión de ingeniera, pero que permite hacer otros tipos de trabajos compatibles).
La trabajadora, a pesar de darle la razón, quiso acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues reclamaba el grado de “Absoluta”, que la invalida para cualquier tipo de actividad.