SI-ADS Conocido humorista en redes sociales nos cuenta que podría estar sucediendo ahora.

El «botín» de la DANA: el debate sobre quién reparte las ayudas​

Un tuit de Miquel Serrano condensó en una sola imagen lo que muchos empiezan a decir sin gracia: que los políticos, después de la tragedia de la DANA en Valencia, miran el desastre y ven una oportunidad. La ocurrencia funcionó porque describe una intuición muy extendida, casi un lugar común. Y detrás de ella empiezan a encajar mal varias piezas: contratos de urgencia, dinero donado cuya trazabilidad se cuestiona y una reconstrucción de miles de millones que, según se sostiene, se reparte con poca auditoría a la vista.

No es solo una sospecha de barra de bar. Junto al tuit circulan adjudicaciones concretas, precedentes internacionales y un pulso político por controlar quién firma los cheques. El retrato que sale es menos gracioso de lo que parece.

El desvío a 40 km/h que cuesta 13 millones​

Cualquiera que haya seguido el asunto ha visto ya la cifra estrella. Un desvío provisional para circular a 40 km/h y volver a conectar el bypass de Valencia se presupuestó en 13 millones de euros, según lo que un forero atribuye al propio ministro de Transportes, Óscar Puente. Soltada sin más, la cifra se convirtió en el mejor argumento del debate: si una obra de parche vale eso, ¿qué no valdrá el resto?

A partir de ahí, cada cual estira el hilo. Hay quien sostiene que estos importes son solo la punta de un botín mucho mayor, el de la reconstrucción completa. La duda razonable no es el precio de una obra concreta, sino el sistema que permite adjudicarla por la vía de la urgencia y seguir adelante sin preguntas.

La lotería de la reconstrucción​

El cálculo que más se repite es sencillo: una catástrofe de esta escala mueve miles de millones entre donaciones, ayudas directas y obra pública. En cada una de esas tres patas, se argumenta, hay margen para que una parte se evapore antes de llegar a su destino. Las donaciones canalizadas a cuentas improvisadas son las más difíciles de auditar.

El escenario que se describe no distingue colores políticos: el reparto, vienen a decir, incluiría a todos los partidos por igual, porque el que reparte se lleva la mejor parte.

Los precedentes que nadie olvida​

El paralelismo más citado es el de la pandemia. Una parte del debate sostiene que la obligatoriedad de las mascarillas y el volumen de contratos de material sanitario dejaron un rastro de adjudicaciones opacas que nunca se cerró del todo, y que aquello sentó un método.

Otro ejemplo que se saca a relucir es el de los generadores portátiles enviados a Ucrania tras el inicio de la guerra. Según el relato que circula, buena parte de ese material acabó revendido en plataformas de segunda mano sin desembalar. La moraleja que algunos extraen es incómoda: la ayuda de emergencia ha sido, según este relato, un coladero.

Un tercer caso, al otro lado del Atlántico, se menciona sin pruebas concluyentes: la gestión de la agencia federal de emergencias estadounidense tras un huracán, con acusaciones no verificadas de que se habría requisado mercancía a comercios de las zonas afectadas. Se cita como patrón, no como certeza.

El pulso por controlar el dinero de las ayudas​

Aquí el asunto se vuelve político de verdad. El nudo está en quién delega en quién la gestión de los fondos: según lo sostenido en el debate, la Generalitat valenciana se resiste a ceder al Gobierno central el control del dinero destinado a los damnificados, y esa resistencia se lee en clave de poder más que de eficacia.

En paralelo, la vinculación entre las ayudas de la DANA y la negociación de los Presupuestos de 2025 genera otro frente. Hay quien interpreta ese enlace como una presión para aprobar las cuentas públicas, con la catástrofe como palanca. La acusación circula en el debate y no consta una respuesta del Ejecutivo. El punto sigue abierto.

El contrato del Júcar y las adjudicaciones de urgencia​

Uno de los episodios más repetidos es la adjudicación directa del mayor contrato de la historia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, justificada por la urgencia. Según las informaciones que se manejan, una de las constructoras beneficiadas aparece salpicada por un supuesto caso de corrupción vinculado a la etapa del exministro Ábalos. Todo ello está, por definición, pendiente de esclarecimiento.

El patrón preocupa más que el caso concreto: la figura de la adjudicación de emergencia permite saltarse la concurrencia y, con ella, buena parte del escrutinio. Nadie sostiene que sea ilegal por sí misma. El problema es que convierte la reconstrucción en un terreno donde el control se relaja justo cuando más falta hace.

Dónde se atasca todo​

La discusión se queda siempre en el mismo punto. Nadie discute que la DANA fue una catástrofe natural, con daños enormes y víctimas. Lo que se discute es si la reconstrucción va a ser, además, una catástrofe de otro tipo, la de un dinero que entra por una puerta y desaparece por otra.

Y ahí, de momento, no hay auditoría que zanje el debate. Solo la certeza incómoda de que quien reparte el dinero de emergencia tiene, por definición, la sartén por el mango.