Debate por la espera en la DANA de Valencia
¿Cuántas vidas se habrían salvado si el Ejército hubiera desplegado en bloque desde el primer día? La pregunta, formulada por un conocido periodista especializado en sucesos, resume el malestar que recorre la conversación pública tras la catástrofe. El Gobierno central sostiene que la competencia es autonómica y que esperaba la petición formal de la Generalitat. La Generalitat, dirigida por el PP, sostiene que ya había alertado. Entre medias, un dato incómodo: la Unidad Militar de Emergencias no llegó a Paiporta hasta el quinto día, según el testimonio de un vecino que asegura haber estado tres jornadas sin poder salir de su portal, bloqueado por doce coches apilados.
La cifra que da título al asunto —90 horas— no es una exageración retórica. Es el tiempo que separa el aviso de Seguridad Nacional del martes 29 de octubre a las 8 de la mañana, según el documento difundido, del despliegue efectivo de medios militares. En ese intervalo, el barranco del Poyo pasó de 400 a 1.600 metros cúbicos por segundo. La alerta masiva a los móviles llegó tarde. Y miles de personas quedaron atrapadas en garajes, bajos y vehículos sin que nadie pudiera confirmar si seguían con vida.
¿Quién tiene la potestad para movilizar al Ejército?
El artículo 12 de la Ley de Protección Civil crea la Red de Alerta Nacional como sistema de comunicación de avisos a las autoridades competentes, sin perjuicio de las competencias autonómicas. Sobre esa base, una parte del análisis sostiene que el Gobierno central podía haber declarado el estado de alarma, excepción o sitio y desplegar todos los medios sin necesidad de que una comunidad lo solicitara. El precedente que se cita con más frecuencia es el de las riadas de Bilbao en 1983: el Gobierno del PSOE desplegó 13.000 soldados en 24 horas.
La otra corriente de opinión replica que una autonomía no tiene recursos para una catástrofe de esta magnitud y que la obligación de pedir ayuda es suya. El argumento se apoya en la lógica militar: un capitán paralizado en mitad de la batalla no exime al coronel de actuar, pero el coronel tampoco puede adivinar que el capitán está paralizado si este no lo comunica. El resultado, en cualquier caso, es el mismo: cinco días de retraso.
La UME en Paiporta: cinco días de retraso
El testimonio más repetido es el de un vecino de Paiporta que describe cómo la UME apareció cinco días después. «No pudimos salir en tres días de mi portal porque lo impedían doce coches, unos encima de otros. Cinco días sin luz ni agua», relata. En ese contexto, la pregunta sobre cuántas vidas se habrían salvado con un despliegue inmediato no tiene respuesta oficial, pero sí una lógica incómoda: en un garaje anegado puede haber bolsas de aire que permitan sobrevivir horas, no días.
La comparación con otros episodios se ha convertido en un lugar común. Durante la pandemia, el Ejército salió a la calle sin que se escuchara a las comunidades autónomas pedirlo. En el volcán de La Palma, la gestión también fue criticada por tardía. La diferencia, argumentan algunos, es que aquí había un aviso previo de Seguridad Nacional con doce horas de antelación.
El relato oficial y sus grietas
El Gobierno ha convocado un consejo de ministros extraordinario para aprobar un «paquete potente» de ayudas. La oposición interpreta la medida como un intento de tapar el caso Koldo. Vox ha anunciado que se querellará por la vía criminal contra el presidente del Gobierno y varios miembros del ejecutivo por presuntos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. La querella, en todo caso, está en fase de anuncio y no ha sido admitida a trámite.
Mientras tanto, la UME sigue peinando La Albufera y las playas en busca de víctimas. El acta de la reunión de crisis cifró en 1.900 los desaparecidos provisionales. La presa de Forata retuvo 37.000 millones de litros. Son datos que no admiten interpretación: la magnitud del suceso desbordó cualquier previsión.
La política española, en su versión más previsible
El patrón se repite con una fidelidad que ya resulta sospechosa. Unos culpan al Gobierno central por no intervenir. Otros culpan al presidente de la Generalitat por no pedirlo. Los hay que reparten responsabilidades entre ambos y los hay que aprovechan para ajustar cuentas pendientes de la legislatura anterior. La industria del bulo, según una información publicada, aprovecha la descoordinación para sembrar odio con lemas populistas que calan en líderes de derechas.
Lo cierto es que la política española ha convertido una catástrofe con centenares de muertos en un tablero electoral. Y que, mientras se discute quién debió llamar a quién, sigue habiendo familias esperando noticias. El cálculo completo de los tiempos de respuesta, desglosado hora a hora, da una diferencia que sorprende incluso a quienes siguen el asunto de cerca.
Al final, la pregunta no es quién tiene razón. Es cuántos de los que perecieron atrapados en un coche o bajo un tronco habrían sobrevivido con 90 horas menos de espera. Nadie lo sabrá. Y eso, precisamente, es lo que nadie quiere responder.