Cristóbal montoro, imfrutado

Un juez imputa a Montoro y a su cúpula de Hacienda​

Un juzgado de Tarragona, no la Audiencia Nacional. Ese es el primer detalle que descoloca. El juzgado de instrucción número 2 de esa provincia imputa a Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del PP, y a los máximos responsables de su antiguo bufete por liderar presuntamente una «organización criminal» desde el propio ministerio, modificando leyes y normativa a cambio de beneficios económicos. La notificación alcanza a 28 personas y a siete delitos, según el auto. La causa abarca de 2011 a 2019.

El mecanismo que describe el sumario no es un sobre en un cajón. Es legislación: cambiar una norma para que un sector pague menos y cobrar por el camino.

Qué se atribuye a la trama de Hacienda​

El instructor ordena notificar la investigación a exaltos cargos del Ministerio, a los máximos responsables del despacho Equipo Económico y a varias empresas. Siete delitos. Una estructura con departamento, asesores y clientes, sostiene el auto, no una pieza suelta. Según se apunta en el hilo, la destapó el periodista de ABC Javier Chicote, y hay quien cifra en 87 los altos cargos del PP que cumplen condena en Soto del Real, aunque la comparación sirve de poco cuando lo que se discute es si esta causa llegará a juicio.

Montoro compareció hace poco en la comisión de investigación sobre la Operación Cataluña. Salió, dicen quienes siguieron la sesión, con el gesto de quien se sabe lejos del alcance. Esa sensación es hoy el principal argumento de los escépticos: la convicción de que no le va a pasar nada.

El 85% de rebaja fiscal y los 679.000 euros de Codere​

Los números son lo más incómodo del expediente. La trama habría rebajado un 85% los impuestos a las empresas implicadas, según la información difundida a partir de los documentos de la causa. Codere, la mayor empresa española de apuestas, pagó 679.000 euros al despacho que fundó Montoro mientras se tramitaban y aplicaban normativas clave para el juego online, y, según se sostiene en el hilo, llegó a tributar un 0,10% de IVA tras ese asesoramiento. La compañía contaba entonces con Rafael Catalá como directivo.

El impacto agregado se mide en miles de millones. Las empresas vinculadas al caso se habrían ahorrado casi 1.000 millones desde 2014 en beneficios fiscales arrancados a Hacienda. Solo el Impuesto de la Electricidad dejó entre 50 y 136 millones anuales sin ingresar, según las estimaciones incorporadas al sumario. Galicia, gobernada entonces por Feijóo, aparece en el expediente por las reclamaciones que aquello podía abrir a las comunidades. El desglose completo, partida a partida, es lo que conviene leer entero: la suma deja de parecer una anécdota contable.

Dieciséis sociedades pantalla y fondos hacia Irlanda​

La investigación detecta 16 empresas instrumentales sin empleados, actividad ni sede conocida, ligadas a los socios del despacho. Habrían servido para canalizar y esconder el dinero obtenido con la actividad presuntamente ilícita hacia Irlanda, Luxemburgo o Italia, y también recibían ingresos de Colombia, Panamá o Reino Unido.

La Fiscalía busca testaferros y ha topado con patrimonio inmobiliario: 543 hectáreas de fincas adquiridas por el ex secretario general del PP de Madrid protagonista del Tamayazo, Ricardo Romero de Tejada, cuya hija trabajó en Equipo Económico. La Agencia Tributaria sostiene además que Montoro vendió sus acciones del bufete a un precio irreal y constata que las empresas de sus socios no tenían actividad alguna. Son indicios incorporados a una causa que sigue en instrucción.

El modelo 720 y la ley que blindó la deuda​

Para mucha gente, el daño no está en el auto. Está en dos normas. La primera, el modelo 720, la declaración de bienes en el extranjero, con un régimen sancionador descrito como confiscatorio y que empujó a contribuyentes a marcharse del país tras años de inspecciones, recursos y juicios. Hay quien ganó todos los pleitos en el TEAR y aun así necesitó recuperar su vida fuera de España.

El otro texto llegó antes: agosto de 2011, PP y PSOE reformando la Constitución para poner el pago de la deuda por encima de las pensiones, los funcionarios y el gasto social. Aquel fue el marco de los presupuestos más duros de la historia reciente, con 50.000 desahucios, el pico de paro y una cifra que se atribuye a Carlos Sánchez Mato: 140.000 millones de españoles en cuentas de Liechtenstein, entonces sin explicar.

El núcleo duro vuelve al PP​

Feijóo ha recuperado para su equipo económico al núcleo duro de Montoro: los ex secretarios de Estado Ferre, Fernández Currás y Nadal colaboran en el diseño del programa fiscal. En Madrid, Ayuso afronta el foco de un informe de la unidad anticorrupción de los Mossos que apunta a 2 millones de euros pagados a la empresa de Montoro desde un ente de la Comunidad, además de un sueldo público para el hijo de Catalá.

El auto habla de una organización dentro de un ministerio. La respuesta política ha sido, hasta ahora, un programa fiscal diseñado por el núcleo duro del exministro.