Cualquier excusa es buena: "el gobierno regularizará a 25.000 migrantes afectados por la dana"

El Gobierno regulariza a 25.000 migrantes por la dana y dispara las dudas​

El Consejo de Ministros aprueba un paquete de regularización exprés para 25.000 personas migrantes afectadas por la dana de octubre. El argumento oficial: que puedan cobrar las ayudas. La letra pequeña: se prorrogan permisos caducados desde julio, dos meses antes de que el agua arrasara Valencia. La cifra oficial baila: el Ejecutivo habla de 25.000, las filtraciones a medios elevan el total a 40.000. Y la pregunta que sobrevuela cada conversación: ¿cuántos migrantes en situación irregular hay realmente en España si solo en la zona afectada aparecen 25.000?

Qué ha aprobado el Gobierno y con qué argumento​

La medida estrella es una regularización de urgencia para que las personas afectadas por la dana puedan acreditar residencia y acceder a las ayudas públicas. El Ejecutivo la vendió como un acto de justicia administrativa: sin papeles no hay subvención, y sin subvención la reconstrucción deja fuera a quien también perdió su casa. Hasta ahí, el relato encaja.

El problema es el perímetro. La regularización alcanza a migrantes que no estaban empadronados en los municipios de la dana, según las informaciones publicadas. Y el decreto prórroga permisos de residencia y trabajo caducados entre el 30 de julio y el 1 de abril, una ventana que arranca casi tres meses antes de la catástrofe. Cualquier excusa es buena, resumía el sentir general.

La cifra tampoco ayuda. El Gobierno anunció 25.000. Los medios que han tirado del hilo hablan de hasta 40.000. Una horquilla de 15.000 personas en un solo paquete no es un redondeo: es una confesión de que nadie tiene el censo claro.

¿Cuántos migrantes hay en España si en una zona aparecen 25.000​

El cálculo más repetido parte de la demografía de la zona afectada. Si en un área de unos 500.000 habitantes se regularizan 25.000 personas en situación irregular, la proporción ronda el 5% de la población. Extrapolar esa ratio al conjunto del país es el ejercicio que muchos han hecho en voz alta: el resultado supera cualquier estimación oficial. La conclusión que se extrae es incómoda: o los datos públicos están muy por debajo de la realidad, o la zona de la dana concentra una anomalía demográfica que nadie ha explicado.

Hay quien sostiene que el cálculo es tramposo, porque la regularización incluye a personas que llegaron después de la catástrofe a trabajar en la reconstrucción. En contra pesa el detalle de las fechas: los permisos prorrogados caducaban desde julio, antes de la dana. La cronología no cuadra con la excusa humanitaria.

Ayudas para migrantes, silencio para los autóctonos​

El segundo frente del malestar no es migratorio, es comparativo. Mientras se articula un mecanismo exprés para regularizar y pagar, los afectados españoles siguen esperando indemnizaciones, peritajes y ayudas prometidas. La comparación con el plan de compensación del Prestige, que tardó años en llegar y nunca llegó del todo, aparece una y otra vez.

El argumento que más circula: si el objetivo era que los afectados cobraran, bastaba con habilitar el pago sin regularizar a nadie. La regularización añade un efecto colateral que el decreto no oculta: convierte una ayuda de emergencia en una vía de acceso a la residencia. Efecto llamada, lo llaman unos; justicia administrativa, lo llaman otros.

La seguridad como telón de fondo​

El tercer eje del debate es la seguridad. Circulan datos sobre detenciones por saqueo en las zonas afectadas y sobre incidentes atribuidos a grupos concretos. Son cifras que proceden de informaciones periodísticas y de partes policiales, y conviene tratarlas como lo que son: datos parciales de un contexto excepcional, no una caracterización de un colectivo.

Lo relevante, en términos de política pública, es que la percepción de inseguridad se ha convertido en un argumento político de primer orden. Y que la respuesta del Gobierno —regularizar más y más rápido— se lee por una parte de la población como una señal de que el problema no se está gestionando, sino ampliando.

El punto exacto donde el análisis se atasca​

Queda una pregunta sin respuesta: si el Gobierno necesitaba regularizar para pagar, ¿por qué el decreto cubre a personas no empadronadas en la zona y prórroga permisos caducados antes de la catástrofe? Ninguna de las dos cosas era necesaria para que un afectado cobrara su ayuda. Ahí, exactamente ahí, se rompe el relato oficial. Y nadie ha dado todavía una explicación que encaje con las fechas.