¿Deben votar los funcionarios?

El voto de quien cobra del Estado, a examen​

¿Tiene el mismo peso el voto de quien paga impuestos que el de quien vive de ellos? La pregunta, que suena a provocación de sobremesa, lleva 169 respuestas coleando en un foro de economía y ha derivado en algo más incómodo: la sospecha de que el sistema electoral premia a quien menos aporta. El detonante fue un mensaje que pedía retirar el derecho a voto a «las personas que viven del estado», y a partir de ahí el debate se partió en dos trincheras que no se escuchan.

Quién cobra del Estado y quién lo financia​

La primera línea argumental sostiene que existe un conflicto de interés estructural: quien recibe un sueldo público vota, en la práctica, sobre cómo se reparte el dinero que él mismo cobra. Un participante lo resume con una analogía doméstica: es como si un hijo decidiera su propia paga. Otro va más allá y propone que el voto de los perceptores del Estado se pondere a la baja, con un valor inversamente proporcional al porcentaje de ingresos que reciben de las administraciones. El caso extremo sería el 100% de ingresos públicos, cuyo voto valdría cero.

La respuesta más repetida a ese planteamiento es contable: los funcionarios pagan IRPF e IVA como cualquier hijo de vecino. Un interviniente lo plantea con un ejemplo de caja: si el Estado tiene 200 euros, paga 100 de sueldo y recupera 30 en impuestos, quedan 130; si sube el sueldo a 120 y los impuestos a 50, siguen quedando 130. La conclusión que extrae es que el bruto y el neto son un artificio contable y que lo relevante es el coste neto para las arcas.

El fraude fiscal como contraargumento​

Buena parte del hilo gira hacia otro sitio cuando alguien introduce el fraude. El argumento es que los grandes defraudadores —y se apunta a las grandes corporaciones y a tramas vinculadas a hidrocarburos— también votan, y que nadie les cuestiona el derecho. La comparación se extiende a los autónomos que facturan en negro y a los políticos con causas pendientes. La conclusión implícita: si se aplicara el criterio de «quien no aporta limpio, no vota», el censo se quedaría en cuadro.

El sufragio universal y su origen​

Aparece entonces el argumento histórico. Se recuerda que en la Atenas clásica solo votaban, a mano alzada y a la vista de todos, los varones que habían cumplido el servicio militar; quedaban fuera mujeres, esclavos, siervos y extranjeros. De ahí se desliza una tesis más amplia: el voto universal tenía sentido cuando la ciudadanía se pagaba con sangre, no cuando se regala. Y una variante economicista: si el sufragio se limita a quienes no dependen del erario, el Estado tiende a adelgazar por sí solo.

Pensiones, ayudas y el efecto dominó​

El paso siguiente es ampliar la lista de excluidos: pensionistas, perceptores de ayudas, parados, empleados de contratas públicas. Un mensaje llega a proponer que nadie que haya recibido un solo euro del erario en los últimos diez años vote, y que la regla se aplique en cadena a las empresas que contratan con la administración. La respuesta desde el otro lado es que esa lógica convierte el censo en un club de propietarios y que, llevada al extremo, dejaría sin voto a la mayoría del país.

El gasto público que nadie audita​

Hacia el final, el foco se mueve del votante al gasto. Se sostiene que el problema no es quién vota, sino cómo se pierde el dinero: si de 5.000 millones invertidos en infraestructura solo llega a obra el 10%, el debate sobre el voto es una cortina de humo. La réplica es que España tiene la segunda red de alta velocidad del mundo y la mayor red de autovías de Europa, lo que invita a preguntarse si el problema es el gasto o su factura. Y una nota de color: los aeropuertos en mitad de la nada.

Ponderar el voto: de la ocurrencia al problema técnico​

La propuesta más sofisticada que aparece es la del voto ponderado: que valga más el de quien crea empleo o cotiza al máximo, y menos el de quien cobra el salario mínimo. El propio autor del planteamiento admite el problema: alguien tendría que fijar los criterios, y ese alguien tendría su propia idea de lo razonable. Ahí se acaba la discusión, como casi siempre, en quién decide.

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Al final, la pregunta del titular sigue sin respuesta y con una ironía de propina: si solo votaran los que no cobran del Estado, el censo quedaría tan reducido que el resultado lo decidirían cuatro. Y esos cuatro, probablemente, también cobrarían algo.