Decepcionado con el Rey

Felipe VI encarga la investidura y parte de su base se desmarca​

El Rey ha encargado la investidura a un candidato que cuenta con 120 diputados y que necesita los apoyos de quienes no le reconocen como jefe del Estado. No ha habido crisis institucional. Ha habido algo más incómodo: una parte de su propia base ha pasado de defender la Corona a darla por amortizada en cuatro líneas.

La secuencia que se repite como acusación tiene cuatro hitos: la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, los indultos a los condenados del procés, la amnistía y —esto es pronóstico, no hecho— el referéndum. La lectura dominante es que el monarca firma lo que sea con tal de seguir ahí como figura simbólica. La lectura contraria sostiene que eso es, exactamente, su trabajo.

Qué puede y qué no puede hacer un rey que solo firma​

En una monarquía constitucional el jefe del Estado no legisla, no gobierna y no juzga. Su firma llega al final del circuito, cuando el texto ya salió del Parlamento, y todas sus actividades están sujetas al Gobierno. El ejemplo que se repite: el presidente de la República italiana, aunque sea de izquierdas, firma las leyes de un ejecutivo de derechas porque no tiene alternativa.

La defensa de ese marco es contundente. Se recuerda que el Rey no dirige el Ejército —eso es Defensa—, que no puede frenar un despliegue militar y que el único contrapeso real es el tribunal constitucional. Y se añade una advertencia: confundir el protocolo con el poder lleva a creer que existe un botón que nadie ha pulsado nunca. La descripción que más circula lo retrata como una figura decorativa: valiosa y sin voz.

El contrapunto tiene un precedente histórico que se cita con retintín. El presidente de la República de Weimar, que no quería a Hitler ni en pintura, acabó firmando su nombramiento como canciller. Si el jefe del Estado no puede frenar nada, la pregunta se desplaza: entonces, ¿para qué presta su firma?

La tesis de la dignidad: negarse a prestar la imagen​

Aquí está el núcleo de la decepción. Hay quien sostiene que no tener atribuciones no equivale a no tener criterio: un cargo honorífico, sin capacidad de decisión, conserva al menos la posibilidad de decir «conmigo no contéis». El símil que se usa es el de un presidente honorario de un club que ve cómo la junta convierte el local en otra cosa y prefiere marcharse antes que darle prestigio con su nombre.

Ese razonamiento no exige al Rey incumplir la Constitución. Exige que arriesgue algo. Y ahí el argumento se vuelve corrosivo: se le reprocha no haber puesto nunca nada en juego. Ni la firma, ni el discurso, ni el silencio.

El aviso desde la derecha: monarquía o república unitaria​

Las declaraciones atribuidas a Santiago Abascal añaden presión desde el flanco opuesto. Vienen a decir que, si la monarquía deja de ser una institución al servicio de España y se pliega a los cantos de sirena de un Estado confederal, muchos españoles preferirían una república nacional unitaria. Es un aviso con doble destinatario: el Palacio y el Gobierno.

Lo llamativo es que ese ultimátum no pide al Rey que decida. Pide que no se deje arrastrar. O sea: exactamente lo que quienes defienden su papel dicen que no puede hacer.

El coste de Zarzuela y la factura de la institución​

El desgaste no se mide solo en firmas. Se mide en estructura. Una casa real arrastra gabinete, protocolo, secretaría personal, desplazamientos y comidas oficiales, y el reproche es que ese aparato se sostiene mientras su utilidad pública se discute abiertamente. La pregunta por la utilidad se ha convertido en pregunta por el presupuesto, y ese es un cambio de terreno importante.

En las respuestas aparece incluso el escenario inverso: un monarca al que no le importaría ser relevado. Sin funciones reales, con una agenda de inauguraciones y discursos, y con la posibilidad de gestionar su herencia lejos del escrutinio y vivir a cuerpo de rey sin dar explicaciones a nadie.

La aritmética que se usa para cerrar el asunto​

Cuando el argumento institucional se agota, entra el recuento. Un participante maneja la cifra de 12 millones de votos para el bloque que sostiene al Gobierno frente a 11 millones para la oposición, y la conclusión es siempre la misma: la soberanía es del Parlamento y el Rey no está ahí para corregirla. También se recuerda que, fracasada la investidura del partido más votado, el segundo tiene derecho a intentar una mayoría.

El problema de ese cierre es que no responde a la acusación. Nadie discute la aritmética. Se discute el precio de prestarle la firma a un texto que se considera una cesión.

Si el Rey firma lo que le pongan por delante y no puede hacer otra cosa, ¿a quién le sirve una jefatura del Estado que nunca dice no?