Ya no queda la menor sombra de duda: Felipe VI firmará la amnistía, el referendum y lo que le pongan delante

Felipe VI ante la amnistía: firmar, abdicar o el vacío legal​

Un mensaje difundido en redes lo dejó negro sobre blanco: «Si su Majestad el Rey Felipe VI acepta firmar alguna ley de amnistía o referéndum debe ABDICAR inmediatamente». No era una exclamación suelta. Resumía el estado de ánimo de parte del electorado constitucionalista en el momento en que el Rey culminaba la ronda de consultas y encargaba la investidura mientras formaciones clave ni se presentaban. La pregunta dejó de ser retórica: ¿puede el Jefe del Estado negarse a firmar una norma que considera contraria a la Constitución? La respuesta técnica invita a la calma. La política, todo lo contrario.

¿Puede el Rey negarse a firmar una ley de amnistía?​

La Constitución convierte al Monarca en un actor sin margen. Buena parte del hilo lo da por sentado: el Rey no puede bloquear una norma que le remita el poder legislativo y su firma es un trámite debido, no una decisión. «El rey NO PUEDE negarse a firmar nada de lo que le pongan delante. La única opción que tiene ahora es abdicar», resume una de las posturas más repetidas.

Pero el consenso se rompe ahí. Otra corriente sostiene lo contrario con el mismo texto en la mano: la Carta Magna no prohíbe expresamente al Rey negarse a firmar; simplemente no contempla ese supuesto y, por tanto, no prevé ni procedimiento ni castigo. Según una de las intervenciones, el único mecanismo de salida sería la destitución por ley orgánica del Congreso, convertida en una escena casi kafkiana: la ley que aparta al Monarca la sancionaría el propio Monarca destituido.

En medio de ese laberinto hay quien va más allá y recuerda que el Rey tampoco es un mero busto. «Tiene el derecho y el deber de ejercer el arbitraje y moderación entre las instituciones del Estado», defiende una de las voces. El problema es que, a la fecha de esta discusión, ese arbitraje no se ha visto por ningún lado.

Indulto y amnistía: la diferencia que lo cambia todo​

Buena parte del descontento nace de una distinción jurídica que la opinión pública maneja con desgana. En un indulto, el condenado pasa antes por delante de un juez y el perdón llega tras un procedimiento reglado y visible. En una amnistía, no hay juez ni trámite: desaparece el delito y con él cualquier rastro del caso. Esa pedagogía al ciudadano, sencillamente, no existe.

De ahí la sospecha que recorre el descontento: si la fórmula elegida es una amnistía encubierta, la reacción no será un debate de salón. «Si hay directamente borrón y cuenta nueva es una amnistía y es anticonstitucional», señala una intervención que anticipa que se retuerza la ley técnico-jurídica hasta encajarla sin que se note. La clave estará en la envoltura literaria con la que se presente la norma.

Del discurso del 3 de octubre de 2017 al silencio de ahora​

El punto de comparación es inevitable. El discurso del 3 de octubre de 2017 aparece en el hilo como la referencia del papel de la Corona como defensora de la unidad territorial. Quienes entonces veían en el Rey un contrapoder han ido cambiando de guion con cada episodio: cada vez que se anunciaba un «final de la monarquía», el final no llegaba.

La lista de decepciones acumuladas se repite: los indultos, el pin de la Agenda 2030, el silencio ante el asalto a la tumba de Franco. Cada vez, según quienes vaticinaban la ruptura, el Rey «se rió en la cara» de sus críticos y la institución siguió en pie. Con ese historial, la sorpresa de estos días no es tanto la firma como comprobar que, entre quienes aún defendían la Monarquía como mal menor, muchos ya no ven razones para hacerlo.

Hay incluso quien formula la tesis más incómoda de todas: que el Rey no bloquea la amnistía porque no puede, y que es precisamente esa irrelevancia lo que hace insostenible el modelo. «Como ha quedado demostrado que la figura del Rey y su función es mera retórica literaria, lo mejor es terminar el régimen monárquico», zanja una de las intervenciones.

Óscar Puente y el referéndum con envoltorio​

Mientras se discute la firma, el debate se desplaza hacia las palabras. Según una información de 20minutos.es recogida en la conversación, el ministro Óscar Puente ve «inviable» un referéndum, pero considera posible «una consulta para valorar un marco de consulta». La fórmula, reconocida por más de uno como un trabalenguas, ilustra la estrategia: rodear de tecnicismo lo que no se puede nombrar.

En contra pesa un argumento de fondo que va mucho más allá del lenguaje. Si el poder legislativo puede reescribir el marco entero mediante pactos entre partidos, la soberanía popular queda en entredicho. «Los pactos entre partidos no tienen nada que ver con la soberanía popular. Las elecciones en España son una estafa donde los ciudadanos no podemos elegir al presidente del gobierno», resume una de las críticas más repetidas. No es un detalle menor: el descontento no apunta solo al Monarca, apunta al sistema que lo mantiene y lo desborda.

Cuánto cuesta la Corona y quién ganaría​

Entre los análisis circula con fuerza la tesis republicana de libro: si la institución no puede frenar nada, ¿para qué pagarla? El argumento del coste se cruza con el simbólico. «Hay que dedicar el presupuesto de la casa real a otras cuestiones más relevantes», sostiene una de las posturas, que pone el acento en el dinero más que en el protocolo.

La otra mitad del espejo es la paradoja electoral. Una parte del análisis sostiene que el Rey tenía en la mano la oportunidad histórica de convertir a medio país en monárquico simplemente plantando cara; al no hacerlo, se ha quedado sin los constitucionalistas y sin la izquierda, que le da la espalda con más motivo que nunca. La política de no mover ficha tiene un precio: deja de ser trinchera para ser mueble.

Con estos diferenciales, la reacción debería ser un clamor. Y sin embargo el país asiste a todo esto con una mezcla de cabreo y descuelgue. Nadie cuadra del todo cómo una cuestión de Estado se está gestionando a base de trabalenguas en rueda de prensa.