Todo menos el suelo
Lo que el Consejo de Ministros del martes 29 no va a tocar, y por qué es justo lo que fija el precio.
Si nada se tuerce en las próximas veinticuatro horas (y en esta legislatura se tuerce casi todo), el Consejo de Ministros aprobará mañana el decreto de vivienda que se quedó en el cajón a finales de julio por falta de apoyos. Pedro Sánchez dijo ayer que trabajan "a contrarreloj" para llevarlo, y hoy el Gobierno lo da por hecho, con la reforma de la Ley del Suelo todavía dentro; el texto, sin embargo, sigue negociándose con Junts, que aprieta con sus deducciones fiscales, y con Podemos, que no se mueve de su línea roja. Cómo acabe ese pulso me importa poco para lo que quiero plantear aquí, que es más sencillo y bastante más molesto.
Pase lo que pase el martes, el suelo se queda como está. Habrá, si el decreto sale, una reforma que se llama Ley del Suelo, y hablaré de ella más abajo; lo que no habrá, salvo sorpresa, es una sola medida que cambie cuánto cuesta obtener, mantener o dejar sin usar el derecho a edificar.
Abro hilo propio porque la tesis merece discusión aparte y porque se puede comprobar mañana mismo, lo cual no pasa a menudo; y la formulo sin rodeos: el mayor problema de la vivienda en España es el suelo, entendido como ese derecho a convertir un terreno en viviendas (dónde se concede, quién lo retiene y qué le cuesta retenerlo). Salvo esa reforma procesal del planeamiento, todo lo que se apruebe el martes actúa aguas abajo de ese derecho.
Lo que habrá sobre la mesa
Según el resumen que distribuyó ayer Europa Press, el texto pactado entre PSOE y Sumar tiene dos bloques. El primero busca estabilizar el alquiler y combatir el embeleco con prórroga de los contratos que venzan antes de julio de 2028, regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, subida al 21% del IVA de los pisos turísticos y bonificaciones fiscales a los propietarios que rebajen la renta. El segundo, más difuso, habla de movilizar vivienda asequible, y ahí aparece la reforma de la Ley del Suelo.
Por encima de todo ello flota desde el miércoles el desahucio de Maricarmen, que ha metido la protección frente a los lanzamientos en el centro de la negociación, y la lista de Junts con ventajas fiscales para los inquilinos, deducciones para los pequeños propietarios hipotecados y cuentas de ahorro para la vivienda.
Clasifícándolo con calma:
- La prórroga y la temporada deciden cómo se reparte y se usa el parque que ya existe, entre inquilino y propietario y sobre el mismo stock.
- Las bonificaciones y deducciones al propietario cambian la rentabilidad de ese mismo parque.
- Las ventajas al inquilino y las cuentas de ahorro para comprar actúan por el lado de la demanda.
- El IVA turístico pone precio a uno de los usos que compiten por esas mismas viviendas.
Alguna de estas medidas puede ser razonable, y no seré yo quien desprecie que la prórroga evite unos cuantos desahucios este invierno, pero ninguna añade un solo metro cuadrado edificable; y ninguna hace que tener un solar servido esperando cueste un euro más que hoy.
Por qué el suelo y no otra cosa
David Ricardo dejó escrita hace dos siglos una idea que la discusión española sobre vivienda sigue sin digerir. Decía, más o menos, que el grano no es caro porque haya que pagar renta por la tierra, sino que se paga renta por la tierra porque el grano es caro. Traducido al ladrillo, el precio de un piso lo fija lo que el comprador puede pagar (salario, crédito, ayuda de los padres, ayuda del Estado) frente a una oferta que no reacciona; el coste de construir es, con todos sus sobresaltos, un coste que cualquier promotor puede replicar; lo que no se puede replicar es el permiso para construir en un sitio donde la gente quiere vivir.
Alguno pensará que Ricardo me quita la razón, porque según él el suelo no causa el precio sino que lo recoge, pero justo por eso me la da.
Cuanto más rígida sea la oferta de suelo edificable allí donde crece la demanda, mayor parte de cualquier ayuda acabará capitalizada en precios, y no en viviendas; una parte irá al piso usado, otra a márgenes y, en los años buenos, a costes de obra. Pero en la promoción nueva el mecanismo es casi contable, porque el promotor calcula cuánto puede pagar por el solar restando al precio de venta la construcción, la financiación, los impuestos y su margen, así que toda capacidad de pago adicional del comprador sube lo que ese solar puede soportar. Las ventajas fiscales al inquilino, las cuentas de ahorro para la vivienda, cualquier aval público a la entrada, todo eso empuja en esa dirección si la oferta no se mueve.
Ricardo, bien leído, no niega que el problema sea el suelo; dice dónde mirar para saber quién se queda con la renta.
El suelo que hay y el que falta
La objeción clásica es que suelo sobra, que España tiene más terreno calificado que viviendas pendientes y que el problema será otro. Tiene su parte de verdad, y conviene mirarla con los datos del propio Ministerio.
El estudio Sectores residenciales en España 2025, que la Dirección General de Vivienda y Suelo presentó en marzo a partir del Sistema de Información Urbana, recoge 1.069 grandes sectores en 400 municipios con capacidad para unas 2,47 millones de viviendas; el 64,4% ni siquiera se ha empezado a urbanizar y solo 276 tienen ya suelo urbanizado disponible, con 489.186 viviendas pendientes.
Eso tampoco quiere decir que haya medio millón de viviendas esperando sobre solares vacíos, porque en 154 de esos sectores la edificación ya ha empezado y en otros 103 está avanzada. Quedan 19 grandes sectores completamente urbanizados en los que todavía no se había puesto un ladrillo, con capacidad para 36.398 viviendas. Y cuando el Ministerio estudia la dinámica de los sectores que ya están en fase avanzada, estima que han necesitado de media 18,5 años para completar la edificación; la cifra es de ese grupo, no de los 276.
El informe no dice cuánto de esa lentitud se debe a retención del suelo y cuánto a financiación, ritmo de venta, tramitación o costes, y yo tampoco voy a fingir que lo sé. Lo que sí deja claro es que el problema no se acaba cuando el suelo pasa a estar servido; ahí empieza otro reloj, y nuestro sistema fiscal no lo hace correr más deprisa.
Para poner las cifras al lado de algo, el déficit acumulado de los últimos cinco años oscila, según quién lo calcule, entre las 320.000 viviendas que da Servihabitat y las cerca de 750.000 del Banco de España para 2021-2025, y en 2025 se visaron 139.016 viviendas de obra nueva.
Ahora el otro lado del mismo estudio. Barcelona, Bilbao, Vigo y Pamplona quedan fuera porque ninguno de sus sectores cumple los criterios de inclusión (al menos mil viviendas previstas y menos del 70% edificado), y el propio Ministerio habla de un "desafío estructural" por escasez de suelo urbanizable; las grandes bolsas están en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid y, en suelo todavía sin urbanizar, Murcia. Como el estudio solo selecciona sectores grandes, el solar urbano suelto, que es justo lo que escasea dentro de las ciudades con demanda, se queda fuera de la foto.
Así que el suelo falla dos veces, y por eso me parece el problema mayor. En varias de las áreas donde la demanda aprieta más, la oferta de nuevo suelo edificable no crece al ritmo que piden las necesidades de vivienda; donde el derecho ya está concedido y el terreno urbanizado, ejercerlo puede tardar lustros. El solar paga su IBI, sí, y su coste financiero, pero ningún recargo específico por seguir parado.
Son dos caras de la misma moneda, quién decide cuándo un terreno se convierte en viviendas y qué le cuesta no hacerlo, y ninguna de las dos estará el martes encima de la mesa.
La única pieza de suelo, y está en el aire
Sería injusto no reconocer lo que sí trae el decreto. Según lo que Podemos le contó a Público en julio, el borrador toca dos cosas de la ley estatal: el sistema de invalidez y recursos contra el planeamiento, con reglas para limitar los efectos de determinados vicios, permitir subsanaciones y restringir la impugnación indirecta de los planes, y el régimen registral de determinados derechos de reversión sobre terrenos expropiados.
Es, en esencia, la reforma que el PSOE llevó al Congreso en 2024 y que volvió a presentar con el PNV en 2025, y que fracasó las dos veces. Quienes la defienden recuerdan los planes generales anulados en Castellón, Vigo, Gijón o Marbella, con ciudades enteras viviendo en régimen transitorio durante más de una década.
Me parece bien en lo sustancial y lo he defendido en el hilo de los candados, que un plan sobreviva a sus defectos de forma es condición para que se construya algo, pero conviene ver de qué lado cae. Esta reforma quita un freno, no pone precio a nada. Un plan que no se anula sigue permitiendo que el titular del sector espere, y el decreto no elevará ni un céntimo el coste específico de mantener sin edificar un solar residencial servido. Es la mitad del problema que se cobra rápido; la otra mitad, la que encarece retener, no ha entrado ni en el borrador.
Y aun así el suelo es la pieza más fruta de todo el texto. Podemos la ha convertido en su línea roja y la describe como una puerta abierta a la especulación y a los bowling; Junts sostiene que invade competencias autonómicas; el PNV la quiere por seguridad jurídica; la patronal de la construcción la defiende como medida de oferta; el PP pide facilitar suelo y ataca el resto del decreto por intervencionista.
Hay un fondo legítimo en la queja de Podemos (restringir la impugnación de un plan también restringe el control ciudadano, y la respuesta seria es graduar la nulidad, no blindar el plan), pero el efecto de tanto rechazo cruzado es que esta pieza sigue abierta en la negociación hasta el último minuto. Si acaba recortada o fuera del texto, lo que se habrá cedido para reunir apoyos es precisamente la única parte del decreto que modifica las reglas por las que el planeamiento llega a convertirse en suelo edificable.
Michael Heller llamó anticommons, o tragedia de los anticomunes, a la situación en la que un recurso se queda sin usar porque demasiados actores tienen algo que decir antes de que se use, y cada uno puede frenar. El urbanismo español es una versión imperfecta pero reconocible: propietarios, junta de compensación, reparcelación, informes sectoriales, infraestructuras y dos o tres administraciones tienen que encajar antes de que el derecho abstracto a construir se convierta en un portal con buzones.
El martes veremos la misma estructura a escala parlamentaria, con cada grupo sosteniendo su veto, y en direcciones opuestas, sobre la única pieza que toca el suelo. El decreto no solo deja fuera el problema; lo reproduce.
Si el decreto sale del Consejo, su contenido de suelo será, como mucho, la pieza procesal de la invalidez de los planes y las reversiones, en la versión que sobreviva a la negociación. No aparecerá ninguna de estas cuatro cosas:
- un recargo anual sobre el suelo residencial servido que sigue sin edificar, al estilo del que Irlanda cobra desde 2025 (un 3% anual sobre el valor de mercado).
- la habilitación legal para aplicar en el IBI un tipo al valor del suelo y otro al de la construcción, separación que la ley de haciendas locales hoy no permite.
- una captura homogénea y trazable de las plusvalías de recalificación.
- plazos de edificación con consecuencia real (venta forzosa, registro de solares), herramientas que están en nuestro derecho, con uno u otro nombre, desde la Novísima Recopilación, y cuya aplicación ha sido mínima; el propio Reglamento de Edificación Forzosa de 1964 admitía en su preámbulo que esos preceptos "apenas han sido aplicados" y que el Registro Municipal de Solares "no ha cumplido los objetivos que aconsejaron su establecimiento". El recorrido completo, de las casas a la malicia a la Ley del Suelo de 1992, lo repasé aquí.
Si cualquiera de las cuatro aparece en el texto que publique el BOE, vuelvo a este hilo y lo reconozco sin matices. Y si el decreto no llega a aprobarse, no lo contaré como acierto, porque la tesis habla de lo que se decide y no de lo que se aplaza.
Lo que nadie ha pedido
Lo más revelador del martes, para mí, no será lo que se apruebe. He repasado las exigencias de todos los grupos que han circulado estos días y no encuentro a nadie pidiendo que tener un terreno servido parado cueste dinero; ni la izquierda que habla de especulación, ni la derecha que habla de oferta, ni los nacionalistas que hablan de competencias; ERC se acerca por el lado de la vivienda vacía, que es otra cosa y ya es algo.
Cuando los que se acusan mutuamente de todo coinciden en dejar quieta la misma pieza, merece la pena preguntarse a quién protege esa pieza.
Mi respuesta lleva un año desarrollada en el hilo de los siete candados, con el decálogo de medidas y las cuentas de cada una.
Aquí me conformo con que el martes lo miremos cada uno con sus ojos y volvamos a hablar el miércoles.
Lo que el Consejo de Ministros del martes 29 no va a tocar, y por qué es justo lo que fija el precio.
Si nada se tuerce en las próximas veinticuatro horas (y en esta legislatura se tuerce casi todo), el Consejo de Ministros aprobará mañana el decreto de vivienda que se quedó en el cajón a finales de julio por falta de apoyos. Pedro Sánchez dijo ayer que trabajan "a contrarreloj" para llevarlo, y hoy el Gobierno lo da por hecho, con la reforma de la Ley del Suelo todavía dentro; el texto, sin embargo, sigue negociándose con Junts, que aprieta con sus deducciones fiscales, y con Podemos, que no se mueve de su línea roja. Cómo acabe ese pulso me importa poco para lo que quiero plantear aquí, que es más sencillo y bastante más molesto.
Pase lo que pase el martes, el suelo se queda como está. Habrá, si el decreto sale, una reforma que se llama Ley del Suelo, y hablaré de ella más abajo; lo que no habrá, salvo sorpresa, es una sola medida que cambie cuánto cuesta obtener, mantener o dejar sin usar el derecho a edificar.
Abro hilo propio porque la tesis merece discusión aparte y porque se puede comprobar mañana mismo, lo cual no pasa a menudo; y la formulo sin rodeos: el mayor problema de la vivienda en España es el suelo, entendido como ese derecho a convertir un terreno en viviendas (dónde se concede, quién lo retiene y qué le cuesta retenerlo). Salvo esa reforma procesal del planeamiento, todo lo que se apruebe el martes actúa aguas abajo de ese derecho.
Lo que habrá sobre la mesa
Según el resumen que distribuyó ayer Europa Press, el texto pactado entre PSOE y Sumar tiene dos bloques. El primero busca estabilizar el alquiler y combatir el embeleco con prórroga de los contratos que venzan antes de julio de 2028, regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, subida al 21% del IVA de los pisos turísticos y bonificaciones fiscales a los propietarios que rebajen la renta. El segundo, más difuso, habla de movilizar vivienda asequible, y ahí aparece la reforma de la Ley del Suelo.
Por encima de todo ello flota desde el miércoles el desahucio de Maricarmen, que ha metido la protección frente a los lanzamientos en el centro de la negociación, y la lista de Junts con ventajas fiscales para los inquilinos, deducciones para los pequeños propietarios hipotecados y cuentas de ahorro para la vivienda.
Clasifícándolo con calma:
- La prórroga y la temporada deciden cómo se reparte y se usa el parque que ya existe, entre inquilino y propietario y sobre el mismo stock.
- Las bonificaciones y deducciones al propietario cambian la rentabilidad de ese mismo parque.
- Las ventajas al inquilino y las cuentas de ahorro para comprar actúan por el lado de la demanda.
- El IVA turístico pone precio a uno de los usos que compiten por esas mismas viviendas.
Alguna de estas medidas puede ser razonable, y no seré yo quien desprecie que la prórroga evite unos cuantos desahucios este invierno, pero ninguna añade un solo metro cuadrado edificable; y ninguna hace que tener un solar servido esperando cueste un euro más que hoy.
Por qué el suelo y no otra cosa
David Ricardo dejó escrita hace dos siglos una idea que la discusión española sobre vivienda sigue sin digerir. Decía, más o menos, que el grano no es caro porque haya que pagar renta por la tierra, sino que se paga renta por la tierra porque el grano es caro. Traducido al ladrillo, el precio de un piso lo fija lo que el comprador puede pagar (salario, crédito, ayuda de los padres, ayuda del Estado) frente a una oferta que no reacciona; el coste de construir es, con todos sus sobresaltos, un coste que cualquier promotor puede replicar; lo que no se puede replicar es el permiso para construir en un sitio donde la gente quiere vivir.
Alguno pensará que Ricardo me quita la razón, porque según él el suelo no causa el precio sino que lo recoge, pero justo por eso me la da.
Cuanto más rígida sea la oferta de suelo edificable allí donde crece la demanda, mayor parte de cualquier ayuda acabará capitalizada en precios, y no en viviendas; una parte irá al piso usado, otra a márgenes y, en los años buenos, a costes de obra. Pero en la promoción nueva el mecanismo es casi contable, porque el promotor calcula cuánto puede pagar por el solar restando al precio de venta la construcción, la financiación, los impuestos y su margen, así que toda capacidad de pago adicional del comprador sube lo que ese solar puede soportar. Las ventajas fiscales al inquilino, las cuentas de ahorro para la vivienda, cualquier aval público a la entrada, todo eso empuja en esa dirección si la oferta no se mueve.
Ricardo, bien leído, no niega que el problema sea el suelo; dice dónde mirar para saber quién se queda con la renta.
El suelo que hay y el que falta
La objeción clásica es que suelo sobra, que España tiene más terreno calificado que viviendas pendientes y que el problema será otro. Tiene su parte de verdad, y conviene mirarla con los datos del propio Ministerio.
El estudio Sectores residenciales en España 2025, que la Dirección General de Vivienda y Suelo presentó en marzo a partir del Sistema de Información Urbana, recoge 1.069 grandes sectores en 400 municipios con capacidad para unas 2,47 millones de viviendas; el 64,4% ni siquiera se ha empezado a urbanizar y solo 276 tienen ya suelo urbanizado disponible, con 489.186 viviendas pendientes.
Eso tampoco quiere decir que haya medio millón de viviendas esperando sobre solares vacíos, porque en 154 de esos sectores la edificación ya ha empezado y en otros 103 está avanzada. Quedan 19 grandes sectores completamente urbanizados en los que todavía no se había puesto un ladrillo, con capacidad para 36.398 viviendas. Y cuando el Ministerio estudia la dinámica de los sectores que ya están en fase avanzada, estima que han necesitado de media 18,5 años para completar la edificación; la cifra es de ese grupo, no de los 276.
El informe no dice cuánto de esa lentitud se debe a retención del suelo y cuánto a financiación, ritmo de venta, tramitación o costes, y yo tampoco voy a fingir que lo sé. Lo que sí deja claro es que el problema no se acaba cuando el suelo pasa a estar servido; ahí empieza otro reloj, y nuestro sistema fiscal no lo hace correr más deprisa.
Para poner las cifras al lado de algo, el déficit acumulado de los últimos cinco años oscila, según quién lo calcule, entre las 320.000 viviendas que da Servihabitat y las cerca de 750.000 del Banco de España para 2021-2025, y en 2025 se visaron 139.016 viviendas de obra nueva.
Ahora el otro lado del mismo estudio. Barcelona, Bilbao, Vigo y Pamplona quedan fuera porque ninguno de sus sectores cumple los criterios de inclusión (al menos mil viviendas previstas y menos del 70% edificado), y el propio Ministerio habla de un "desafío estructural" por escasez de suelo urbanizable; las grandes bolsas están en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid y, en suelo todavía sin urbanizar, Murcia. Como el estudio solo selecciona sectores grandes, el solar urbano suelto, que es justo lo que escasea dentro de las ciudades con demanda, se queda fuera de la foto.
Así que el suelo falla dos veces, y por eso me parece el problema mayor. En varias de las áreas donde la demanda aprieta más, la oferta de nuevo suelo edificable no crece al ritmo que piden las necesidades de vivienda; donde el derecho ya está concedido y el terreno urbanizado, ejercerlo puede tardar lustros. El solar paga su IBI, sí, y su coste financiero, pero ningún recargo específico por seguir parado.
Son dos caras de la misma moneda, quién decide cuándo un terreno se convierte en viviendas y qué le cuesta no hacerlo, y ninguna de las dos estará el martes encima de la mesa.
La única pieza de suelo, y está en el aire
Sería injusto no reconocer lo que sí trae el decreto. Según lo que Podemos le contó a Público en julio, el borrador toca dos cosas de la ley estatal: el sistema de invalidez y recursos contra el planeamiento, con reglas para limitar los efectos de determinados vicios, permitir subsanaciones y restringir la impugnación indirecta de los planes, y el régimen registral de determinados derechos de reversión sobre terrenos expropiados.
Es, en esencia, la reforma que el PSOE llevó al Congreso en 2024 y que volvió a presentar con el PNV en 2025, y que fracasó las dos veces. Quienes la defienden recuerdan los planes generales anulados en Castellón, Vigo, Gijón o Marbella, con ciudades enteras viviendo en régimen transitorio durante más de una década.
Me parece bien en lo sustancial y lo he defendido en el hilo de los candados, que un plan sobreviva a sus defectos de forma es condición para que se construya algo, pero conviene ver de qué lado cae. Esta reforma quita un freno, no pone precio a nada. Un plan que no se anula sigue permitiendo que el titular del sector espere, y el decreto no elevará ni un céntimo el coste específico de mantener sin edificar un solar residencial servido. Es la mitad del problema que se cobra rápido; la otra mitad, la que encarece retener, no ha entrado ni en el borrador.
Y aun así el suelo es la pieza más fruta de todo el texto. Podemos la ha convertido en su línea roja y la describe como una puerta abierta a la especulación y a los bowling; Junts sostiene que invade competencias autonómicas; el PNV la quiere por seguridad jurídica; la patronal de la construcción la defiende como medida de oferta; el PP pide facilitar suelo y ataca el resto del decreto por intervencionista.
Hay un fondo legítimo en la queja de Podemos (restringir la impugnación de un plan también restringe el control ciudadano, y la respuesta seria es graduar la nulidad, no blindar el plan), pero el efecto de tanto rechazo cruzado es que esta pieza sigue abierta en la negociación hasta el último minuto. Si acaba recortada o fuera del texto, lo que se habrá cedido para reunir apoyos es precisamente la única parte del decreto que modifica las reglas por las que el planeamiento llega a convertirse en suelo edificable.
Michael Heller llamó anticommons, o tragedia de los anticomunes, a la situación en la que un recurso se queda sin usar porque demasiados actores tienen algo que decir antes de que se use, y cada uno puede frenar. El urbanismo español es una versión imperfecta pero reconocible: propietarios, junta de compensación, reparcelación, informes sectoriales, infraestructuras y dos o tres administraciones tienen que encajar antes de que el derecho abstracto a construir se convierta en un portal con buzones.
El martes veremos la misma estructura a escala parlamentaria, con cada grupo sosteniendo su veto, y en direcciones opuestas, sobre la única pieza que toca el suelo. El decreto no solo deja fuera el problema; lo reproduce.
Si el decreto sale del Consejo, su contenido de suelo será, como mucho, la pieza procesal de la invalidez de los planes y las reversiones, en la versión que sobreviva a la negociación. No aparecerá ninguna de estas cuatro cosas:
- un recargo anual sobre el suelo residencial servido que sigue sin edificar, al estilo del que Irlanda cobra desde 2025 (un 3% anual sobre el valor de mercado).
- la habilitación legal para aplicar en el IBI un tipo al valor del suelo y otro al de la construcción, separación que la ley de haciendas locales hoy no permite.
- una captura homogénea y trazable de las plusvalías de recalificación.
- plazos de edificación con consecuencia real (venta forzosa, registro de solares), herramientas que están en nuestro derecho, con uno u otro nombre, desde la Novísima Recopilación, y cuya aplicación ha sido mínima; el propio Reglamento de Edificación Forzosa de 1964 admitía en su preámbulo que esos preceptos "apenas han sido aplicados" y que el Registro Municipal de Solares "no ha cumplido los objetivos que aconsejaron su establecimiento". El recorrido completo, de las casas a la malicia a la Ley del Suelo de 1992, lo repasé aquí.
Si cualquiera de las cuatro aparece en el texto que publique el BOE, vuelvo a este hilo y lo reconozco sin matices. Y si el decreto no llega a aprobarse, no lo contaré como acierto, porque la tesis habla de lo que se decide y no de lo que se aplaza.
Lo que nadie ha pedido
Lo más revelador del martes, para mí, no será lo que se apruebe. He repasado las exigencias de todos los grupos que han circulado estos días y no encuentro a nadie pidiendo que tener un terreno servido parado cueste dinero; ni la izquierda que habla de especulación, ni la derecha que habla de oferta, ni los nacionalistas que hablan de competencias; ERC se acerca por el lado de la vivienda vacía, que es otra cosa y ya es algo.
Cuando los que se acusan mutuamente de todo coinciden en dejar quieta la misma pieza, merece la pena preguntarse a quién protege esa pieza.
Mi respuesta lleva un año desarrollada en el hilo de los siete candados, con el decálogo de medidas y las cuentas de cada una.
Aquí me conformo con que el martes lo miremos cada uno con sus ojos y volvamos a hablar el miércoles.
