Chaparro propone expulsar a patadas a los acampados de Sol
Un dirigente de Democracia Nacional, Pedro Chaparro, ha planteado que bastaría con «un grupo decidido de valientes» para desalojar
a patadas la acampada de la Puerta del Sol. Lo ha escrito en un tuit, con el añadido de que a los allí concentrados no les importan «ni la vivienda social» ni los campamentos de Ceuta. La frase ha funcionado como una cerilla: en horas ha ordenado el comentario político del día, entre quienes ven una incitación a la violencia callejera y quienes le reprochan que solo se acuerde de actuar cuando los señalados son españoles.
No hay en el mensaje ni orden judicial, ni dispositivo policial, ni cifra de efectivos. Hay una convocatoria a la acción por cuenta propia, y eso cambia por completo el terreno de juego.
Qué propone exactamente Chaparro
El texto sostiene que los acampados son
indesalojables solo mientras nadie se decida a moverlos, y ahí sitúa la solución:
un grupo organizado que los eche por la fuerza. Chaparro mezcla en el mismo párrafo la acampada madrileña, la vivienda social y la situación de los campamentos en Ceuta, tres asuntos con responsables administrativos distintos y ninguna relación operativa entre sí.
Ese batiburrillo no es casual. Funciona como argumento de doble vara, y la doble vara es justo lo que más ha circulado. Una parte del comentario ha preferido no discutir el fondo —si procede o no desalojar— y ha fijado el foco en que, para ese sector, la calle se defiende contra unos y no contra otros.
La doble vara: acampadas en Sol y campamentos en Ceuta
La objeción más repetida es de simetría: si el problema es ocupar espacio público de forma irregular, la misma vara debería aplicarse a los campamentos en Ceuta, a los de la Casa de Campo o a las concentraciones de Ferraz. La comparación tiene trampa, porque la situación administrativa de unos y otros no es la misma, pero el efecto político es real: deja la sensación de que
el rasero cambia según quién esté en la plaza.
Una segunda línea de reproche apunta a la selección del objetivo. Se argumenta que proponer echar a particulares es más barato que exigir cuentas a la Administración por la falta de vivienda pública o por la gestión de los campamentos. Es la crítica clásica al gesto de fuerza: mucho ruido en el canal corto, silencio en el largo.
Sobre el flanco confesional, un mensaje recordaba que las siglas que se reclaman católicas tampoco se han pronunciado sobre el llamamiento papal en Francia a integrar a los migrantes. El silencio, ahí, también se lee como toma de posición.
¿Por qué se llama a expulsar a la acampada y no a otros campamentos?
Porque la acampada de Sol es un objetivo fácil y visible, y porque proponerlo sin ejecutarlo no cuesta nada. La pregunta de fondo es otra: quién ejecuta. El mensaje habla de valientes, no de policías.
Esa diferencia importa. Desalojar por cuenta propia es un delito; desalojar por orden de la autoridad competente es una medida administrativa, discutible pero legal. Buena parte de la discusión se ha ido justo ahí. Y enfrente aparece la corriente que sostiene que lo que faltó fue precisamente
mano dura institucional desde el primer día, con gases y pelotas de goma en lugar de cuadrillas de particulares. Ese argumento tiene una virtud: reconoce que el problema es de autoridad, no de voluntarios.
La acampada como herramienta: botellón, autodefensa y prueba de simetría
De la provocación han salido ideas más creativas que la provocación misma. Una pasa por replicar el formato con otra finalidad: acampar y montar botellón frente a los ayuntamientos de toda España para medir cuánto tarda la policía en desalojar a los que protestan. Es la vieja prueba de la doble medida convertida en experimento de campo.
Otra propuesta defendía la simetría por arriba: que acampen los de un signo y, si hay incidentes, invocar la autodefensa. Es una escalada de patio de colegio —a mí me dejan, luego yo también— que en el mejor de los casos acaba en denuncias cruzadas.
Entre medias, el aviso de que un desalojo por sorpresa puede acabar mal. No hace falta ninguna profecía: basta con imaginar a gente durmiendo al raso y a un grupo con la adrenalina por las nubes. La factura política de un herido la pagaría entera quien firmó la idea primero.
El resultado: una propuesta sin ejecutor y un tablero que no cuadra
Han quedado claros los reproches, los paralelismos y las ocurrencias. Lo que no ha aparecido por ninguna parte es un cálculo de cuántas personas hay en la acampada, cuánto costaría un desalojo por vía administrativa ni qué haría la Delegación del Gobierno, que es la única con competencia para mover a nadie de ahí. Sin esos datos, todo lo demás es ruido táctico con fecha de caducidad: dura lo que dura el ciclo de noticias.
Y mientras ese cálculo no aparezca, el asunto seguirá atascado exactamente en el punto donde lleva desde el primer minuto. Una frase, cien interpretaciones y ni un solo dato operativo.