Democracia Nacional invita a expulsar a los acampados de Sol a patadas

Democracia Nacional llama a expulsar «a patadas» a los acampados de Sol​

Un dirigente de Democracia Nacional ha pedido que un grupo de «valientes» desaloje por la fuerza la acampada de la Puerta del Sol. En su mensaje sostiene que los acampados son «indesalojables» solo en apariencia y que bastaría con «correrlos y echarlos a patadas». La primera respuesta llegó con una advertencia: «Cuidado con el fascismo». No es una propuesta de desalojo administrativo, es una invitación a que particulares tomen la plaza por su cuenta, y esa distancia es la que tensa toda la conversación.

El mensaje va más allá del campamento. Apela al caso de Mari Carmen, a la vivienda social, a las agresiones sexuales denunciadas en los campamentos de Ceuta y a la inseguridad en las calles para argumentar que quienes permanecen en la plaza no defienden ninguna causa legítima. Con ese envoltorio, la acampada deja de ser un problema de orden público y se convierte en un enemigo a batir.

¿Qué diferencia hay entre desalojar y expulsar a patadas?​

La frontera es jurídica. Un desalojo ordinario exige una orden, un procedimiento y una autoridad competente; lo que plantea el dirigente es un grupo de civiles dispuesto a emplear la fuerza. Ahí aparece el argumento que más se repite en su defensa: que el delegado del Gobierno debería haberlo hecho «desde el primer día». La crítica no discute el fondo —si la acampada debía desmantelarse— sino quién y cómo.

Contra esa lógica pesa una objeción difícil de esquivar. Habilitar a cuadrillas de particulares para repartir estopa abre una puerta que después no cierra nadie, y traslada al vecino una tarea que la ley reserva a la policía. Nadie aclara qué competencia tiene un «grupo de valientes» para vaciar una plaza pública, ni qué ocurre cuando el grupo equivoca el objetivo.

La doble vara entre la Puerta del Sol y los campamentos de Ceuta​

El reproche con más recorrido es el del trato desigual. Una intervención lo resume: sorprende que se plantee vaciar en horas una acampada mientras los campamentos de migrantes en Ceuta llevan meses en pie. La comparación se repite hasta la saciedad y se convierte en el eje del enfado. Para muchos, la velocidad del desalojo mide la voluntad política, no la legalidad.

También es la más discutible. Mezcla dos supuestos que no son equivalentes —una protesta y una situación migratoria— y da por hecho que la única diferencia entre uno y otro es quién manda. Con ese marco, cualquier desalojo lento se lee como complicidad y cualquier prisa, como favor.

El fuego que llega desde la propia derecha​

Si algo llama la atención es que buena parte del reproche no viene del otro lado. Se acusa a la formación de cobardía: de llamar a los suyos a la acción solo cuando el objetivo no ofrece resistencia. Otra línea la sitúa como una versión reciclada de siglas ya existentes, y no falta quien le echa en cara incluso su posición en política exterior.

El detalle más curioso es el simbólico. Un mensaje recuerda que la formación luce una cruz en su emblema y juega con la ironía: serán católicos y apostólicos, pero nunca han declarado ser romanos. La identidad religiosa se convierte en campo de batalla interna, y el ridículo pesa más que la doctrina.

Gases, mangueras o un botellón en cada ayuntamiento​

Las recetas sobre el cómo se multiplican. Una apunta a la actuación policial con gases lacrimógenos y pelotas de goma; otra, más doméstica, a los bomberos y las mangueras a presión. La más ingeniosa invierte la lógica por completo: organizar acampadas y botellones delante de todos los ayuntamientos de España y medir cuánto tardan en desalojarlas. Si el problema es la tolerancia con la ocupación del espacio público, la prueba consiste en extenderla a todos los municipios.

En paralelo se reivindica la propiedad privada y el derecho a defenderse dentro de ella, el viejo principio del castillo. Traducido al caso: si la plaza no es de nadie, tampoco de quien la ocupa. Otro relato personal describe un incidente nocturno junto a un coche en el que acabaron interviniendo siete agentes.

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Con estos mimbres, el desenlace es el de siempre. Unos piden mano dura y trasladan a la policía la tarea que no asumen los ciudadanos; otros reclaman el mismo rasero en todas partes; y el dirigente que abrió el fuego sigue sin explicar de dónde sale la legitimidad de su «grupo de valientes». Justo ahí se atasca todo.