Noticia: Desaparecidos valencia se crea listado no oficial

293 nombres: el listado ciudadano y la brecha con el recuento oficial​

Un teléfono, una web abierta a cualquiera y la misma pregunta repetida en cada llamada: ¿tienen ustedes a alguien con este apellido? Con ese método, sin equipo y sin respaldo institucional, un particular levantó un listado no oficial de desaparecidos de la DANA de Valencia que, según su propio recuento, llegó a reunir 293 nombres. La página se presentó como un registro transparente donde cualquier familiar podía inscribir a un desaparecido, consultar la lista completa y recibir acompañamiento. Terminó cerrada, con su promotor arrepintiéndose de haberla empezado.

El proyecto nunca pretendió ser un registro administrativo. Su impulsor lo definió como una iniciativa «NO OFICIAL», abierta a cualquiera, con un compromiso explícito: acompañar, informar y ayudar a las familias en todo lo que estuviera en su mano. Detrás había un compromiso: que la lista fuera visible para todo el mundo.

Qué es el listado no oficial de desaparecidos de la DANA​

La idea arrancó como una página de inscripción libre. Cualquier persona con un familiar desaparecido podía darse de alta, el listado quedaba a la vista de todos y el objetivo declarado era doble: localizar a los que aún no habían aparecido y sostener a quienes llevaban días sin noticias. Las consultas, según su autor, se atendían a diario y sin filtros: familiares, vecinos y voluntarios buscando apellidos concretos entre cientos de nombres.

El proyecto se planteó pronto como algo más que una web. Su responsable pidió colaboración expresa de abogados, psicólogos y voluntarios, y llegó a comprometerse públicamente a pagar por asistencia jurídica. La idea era montar un grupo de acompañamiento a víctimas de injusticias que sobreviviera al episodio concreto de la riada.

Ese mismo compromiso público es el que hace más llamativo el desenlace: el mismo promotor que prometió ante todos dedicar «todo mi esfuerzo» a la causa cerró el proyecto y su cuenta de difusión alegando presión y desgaste personal.

293 nombres: así se levantó la lista sin medios oficiales​

El método fue artesanal y está descrito con detalle por su autor: llamadas telefónicas, un formulario abierto en la web y trabajo de campo. «Cuando estás allí en el terreno y preguntas a la gente te lo dicen, se preocupan por buscar los apellidos», relató. El resultado, según su propio recuento, fue un listado que superaba la cifra oficial de desaparecidos manejada entonces.

El recuento no se hizo solo con llamadas. El promotor relató que investigó casos que no aparecían en ningún sitio, entre ellos el de un grupo de trabajadores temporeros del sector de la naranja que vivía en un asentamiento de tiendas de campaña y construcciones precarias. Nunca supo qué fue de ellos. Una versión sostenida entonces, y no confirmada, apuntaba a que el asentamiento había sido desalojado la víspera, algo que a él mismo no le encajaba.

La cifra de 293 no consta verificada por ninguna fuente independiente. Es el número que el propio responsable del listado dio por bueno, y así lo repitió cuando ya había dejado de añadir nombres. La cifra oficial, en cambio, se mantuvo por debajo según su versión. Ese desfase entre listado ciudadano y recuento público es el corazón de todo el asunto.

El riesgo legal: protección de datos y las advertencias sobre la AEPD​

La objeción técnica apareció casi desde el primer día y no venía de la administración, sino de los propios seguidores de la iniciativa. Publicar nombres y apellidos de desaparecidos sin consentimiento puede chocar con la normativa de protección de datos, y varias voces advirtieron de que las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos pueden ser elevadas. «Puedes salir esquilmado», resumió uno de los primeros avisos.

El promotor reaccionó buscando cobertura formal. Pidió un abogado, se ofreció a pagarlo y anunció que la web se estaba construyendo con textos legales. Un profesional jubilado se ofreció a redactar aviso legal, política de privacidad, política de cookies y formularios. La parte jurídica, sin embargo, nunca llegó a consolidarse como estructura estable antes del cierre.

Hay un detalle que explica la ansiedad legal: la naturaleza de los datos. No se trataba de un censo administrativo con base jurídica propia, sino de un registro abierto en el que terceros inscribían a terceros. Cualquier error —un nombre mal escrito, un dato de un menor, una persona localizada que seguía en la lista— convertía una buena intención en un expediente.

¿Por qué no se podía ver el listado de desaparecidos?​

Porque la web era nueva y algunos filtros de seguridad la trataban como dominio sin reputación, cuando no directamente como riesgo alto. Hubo quien comprobó que su red bloqueaba la página y quien, simplemente, no encontraba el listado por ningún lado. La explicación oficial del proyecto fue siempre la misma: es nueva, hasta que gane tráfico y los buscadores confíen en ella, no será visible con normalidad.

Esa invisibilidad técnica alimentó la desconfianza. Si el argumento de venta era la transparencia total y el listado no aparecía, la sospecha estaba servida: desde quien preguntaba cuánto tardaría en ser censurado hasta quien dudaba de la existencia misma de los datos. La paradoja es notable: un registro nacido para hacer visibles a los desaparecidos se volvió invisible por motivos de reputación de dominio.

Amenazas, presión política y el final del proyecto​

El relato final del promotor es el de alguien que se siente usado. Aseguró haber recibido insultos y amenazas desde el principio, haber rechazado el apoyo de un partido político cuando dejó de hacer lo que ese partido quería y haber sido objeto de lo que describió como un montaje con actores para envolverlo y arruinar su vida personal. También contempló la hipótesis de una infiltración organizada y la alternativa de estar «saliendo loco».

Ninguna de esas afirmaciones está respaldada por pruebas públicas. Se trata de la versión de una persona que se sintió vigilada y manipulada, y así debe leerse. Lo que sí es verificable es el desenlace: cerró su perfil de difusión, con casi 10.000 seguidores, para no beneficiarse de él, dio su misión por concluida y compartió la lista para que circulara libremente. «Me arrepiento mucho de haber empezado esta iniciativa», escribió.

El episodio dejó además un rastro de disputas laterales: acusaciones de ser una pieza de disidencia controlada, defensas cerradas del proyecto y derivas hacia tesis conspirativas sobre la gestión de la catástrofe que no cuentan con respaldo probatorio. En ese ruido se diluyó lo único concreto: 293 nombres y una lista que ya nadie custodia.

Qué queda del listado y qué dicen las cifras oficiales​

Queda una lista que circula copiada de pantalla en pantalla, sin responsable que la actualice ni forma de comprobar cuántos de esos nombres corresponden a personas ya localizadas. Queda también una pregunta sin cerrar: por qué un recuento ciudadano pudo superar al oficial en un episodio con cientos de familias esperando noticias.

El propio impulsor dejó de añadir nombres y reconoció que lo hizo por razones que nunca detalló del todo. Antes de desaparecer anunció que daría un dato revelador a las cinco de la tarde. No consta que llegara a darlo.

Ahí está el dato que descoloca: el listado más completo del que hay noticia lo hizo un particular por teléfono, sin acceso a registros, sin equipo jurídico y sin apoyo institucional. Y hoy está cerrado.