Después de la regularización masiva y el efecto llamada, Sánchez apuesta ahora por la línea más dura del pacto europeo de migración y asilo.

Política

Sánchez apuesta ahora por la línea más "dura y restrictiva" del pacto europeo de migración y asilo​

Acelera las expulsiones hasta situarse, según CEAR, en la línea de los países más restrictivos de la UE tras las críticas por la crisis migratoria de Ceuta y el efecto llamada de la regularización.

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Un vehículo militar patrulla por la playa del Trampolín de Ceuta en labores preventivas ya que numerosos migrantes continúan asentados en este lugar. EFE/ ReduanEFE
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Olga R. SanmartínMadrid
Madrid
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Actualizado Miércoles, 26 agosto 2026 - 23:22
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El Gobierno del Aquarius y de la regularización extraordinaria abraza ahora la línea más dura y restrictiva de la UE contra la inmi gración, casi un mes después de la entrada masiva en Ceuta de 80.000 sin papeles procedentes de Jovenlandia. Pero no quiere admitir el giro. Hasta cinco veces habló el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de un enfoque "garantista" con los "derechos humanos" durante el anuncio, el pasado martes, de las modificaciones de las leyes de Asilo y Extranjería aprobadas para agilizar las expulsiones.

Pero, en realidad, su reforma no ha tenido en cuenta las aportaciones de las ONG, que pedían medidas "centradas en las personas y sus derechos". Es más, se ha convertido en "todo lo contrario", según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que advirtió ayer que las reformas son "regresivas", van "en la línea de los países con políticas más restrictivas en la UE", son incluso "más duras de las que obliga" el Pacto Europeo de Migración y Asilo y ponen en "grave peligro" a las personas que pueden necesitar protección internacional.

Este giro de timón del Gobierno se produce tras las críticas por su inacción en la crisis migratoria, con 8.000 extranjeros -según fuentes policiales- varados en Ceuta y tras la censura de hasta 22 países de la UE que han considerado que el proceso de regularización masiva de forasteros de Pedro Sánchez ha podido tener un "efecto llamada" que ha multiplicado la avalancha. El Ejecutivo ha pasado de prácticamente no realizar expulsiones a anunciar, tras el Consejo de Seguridad Nacional del martes, un nuevo sistema al que los expertos en asilo ven muchos problemas.

El Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024, diseñó un nuevo modelo de protección internacional que se tradujo en nueve reglamentos y una directiva. En ellos hay disposiciones que establecen varias opciones o graduaciones que es necesario concretar en la legislación nacional. Pero el Gobierno ha ido a la parte más severa de las horquillas. Se traslada así un mensaje de firmeza que intenta maquillarse con pequeñas concesiones «en situaciones concretas de vulnerabilidad», como la de las mujeres víctimas de violencia de género o el colectivo LGTBIQ+:

1. RAPIDEZ​

Hasta ahora, en la resolución de las solicitudes de asilo para las entradas irregulares de forasteros por Ceuta y Melilla se ha aplicado un procedimiento ordinario. Existe un procedimiento fronterizo que se reservaba todo para las llegadas por los aeropuertos. Ahora se aplicará este procedimiento fronterizo también en Ceuta y Melilla y en las llegadas en pateras; es decir, será la norma para todos los extranjeros que entren de forma irregular y quieran pedir protección internacional. Se trata de "unos trámites más rápidos pero menos garantistas", según CEAR.

Si con el procedimiento ordinario se daba un plazo de seis meses para que el Ministerio del Interior resolviera la solicitud durante la fase administrativa -en la práctica, el papeleo duraba una media de 18 meses-, ahora en 12 semanas tendrá que estar resuelto, no sólo en la fase administrativa sino en la judicial. Se establecen, de hecho, seis semanas de máximo para la fase administrativa y seis semanas para los recursos judiciales. Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional está resolviendo ahora los recursos contra las denegaciones de asilo que se presentaron tras la entrada masiva de 2021. Es decir, el Gobierno quiere dejar en tres meses un proceso que hasta ahora puede tardar un lustro. Y se elimina la posibilidad de los forasteros que ven rechazada su solicitud de presentar un primer recurso administrativo.

2. PERMANENCIA​

Hasta ahora todo solicitante de asilo tiene derecho a permanecer en España de forma provisional. A partir de la reforma del Gobierno se establecerán limitaciones y no tendrán ese derecho los que lleguen por Ceuta y Melilla, en pateras o por puestos fronterizos habilitados sin cumplir los requisitos legales (por ejemplo, una persona que llega por el aeropuerto pero no tiene medios económicos para justificar su estancia). Tampoco tendrán este derecho las personas que incumplen una prohibición de entrada previa, según explica Elena Muñoz, abogada especializada en derecho de asilo de CEAR, que considera que "es una interpretación muy restrictiva" del pacto europeo, pues "no obligaba" a este extremo.

3. PAÍSES SEGUROS.​

El pacto europeo no obliga a que los países hagan un listado de países seguros (aquellos que tienen una tasa de aceptación de solicitudes de asilo igual o inferior al 20%), pero España contempla hacerlo. Esto permite agilizar los trámites. Se hace un proceso acelerado que, en muchos casos, implica la denegación automática de las peticiones en caso de no existir circunstancias excepcionales. Es decir, se pueden rechazar más fácilmente las solicitudes de ciudadanos de Jovenlandia por considerarse un país seguro, a pesar de que los opositores políticos o la comunidad LGTBIQ+ sí tendrían derecho a protección.

4. EMBAJADAS.​

Las ONG pedían reforzar la posibilidad de solicitar el traslado desde embajadas y consulados para presentar la solicitud de asilo en España y esta opción ahora se debilita, dejándolo a discreción de estas representaciones cuando tengan conocimiento de algún caso.

5. DETENCIONES.​

La reforma mantiene los 60 días actuales como plazos de internamiento en los CIE, pero se prevé la posibilidad de internar de nuevo a un forastero, hasta un máximo de 120 días, si solicita protección. Por otro lado, permite la extensión de las detenciones y de la privación de libertad, tanto durante el triaje para identificar a los forasteros y detectar vulnerabilidades (de 72 horas hasta siete días con autorización judicial) como durante el procedimiento fronterizo (de un máximo de ocho días pasaría a dos semanas).