Detenido un policía de torrejón de ardoz tras asfixiar accidentalmente a un ladrón mientras le retenía

Detenido un policía de Torrejón por asfixiar al ladrón que le robó el móvil​

La escena cabe en una frase y explica un país entero: dos agentes de la Policía Municipal de Torrejón de Ardoz, fuera de servicio, son atracados a las 23:15 de un martes en la intersección de las calles Calderas y Pesquera. Persiguen a los asaltantes, interceptan a uno y, durante la retención en el suelo, el hombre de 35 años y origen magrebí muere por estrangulamiento antes de que llegue el SUMMA 112. El agente queda detenido por la Policía Nacional, que instruye el caso a través del Grupo V de Homicidios. La calificación provisional apunta a un homicidio imprudente, no a un acto de servicio.

A partir de ahí, el asunto deja de ser un suceso y se convierte en un termómetro. La discusión pública se parte en dos aguas que apenas se hablan: quienes sostienen que un delincuente habitual murió mientras cometía un delito y quienes advierten de que un funcionario armado no puede administrar justicia en la acera. Entre medias, un detalle que nadie discute y que lo envenena todo: la víctima mortal tenía antecedentes por robos y altercados, y el móvil robado era de dos policías.

Qué pasó en la calle Calderas de Torrejón​

El relato oficial, tal como circula, es escueto. Dos individuos abordan a dos hombres que resultan ser agentes municipales fuera de servicio. Les roban el teléfono. Los agentes reaccionan, persiguen a los ladrones y alcanzan a uno. En el forcejeo, el policía le retiene contra el suelo y le provoca la asfixia que acaba con su vida. Los servicios sanitarios confirman el fallecimiento en el lugar.

La clave jurídica está en esa palabra que lo cambia todo: accidentalmente. Si la muerte se produce en el curso de una detención y sin intención de matar, el marco es el homicidio imprudente. Si se acredita un uso desproporcionado de la fuerza, el marco se mueve. Y si se entiende que el agente actuaba en defensa propia o de terceros, la cosa cambia otra vez. El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional tiene la pelota.

Hay un elemento que la opinión pública no digiere bien y que conviene poner sobre la mesa sin adornos: el fallecido era, según las informaciones publicadas, un delincuente habitual en la localidad, con problemas de toxicomanía y episodios recientes de peleas y robos. Eso no lo convierte en culpable de nada nuevo, pero explica por qué una parte del público ha recibido la noticia con un encogimiento de hombros.

La doble vara de medir que indigna a media España​

Aquí es donde el suceso se convierte en síntoma. El argumento que más se repite no es jurídico, es comparativo: cuando a un ciudadano cualquiera le roban el móvil, la respuesta institucional suele ser un encogimiento de hombros y un «estoy atado de pies y manos». Cuando el móvil robado es de dos agentes, aparece la persecución, la interceptación y el forcejeo. La conclusión que extrae buena parte del público es incómoda: la ley se activa cuando el perjudicado lleva placa.

No es una tesis descabellada. Hay quien lo formula con más crudeza y quien lo matiza: los agentes fuera de servicio son ciudadanos con los mismos derechos que cualquiera, y perseguir a quien te acaba de atracar no es un privilegio, es lo que haría cualquiera con reflejos. El problema no es que persiguieran. El problema es dónde acabó ese impulso.

La otra corriente, minoritaria en volumen pero con peso institucional, pone el foco en el resultado: un hombre ha muerto a manos de un funcionario público durante una retención, y eso exige rendición de cuentas. La formación política Más Madrid en Torrejón de Ardoz pidió una investigación inmediata y calificó el caso, en un mensaje público, como un presunto episodio de racismo policial. La calificación es suya y está en el aire: la investigación dirá si hay algo detrás del forcejeo o si fue, literalmente, un accidente.

El policía detenido: entre la cárcel y la medalla​

La posición del agente es la más incómoda de todas y la que menos se ha discutido. Un homicidio imprudente cometido fuera de servicio no se considera acto de servicio, lo que significa que afronta el procedimiento sin el paraguas de la administración. Si la cosa acaba en prisión, entra en un módulo con personas a las que probablemente él mismo ayudó a meter ahí. Ese detalle, que parece de guion, es de los que se comentan en voz baja.

En el extremo opuesto, hay quien directamente le pondría una medalla. La frase circula sin complejos: un delincuente menos. Es la reacción visceral de una parte del público que ha interiorizado que el sistema no protege a la gente normal y que, cuando alguien se defiende, el Estado se pone del lado del agresor. No es un análisis jurídico, es un estado de ánimo colectivo, y conviene tratarlo como lo que es.

La previsión más extendida entre quienes siguen estos casos es que la cosa quede en poco: una condena por imprudencia, atenuada por el estrés del enfrentamiento, una indemnización pactada con la familia del fallecido y, con suerte, una suspensión temporal del servicio. El indulto, ese comodín que siempre aparece, se menciona como último recurso. Nada de esto está decidido.

Torrejón, fiestas y el miedo a que arda la calle​

El factor local añade presión. Torrejón de Ardoz celebraba sus fiestas en esas fechas, y en el ambiente flotaba la pregunta de si habría protestas. La hipótesis que se manejaba era que la indignación se dirigiera contra la comisaría. No ocurrió nada reseñable, pero el solo hecho de que se planteara dice mucho sobre cómo se percibe la relación entre la policía local y una parte de la población.

El trasfondo migratorio es el elefante que nadie quiere nombrar con precisión. El fallecido era de origen magrebí. Eso basta para que el caso se lea, en algunos círculos, como un episodio más de una tensión que lleva años cocinándose a fuego lento: robos de móviles que acaban en el norte de África o en Asia, bandas que operan con impunidad percibida, comisarías que no dan abasto. La cifra que se maneja en estos debates —cientos de miles de terminales sustraídos al año— se usa como prueba de que algo no funciona. Es un dato que se repite sin verificación independiente y que conviene tratar con pinzas.

Lo que nadie discute: la ley se aplica a todos, también a quien la aplica​

Hay un punto en el que las dos Españas coinciden, aunque les pese. Si un funcionario público causa la muerte de una persona durante una retención, la investigación es obligatoria. No es una venganza política ni una traición a los cuerpos de seguridad: es el precio de tener policía en un Estado de derecho. La discusión legítima es otra: si el procedimiento es proporcionado, si la prisión provisional está justificada y si el sistema protege o desampara a quien se juega el tipo en la calle.

El detalle que descoloca no es la detención. Es que, en el mismo país y la misma semana, un ciudadano puede perder el móvil y quedarse sin respuesta, mientras dos agentes recuperan el suyo y acaban con un muerto en el suelo. La pregunta no es si el policía es culpable. La pregunta es qué hemos construido para que la respuesta dependa de quién sea la víctima del robo.