Sanidad: Dos casos recientes sobre la sanidad pública que me acaban de contar

Dos testimonios de sedación exprés en la sanidad pública​

Una familia evita por la vía de la policía que seden a un septuagenario que evolucionaba bien de un edema pulmonar. Días después, el padre aparece muerto en la cama vacía. Ese es el primer caso. El segundo: una octogenaria con un ictus que razona, come con dificultad y pregunta cuándo vuelve a casa; a su hija y a su yerno les venden que ya está mayor, que el cateterismo es mucho rollo y que lo mejor es bajarla al sótano. Aceptan al momento.

El relato, publicado en un foro de economía y replicado durante meses, no es un informe clínico. Es un testimonio. Pero la conversación que desata —173 respuestas— funciona como una auditoría informal de cómo se toman las decisiones de final de vida en los hospitales públicos españoles. Y el diagnóstico que emerge no es tranquilizador.

Qué dicen los dos casos que abren el relato​

El primer paciente entra crítico, con oxígeno a 15 litros al 50%. La segunda gasometría ya es razonablemente normal, con oxígeno a 12 litros al 35%. Los riñones responden al tratamiento diurético, orina abundantemente y drena. Doce horas después está a 8 litros al 25%. Consciente. Contra todo pronóstico, evoluciona bien.

Aparece entonces el internista de planta. Según el relato, le dice a la hija que si la vida tiene un fin, que si la calidad de vida, que si lo importante es que no sufra, que si así ella se libera de una carga. Y que lo bajan al sótano a cambiarle la cánula de oxígeno por una vía de fentanilo. La hija llama a la policía y lo evita. Se queda seis días, día y noche. Cuando se ausenta tres horas para ducharse y coger ropa, vuelve a las seis de la madrugada: la cama está vacía.

El segundo caso es más explícito en el papeleo. Una mujer con ictus, prácticamente paralizada de un lado, que come y bebe con dificultad pero quiere hacerlo, habla mal y sigue razonando. Pregunta a médicos y enfermeras cuándo podrá irse a casa. A la familia le plantean que ya está muy mayor, que el cateterismo no vale la pena y que va a dar mucho trabajo cuidarla. La conclusión que les ofrecen es el sótano. Aceptan al momento.

El patrón que se repite en los testimonios​

La conversación no se queda en esos dos casos. Otros relatos dibujan una secuencia reconocible: paciente mayor, diagnóstico grave, oferta de sedación a la familia, consentimiento que firma quien esté más cerca o nadie. Una persona cuenta que a su abuela, con mala circulación en una pierna, le diagnosticaron de repente un fallo cardíaco con un 90% de probabilidad de fallo y la sedaron en cuanto la nieta se ausentó dos días. Otra describe a su madre ingresada por una caída, sentada y gastando bromas con los nietos el martes, sedada «para que estuviera más tranquila» el miércoles y con fallo renal el jueves.

Hay quien sostiene que no es maldad, sino eficiencia: un hospital es una fábrica con camas, coste por paciente y ratios de reingreso. El cálculo más cínico lo resume así: dos minutos es lo que tarda el sistema en decidir que una vida ya no es rentable. En contra pesa el argumento obvio: la señora del ictus preguntaba por su casa. Eso es capacidad de decisión, no una carga logística.

La línea entre sedar y matar​

La discusión deriva hacia el terreno legal. ¿Esto es eutanasia o es otra cosa? La distinción que se maneja es fina: una cosa es dejar morir con sedación paliativa y otra es aplicar un protocolo terminal sin consentimiento real. En el primer caso, la familia lo evitó con la policía; en el segundo, la familia aceptó. Ninguno de los dos pasó por un comité, por un documento de voluntades anticipadas ni por una segunda opinión. Al menos, no que se cuente.

El debate se encona cuando entra la pandemia en la ecuación. Varios mensajes sostienen que la medicina de guerra se normalizó desde entonces y que lo que antes era excepción ahora es rutina. Un participante aporta un dato de contexto: durante la crisis sanitaria, según un estudio británico que se menciona sin enlace, no hubo sobremortalidad en las residencias de ricos, en contraste con lo ocurrido en las públicas y concertadas. El dato se lanza como munición, no como conclusión.

El factor familia: heredar y el «empujoncito»​

Hay un ángulo incómodo que aparece en varios mensajes: la familia como parte interesada. Se argumenta que en un modelo como el español, con un Estado que actúa de proveedor y una generación que espera su parte, la sedación del abuelo puede leerse también como alivio económico. No hay datos que sostengan esa tesis en el material, solo sospecha. Pero la sospecha circula.

Más sólido es el relato de quien tuvo que decidir. Un participante cuenta que su padre, con cáncer de páncreas avanzado, le pidió que acabara con aquello. Otro, sanitario, relata que decidió sedar a su propio padre tras cinco años de supervivencia y una complicación, y admite que no hay día en que no se cuestione la decisión. Ninguno de los dos habla de presión médica. Hablan de decisiones propias, tomadas con dolor. La diferencia con los dos casos iniciales es precisamente esa: aquí alguien decidió. Allí, según el relato, alguien decidió por ellos.

Qué se puede verificar y qué no​

Nada de esto es un informe oficial. Son testimonios anónimos, sin nombres de hospital, sin fechas exactas y sin posibilidad de contraste. La conversación lo sabe y aun así la trata como síntoma, no como prueba. El valor del material no está en la exactitud de cada caso, sino en la coincidencia de patrones: mayores, sedación ofrecida, familia presionada, consentimiento difuso.

Queda el dato que descoloca. En el primer caso, el paciente estaba mejorando. En el segundo, la paciente preguntaba por su casa. Ninguno de los dos estaba en fase terminal declarada. Y en ambos, la conversación sobre el final llegó antes que la conversación sobre el tratamiento. Si eso es protocolo, alguien debería explicar de qué protocolo se trata.