La «prioridad nacional» aplicada a dos camas de Urgencias
La sanidad pública no es racista; sus costes parecen tener pasaporte. O al menos eso sostienen los trabajadores del Hospital Puerta de Hierro de Madrid al ver desde hace semanas a un paciente boliviano de 78 años con un tumor incurable y a un joven de 18 años con discapacidad intelectual, de origen peruano, varados en el servicio de Urgencias. El primero lleva casi una semana; el segundo, 14 días. La dirección, según ese relato, ahorra costes con pacientes sin familia que no van a presentar una queja.
La reunión de camas y el cuello de botella invisible
La «reunión de camas» es la charla diaria que mantiene la dirección del hospital con los jefes de servicio para decidir quién entra, quién sale y quién se queda en el limbo. En ese cónclave matutino se decide, por ejemplo, que un paciente terminal no puede ocupar una cama de planta porque su destino real es un hospital de cuidados intermedios. El problema es que plazas en la Fuenfría o en Santa Cristina son escasas y las listas se miden en semanas o meses. Urgencias se convierte así en sala de espera de un problema social, no médico.
Lo que no cuadra en la versión oficial es la instrucción que manejan los profesionales: con inmigrantes sin familia y sin capacidad de reclamar, el coste de la espera no genera ruido. Un paciente español con hijos que llaman cada mañana se mueve más rápido, dice el argumentario informal del hospital.
Dos lecturas para un mismo caso
Hay quien lo interpreta como un episodio más de la saturación crónica de la sanidad pública española, donde los principales perjudicados son los mayores y los enfermos terminales, sean de donde sean. Otros señalan directamente a la gestión mixta del Puerta de Hierro y a los recortes sanitarios de la Comunidad de Madrid. Algunos recuerdan que en otros países europeos a estos pacientes ni siquiera los atenderían.
En el lado opuesto, se argumenta que ambos casos son de pacientes que usan Urgencias como puerta de entrada a recursos sociales: el joven cumplió 18 años y salió del centro de menores sin plaza alternativa; el boliviano, ciego y desorientado, llegó sin que nadie acredite que no tiene familia en España. Y hay quien plantea directamente pasar la factura a sus gobiernos o a sus embajadas, ante el coste que asume el sistema.
El incentivo económico que nadie quiere ver
La pensión no contributiva no es exportable: solo se cobra residiendo en España. Este detalle, apenas mencionado, explica por qué una familia puede preferir que el paciente no se mueva de un hospital aunque su estado sea terminal. Mientras esté ingresado, el cuidado lo paga la sanidad pública. Si se va a su país, la ayuda desaparece.
Ninguno de los dos pacientes ha cotizado lo suficiente para sostener el sistema, pero están siendo atendidos. La factura de esa atención, en un servicio de Urgencias saturado, es difícil de calcular. Los costes directos compiten con los indirectos: la cama que no se libera para un infarto, la ambulancia que espera, el paciente crónico que vuelve a casa sin seguimiento.
Además, la comparación con el resto de pacientes se vuelve inevitable. Para que un español residente en otra comunidad sea atendido en Madrid fuera de Urgencias se requiere una autorización administrativa (SIFCO). Estos dos pacientes, en situación irregular o con papeles recién estrenados, han saltado todos los controles sin más trámite que aparecer por la puerta. En ese contraste se sustenta buena parte de la indignación que ha despertado el caso.
Una predicción con reservas
Mientras las plazas de cuidados intermedios sigan siendo tan escasas y la política sanitaria se convierta en arma arrojadiza entre administraciones, casos como este se repetirán. Puede que el próximo no tenga pasaporte boliviano ni peruano, puede que sea un español con una pensión mínima y sin hijos. La lista de espera no distingue nacionalidades cuando el problema es de fondo. O quizá sí, y ese es precisamente el escándalo que nadie quiere nombrar.