Dos personas exigen cenar por 5 euros en Ibiza y queman el restaurante Sa Sal
La madrugada del 10 de junio, un incendio redujo a cenizas el restaurante Sa Sal, en Playa d'en Bossa (Ibiza). Su propietario, Alberto Yagüe, de 33 años, cifra las pérdidas en 1.100.000 euros. La Guardia Civil detuvo a un hombre y una mujer sin hogar que, según la investigación, habían acudido la noche anterior al local exigiendo un menú por 5 euros. Se les imputa un delito de incendio con riesgo para las personas. El caso ha reabierto el debate sobre los costes reales de emprender en España y sobre la respuesta penal a la delincuencia reincidente.
Qué pasó la noche del 9 al 10 de junio
Dos personas llegaron al restaurante Sa Sal con un billete de 5 euros y exigieron que se les sirviera un menú para cenar. La camarera les explicó que no era posible. El jefe de cocina salió a hablar con ellos y, ante los gritos y las molestias a los clientes, les pidió que se marcharan. Cuatro horas después, según el relato del propietario, el local ardía. Las cámaras de seguridad permitieron a las empleadas reconocer a los dos individuos.
La Guardia Civil sostiene que sobre la 1 de la madrugada los sospechosos se acercaron al restaurante e iniciaron un pequeño incendio que se apagó solo. Media hora más tarde regresaron y rociaron la fachada con un producto inflamable. Las llamas se propagaron con rapidez y afectaron a otro restaurante y a un club cannábico, situados en los bajos de un edificio residencial con 193 inmuebles. Cinco personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo.
Detención en Valencia y prisión provisional
Los dos sospechosos abandonaron Ibiza en un buque con destino a Valencia y fueron detenidos a su llegada, a primera hora del lunes 16 de junio. El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia dictó prisión provisional sin fianza. La Guardia Civil los describió como «personas problemáticas». El caso pasará a los juzgados de Ibiza. Alberto Yagüe ya ha declarado en su contra.
El coste real de emprender: 1,1 millones y un equipo de trabajo
«Hemos perdido 1.100.000 euros, pero esto no va solo de lo material. Hay mucho esfuerzo, tiempo y sacrificio de familia y amigos», resume el propietario. El local acababa de arrancar la temporada y contaba, según su testimonio, con un equipo consolidado. La pérdida es total: no se salvó nada. Yagüe negocia con las aseguradoras para recuperar parte de la inversión y confía en reabrir, aunque admite que será difícil.
El episodio ha servido para que muchos lectores pongan números a una pregunta incómoda: ¿compensa montar un negocio en España? Hay quien sostiene que el beneficio esperado no compensa el tiempo, el dinero y la salud que se dejan por el camino, y que con ese capital invertido en rentas diversificadas viviría una familia sin sobresaltos. Otros recuerdan que el dueño de un chiringo en primera línea de Ibiza no es precisamente un mileurista. El cálculo completo, desglosado partida a partida, da una diferencia que sorprende.
El debate sobre la respuesta penal y la reincidencia
Una parte de los intervinientes considera que el sistema penal español es demasiado blando con la delincuencia patrimonial y que la reincidencia se cronifica. Se argumenta que faltan efectivos en zonas tensionadas: en Ibiza, se dice, la Guardia Civil tiene dificultades para cubrir plazas porque el alquiler de una habitación puede superar el sueldo base. Otra corriente señala que el problema no es solo de medios, sino de diseño: un sistema que promete derechos extensos pero no los financia acaba funcionando como si no existiera.
También hay quien introduce el factor del encargo. En un negocio con tanto dinero en juego —y tanto en negro, se apunta—, un incendio provocado por dos personas sin hogar resulta, cuando menos, llamativo. La hipótesis del ajuste de cuentas o de la competencia desleal circula sin prueba alguna. La investigación oficial, de momento, no la respalda.
La caridad como riesgo operativo
Varios relatos coinciden en un patrón previo: los detenidos solían acercarse a otros locales de la zona para pedir comida, medicación o que les cargaran el móvil. Los trabajadores de Sa Sal les dejaron cargar el teléfono en más de una ocasión y les dieron agua y azucarillos cuando uno dijo que necesitaba glucosa. La conclusión que extraen algunos es amarga: atender a según quién convierte el negocio en un comedor social y espanta a la clientela que paga. Otros replican que esa lógica condena a cualquiera que pida ayuda.
El local sigue en cenizas, la temporada perdida y dos personas en prisión provisional. Lo que no está claro es si el caso cambiará algo en la forma de gestionar la seguridad en las zonas turísticas o si, como tantas veces, quedará en anécdota.