El asesinado en gata (alicante) por dos jovenlandéss había ayudado a una chica a la que estaba agrediendo uno de los que lo han apiolado.

El asesinado en Gata de Gorgos había mediado en una agresión previa​

David Lledó tenía 38 años y salió en defensa de una chica a la que estaban zarandeando en la calle. Días después, según el relato de su viuda, apareció muerto con traumatismos en el tronco, la cara y el cuello en Gata de Gorgos (Alicante). Dos hombres, de nacionalidad marroquí y en situación irregular según las informaciones publicadas, fueron detenidos por la Guardia Civil. Uno de ellos, de 35 años, está en prisión preventiva. El móvil que se investiga: la víctima había recriminado a uno de los detenidos haber intentado agredir a su pareja días antes.

La secuencia que reconstruyen los testimonios es la de un conflicto vecinal que escaló sin que nadie lo frenara. La viuda contó a Levante-EMV que su pareja había mediado entre los presuntos agresores y una chica a la que estaban molestando. Ella misma había sido abordada semanas antes por uno de ellos, que intentó forzarla a subir a su coche, según su versión. No denunció por miedo a represalias. Ese temor, sostiene, pudo desembocar en el crimen.

Qué se sabe del crimen de Gata de Gorgos​

El Ayuntamiento decretó tres días de luto y cerró los comentarios del comunicado en Facebook. La decisión provocó una oleada de críticas por censura. «¿Tiene miedo de saber lo que opina la gente del pueblo?», escribía un vecino. Otros denunciaban que la Policía Local ya había sido avisada de que esos dos hombres se acercaban a mujeres y a niñas de 14 años. La versión municipal no ha desmentido esos avisos.

El alcalde, Josep Signes, de Compromís, gobierna con el apoyo del PSPV. La oposición y buena parte del vecindario le reprochan haber facilitado luz y agua a los ocupantes de unos chalés, según informaciones publicadas. El consistorio no ha dado explicaciones sobre el aumento de inseguridad que denuncian los residentes.

El relato mediático: lo que se contó y lo que no​

La cobertura del caso se convirtió en un asunto en sí mismo. Varios medios nacionales omitieron la nacionalidad de los detenidos; otros directamente no dieron la noticia. Iker Jiménez lo expuso en Horizonte, con un recuento de qué cadenas habían silenciado el dato y cuáles habían ignorado el suceso. «Lo hemos hecho para demostrar que no es una leyenda que algunos lo esconden», dijo.

La consejera de Justicia e Interior de la Generalitat, según recogió El Debate, calificó de «absolutamente racistas» las palabras de Vox sobre los detenidos. Compromís estudia si son constitutivas de delito de odio. La formación sostiene que «los delitos los cometen las personas, no las nacionalidades». El argumento tiene recorrido jurídico, pero choca con la percepción de una parte del vecindario, que ve en el caso la confirmación de un problema de seguridad que llevan meses denunciando sin respuesta.

El efecto llamada y la ocupación de viviendas​

Los detenidos habían llegado de forma irregular y ocuparon unos chalés en el municipio, según las informaciones que circulan. El alcalde, según esas mismas fuentes, les habría facilitado suministros. Es el patrón que algunos analistas describen como efecto llamada: tolerancia administrativa con la ocupación, ausencia de control migratorio efectivo y un mensaje de impunidad que atrae a delincuentes.

La comparación con el caso Neira —el hombre que quedó en coma tras defender a una mujer en 2008— se repite en el análisis. El salvador espontáneo, el ciudadano que interviene, acaba pagando el precio. La diferencia es que entonces no había redes sociales para amplificar el silencio mediático.

Qué pasa con los detenidos y con el debate político​

El autor material del crimen tiene 35 años y está en prisión preventiva. La Guardia Civil investiga las circunstancias exactas de la muerte. La víctima fue atacada por la espalda, según el testimonio de un familiar recogido por Europa Press: «Estaba desprevenido y lo atacaron por detrás».

El caso ha reabierto la discusión sobre inmigración ilegal, seguridad en municipios pequeños y la responsabilidad de los ayuntamientos. Vox pide la deportación inmediata. Compromís y el PSPV evitan pronunciarse sobre la nacionalidad. El PP, en silencio. La pregunta que sobrevuela es si este crimen cambiará algo en la política migratoria o si, como tantos otros, se diluirá en la siguiente noticia.

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Lo previsible es que la investigación siga su curso y que el juicio tarde meses o años. Lo que no está escrito es si el municipio tendrá respuestas antes de la próxima temporada. Con estos precedentes, la desconfianza vecinal tiene recorrido. Y el silencio administrativo, también.