El caos de Ceuta desguaza al Gobierno: las mentiras lo dañan más que la corrupción y el separatismo (Javier Collado en Vozpópuli)

Las mentiras del Ejecutivo sobre la crisis de Ceuta han minado su credibilidad de forma más profunda que escándalos de corrupción o concesiones al separatismo, desatando una crisis interna y externa.

El lío de Ceuta del pasado verano ha dejado al Gobierno de Pedro Sánchez más tocado de lo que muchos esperaban. No es la corrupción, ni el separatismo, ni siquiera la forma en que se han ido colonizando algunas instituciones. Lo que parece haberle hecho más daño, lo que realmente ha desguazado al Ejecutivo, son las mentiras. Las que se contaron, y se repitieron, para intentar tapar el agujero que se abrió en la frontera sur.

La avalancha migratoria y las seis semanas de desinformación

Todo empezó el 30 de julio de 2026. Una fecha que se ha quedado grabada a fuego. De repente, miles de personas aparecieron en Ceuta. Una situación que el presidente Sánchez calificó al día siguiente como una «violación de la integridad territorial de España». Pero la respuesta inicial del Gobierno fue intentar minimizarlo. El ministro Óscar Puente tuiteaba el 1 de agosto con una suficiencia que hoy suena a burla: «Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez».

El problema es que, mientras tanto, se insistía una y otra vez desde Interior y desde la Delegación del Gobierno en Ceuta que el CNI no había avisado de nada. Que la avalancha migratoria pilló a todos por sorpresa. Sin embargo, la desclasificación de casi medio centenar de documentos, anunciada por Sánchez en el Congreso, demostró lo contrario. Seis semanas de mentiras, de intentar vender que la crisis de seguridad y su impacto en la población ceutí no eran para tanto. Y todo esto, mientras se buscaban culpables por todas partes: las mafias, Israel, Rusia, Estados Unidos, las redes sociales, la «internacional ultraderechista», Italia, el PP, Vox, el delegado del Gobierno en Ceuta, Juan Jesús Vivas, e incluso la propia ciudadanía ceutí, tildada de «xenófoba». Y hasta el Rey Felipe VI recibió su ración por no haber visitado el enclave. Todos menos el Gobierno y Marruecos. Al menos, según Sánchez, «de momento».

El CNI, el escudo quemado y la ministra en desacuerdo

Una de las jugadas más sucias fue usar al CNI como escudo. El Centro Nacional de Inteligencia, por su propia naturaleza, no puede salir a desmentir las acusaciones. Y eso lo sabía bien el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Utilizar al servicio de inteligencia a sabiendas de que no podía defenderse debió sentar muy mal a la ministra responsable, Margarita Robles. Se dice que Marlaska se quedó sin aliados dentro del Gabinete, y que el propio presidente del Gobierno la había llamado «pájara» en conversaciones privadas.

Robles, una sanchista de primera hora, no se quedó callada. Defendió al CNI públicamente, mostrando su disenso con la estrategia gubernamental. Durante el discurso de Sánchez en la Cámara Baja, ella fue la única del banco azul que no aplaudió sus medidas. A pesar de todo, la exjueza sigue al frente del Ministerio de Defensa. Mientras tanto, el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta dimitió alegando motivos personales, pero dejando claro que sí había avisado a los distintos ministerios antes de la llegada masiva de inmigrantes. Una incompatibilidad evidente con los desmentidos oficiales. La justicia, a través de la juez María Tardón de la Audiencia Nacional, tendrá que aclarar si hubo una «clara e indudable gestión favorecedora desde Marruecos» para atentar contra la integridad territorial de España.

La erosión de la credibilidad y el CIS bajo sospecha

La situación en Ceuta ha tenido un reflejo directo en las encuestas. El PSOE atraviesa uno de sus peores momentos electorales. La media de encuestas calculada por electocracia.com daba a los socialistas un 26,2% de intención de voto en septiembre de 2026. Un suelo histórico que no se había rozado ni tras la aprobación de la ley de amnistía ni con los constantes casos de corrupción. Sin embargo, en los barómetros del CIS, el panorama era radicalmente distinto. En abril de 2026, el CIS situaba al PSOE en máximos históricos con un 36,4%, y en julio, un 33%.

Esta disparidad no es casual. La falta de credibilidad del CIS es sólo la punta del iceberg de la colonización de las instituciones por parte del sanchismo. Organismos independientes y con prestigio, como el centro demoscópico, han acabado en manos de personas afines al presidente. José Félix Tezanos, afiliado al partido desde 1973, es el ejemplo más claro. Pero la mano de Sánchez se ha extendido a otros nombramientos clave. Exministros como José Luis Escrivá en el Banco de España, Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado, Juan Carlos Campo en el Tribunal Constitucional, o José Manuel Rodríguez Uribes en el Consejo Superior de Deportes. También se han utilizado para batallas autonómicas, como Pilar Alegría, María Jesús Montero, Reyes Maroto, Óscar López o Diana Morant. En el ámbito de la seguridad, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, vinculada al PSOE desde 2015, es otro caso flagrante.

La influencia del Ejecutivo se ha notado también en empresas públicas como RTVE (con José Pablo López), Efe (con Miguel Ángel Oliver), Paradores (con la exministra Raquel Sánchez), Red Eléctrica (con la exministra Beatriz Corredor), Indra (con Ángel Escribano) o Telefónica (con Marc Murtra). Ni el panorama exterior se ha librado. Sánchez impuso a Teresa Ribera como comisaria europea, colocó a Nadia Calviño en el Banco Europeo de Inversiones y batió el récord de embajadores políticos, con nueve nombramientos que beneficiaron a cinco ministros en destinos como la UNESCO, la ONU, el Vaticano o la OEA.

El récord de decretos y la tensión con el separatismo

Más allá de los nombramientos, la forma de gobernar también genera controversia. Sánchez acumula más de 180 decretos ley, un récord absoluto en la democracia española. Esto significa legislar de espaldas al Parlamento, con una media de unos 25 decretos por año natural. El Congreso ha derogado 11 de sus decretos, de los 14 que se han echado atrás en medio siglo. Y por tercer año consecutivo, Moncloa se ha saltado la obligación de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, algo que exige la Constitución.

La falta de respeto por la división de poderes y la rendición de cuentas se hace evidente también en la inasistencia del presidente ante las peticiones del Senado para comparecer, o en cómo se impidió al Congreso ejercer su labor de control durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19.

El concepto de «línea roja» respecto a la corrupción se ha vuelto difuso. Los socios del Ejecutivo parecen tener una barra libre para criticar, pero no para actuar. Sánchez, consciente de que sus aliados no le dejarán caer, ha presumido de haber «asumido responsabilidades» y ha criticado a la Justicia. Los casos que rodean a su mujer, Begoña Gómez, la imputación de su hermano David Sánchez, el envío a prisión de exsecretarios generales del PSOE, la investigación sobre el expresidente Zapatero, o el ‘caso Cloacas’ del PSOE no han sido suficientes para desguazar al Gobierno. A pesar de las voces críticas internas, como la de Emiliano García-Page, Sánchez se permite mofarse de ellas.

Las concesiones al separatismo han sido constantes. Tras las elecciones de 2023, Sánchez anunció orgulloso «Somos más», a pesar de ser la segunda fuerza. Se olvidó de su «no dormiría tranquilo» por tener a Podemos en el Consejo de Ministros y de su convicción de que la amnistía no entraba en la legislación. Ya en sus primeros meses, trasladó a los presos del ‘procés’ a cárceles catalanas y en 2021 indultó a nueve líderes condenados por el Tribunal Supremo. La reforma del Código Penal para eliminar la sedición y rebajar las penas por malversación facilitó el regreso de Carles Puigdemont.

Pero las cesiones se multiplicaron tras el verano de 2023. La aprobación de la ley de amnistía en 2024, la condonación de la deuda catalana, un sistema de financiación autonómica a medida, el uso de lenguas cooficiales en el Congreso y en Europa, las comisiones de investigación sobre el ‘caso Pegasus’ y la ‘Operación Cataluña’, o el traspaso de competencias de Rodalies han copado los titulares. El independentismo vasco también ha cobrado facturas, apoyando mociones de censura, recibiendo apoyos para gobernar Navarra, o logrando traspasos de competencias en Seguridad Social o tráfico. La reforma de la Ley de Memoria Democrática y el acercamiento y puesta en libertad anticipada de presos etarras son sólo algunas de las concesiones. Cuando Sánchez llegó a Moncloa, más de 200 etarras cumplían prisión; hoy, sólo 32 continúan en régimen ordinario.