La ley de nietos y el sujeto soberano (Ignacio Camacho en El ABC)

La tramitación de la ley de nietos mediante instrucción ministerial, en lugar de un proceso parlamentario, levanta sospechas sobre su transparencia y su potencial influencia en el cuerpo electoral.

¿Un censo a medida?

La ampliación del cuerpo electoral es un asunto serio, y más cuando se hace por la puerta de atrás. La llamada ‘ley de nietos’, que en realidad es una modificación de otra norma, se ha tramitado a través de una instrucción ministerial. Esto ha hecho que el Tribunal Supremo haya tenido que intervenir, al menos por ahora, para suspender sus efectos. La preocupación principal es que más de dos millones de personas puedan incorporarse de golpe al censo electoral. Esto, por simple respeto a las reglas del juego, exige una transparencia que el método elegido no parece ofrecer.

Dudas sobre el proceso

La oposición ha expresado su inquietud, y no sin motivo. No se trata solo de cuántos de los nuevos nacionalizados votarán o a quién, sino del propio proceso. Ampliar el número de votantes mediante un atajo administrativo, saltándose el control del Congreso, hace que surjan dudas razonables sobre la idoneidad y, sobre todo, sobre el propósito real de una tramitación tan apresurada. No es la primera vez que se cuestiona la limpieza legislativa de este mandato; ya empezó con una amnistía negociada con sus beneficiarios.

La soberanía en juego

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene antecedentes que invitan a la desconfianza preventiva. Desde el incumplimiento de obligaciones presupuestarias hasta el sesgo partidista de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, pasando por el uso abusivo de decretos para esquivar la falta de mayoría, hay demasiadas evidencias de un concepto poco escrupuloso de la formalidad institucional. El Supremo no juzga intenciones, sino la conformidad a derecho de las órdenes. Y en este caso, está en juego una posible alteración del sujeto de la soberanía. Es legítimo preguntarse por qué se debería permitir que cientos de miles de personas, sin residencia previa en España, tengan derecho a votar nuestros asuntos.