El carbón nacional abarata la factura de la luz en más de 350 millones de euros al año

El informe que cifra en 350 millones el coste de cerrar el carbón​

Un informe interno del Ministerio de Energía puso número al cierre del carbón autóctono: un 3,52% de subida media en el precio del mercado eléctrico y más de 350 millones de euros anuales de sobrecoste para los consumidores. La cifra multiplica por casi catorce los 25,3 millones que el Estado dedicaba por entonces a ayudas anuales al mineral nacional. El dato saltó a la opinión pública en julio de 2017, con las térmicas todavía encendidas y las minas en cuenta atrás.

La discusión que siguió, y que se ha prolongado durante casi una década, no fue tanto sobre el cálculo como sobre qué se hace con él. Un informe que mide el coste de prescindir de algo no equivale a una defensa de ese algo. Ese malentendido, más o menos deliberado, atravesó todo el asunto.

¿Cuánto abarata el carbón autóctono la factura de la luz?​

Según el documento, prescindir de las centrales de carbón nacional elevaría el precio mayorista un 3,52% de media: más de 350 millones al año que acabarían pagando los consumidores. Frente a esa cifra, el capítulo de subvenciones al carbón sumaba 5.500 millones desde 1990, y en el momento del informe las ayudas anuales se habían quedado en 25,3 millones. Quien defendía mantener las plantas subrayaba justo ese diferencial: un ahorro catorce veces mayor que el coste público.

En contra pesa otro argumento. Las centrales ya existen y su permanencia no obliga a producir con mineral nacional. El déficit de potencia instalada que describe el informe se cubriría con las mismas plantas quemando carbón importado, no con la reapertura de las minas.

El carbón no es un producto homogéneo​

Aquí aparece el matiz técnico que suele desaparecer de los titulares. Una central térmica no es una caldera doméstica: está diseñada para un mineral concreto. Adaptar una planta pensada para lignitos nacionales al carbón importado implica un cambio de mix costoso y un año mínimo de parada. Ya se ejecutó en la central coruñesa de As Pontes, que sustituyó los lignitos de la zona por hulla importada. La reconversión no es gratis ni instantánea.

De modo que el famoso 3,52% no mide lo mismo para todos: si se mantienen las plantas pero se cambia el combustible, el sobrecoste se traslada del mercado al balance de las eléctricas. Y si se cierran, al consumidor.

Del 38,8% de la generación al 14% en dieciséis años​

Los datos de Red Eléctrica permiten dimensionar lo que se estaba discutiendo. En 2000, cuando la factura de la luz era la mitad que en la década siguiente, las centrales de carbón sumaban 12.052 MW y generaban 79.846 GWh, el 38,82% de toda la energía producida. En 2016 eran 37.038 GWh: el 13,95%. El triple en términos relativos y el doble en absolutos, en apenas dieciséis años.

La comparación internacional que se esgrimía era la alemana: el país germano producía en torno al 40% de su electricidad con carbón. Con el tiempo ese porcentaje se ha ido desinflando hasta el 30% o menos, lo que debilitó uno de los argumentos más repetidos.

¿Por qué hay quien defiende dejar algo de carbón en el sistema?​

Las razones que se repiten no son nostálgicas. Primera: en una crisis energética global, un parque térmico propio garantiza un mínimo de producción eléctrica estable. Segunda: es un recurso local que mejora la balanza comercial frente a la dependencia del gas argelino o del uranio importado. Tercera, la más de largo plazo: los petróleos ligeros se agotan y el carbón seguiría siendo materia prima para procesos químicos.

Del otro lado se responde con otra factura. El coste de limpiar Fukushima se estimó en 180.000 millones de dólares, y con ese dinero habría para sostener suministro renovable durante décadas. Y se recuerda que Vandellos I no acabó en tragedia por una cuestión de suerte, no de diseño.

La batalla de las subvenciones: 5.500 frente a 200.000 millones​

El otro frente eran las cifras de las renovables. Frente a los 5.500 millones acumulados por el carbón desde 1990, las tecnologías verdes tenían garantizada una rentabilidad de 200.000 millones a lo largo de su vida útil. La asimetría, sostenida con dinero público y con recargo en la factura, explica buena parte de la irritación.

La réplica es de calendario: la mayoría de las primas correspondían a plantas antiguas, con un régimen retributivo cerrado años atrás, y el precio de las emisiones —cinco euros por tonelada de CO2— no compensaba el deterioro ambiental del mineral.

El cierre de las minas y la factura que llegó después​

El tiempo resolvió la disputa por la vía de los hechos. España se despidió del carbón con el cierre de todas las minas, y los sucesivos escalones de la factura eléctrica llegaron uno tras otro. La seguridad de suministro que se invocaba dejó de ser hipótesis: la dependencia del gas argelino obligó a tirar de gas ruso cuando Argelia tensó el grifo.

Quienes avisaron de las consecuencias reivindican ahora el diagnóstico. Las predicciones más catastrofistas, los apagones, no se cumplieron. Las subidas de precio, sí. Y el parque térmico que quedaba en pie fue cerrando sin que nadie volviera a pedir el cálculo.

La pregunta que queda abierta​

El informe cifraba un sobrecoste de 350 millones anuales por prescindir del carbón autóctono. Nadie ha hecho público, en cambio, el cálculo inverso: cuánto de lo que se ha encarecido la luz desde entonces corresponde a ese 3,52% que nadie quiso mirar de frente. ¿O es que ya no interesa saberlo?