Y seguimos, ahora guerra con el Colegio de ingenieros industriales de Andalucía Occidental
Los informáticos piden al juez que rechace el informe de los ingenieros sobre el perito del caso Marta del Castillo
Los informáticos piden al juez que rechace el informe de los ingenieros sobre el perito del caso Marta del Castillo
Los informáticos denuncian que los ingenieros no son parte en la causa y "carecen absolutamente de competencias en la materia"
Las discrepancias entre el
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental y el
Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) a propósito del supuesto intrusismo del perito que realizó el informe sobre el teléfono de Miguel Carcaño, han llegado hasta el juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla, que investiga al CEO de Lazarus Technology, Manuel Huerta de la Morena.
El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental,
Juan Carlos Durán Quintero, presentó en el juzgado un escrito en el que
cuestiona que la intervención de un perito informático sin titulación oficial pueda considerarse, por sí sola, un delito de intrusismo en el marco del caso Marta del Castillo. El documento sostiene que para que exista intrusismo penal no basta con acreditar que el autor de un informe carece de un determinado título. Según el decano, es necesario identificar previamente una norma que reserve de manera expresa esa actividad a profesionales con una titulación concreta. El escrito diferencia así entre la formación académica de una profesión y la existencia de una reserva legal de actividad.
Ahora, el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía,
Pedro de la Torre, ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del instructor de incorporar el escrito de los ingenieros industriales. En concreto, los informáticos consideran que la notificación trasladada por el juzgado, en la que daba cuenta de la recepción del informe emitido por el Colegio de Ingenieros Industriales, "no puede ni debe ser tenida en cuenta por el magistrado instructor ni admitida en la presente causa, en tanto
el colegio profesional de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental es ajeno a la causa y, tal y como resulta evidente de su propia denominación,
carece absolutamente de competencias en la materia, esto es, la Ingeniería Técnica Informática".
Así, De la Torre considera que la intervención de los Ingenieros Técnicos supone un
"intento espurio y doloso de tratar de frenar ahora el pase a fase de plenario, justo en su conclusión, atribuyéndose el decano del colegio, Juan Carlos Durán, competencias institucionales que, por ley, tiene vedadas", asegura el escrito presentado en el juzgado, al que ha tenido acceso este periódico.
Es más, los informáticos señalan que en este caso se ha podido incurrir incluso en un
"delito de usurpación de funciones públicas", y a ello se une la "dolosa intención de confundir al magistrado instructor, en tanto habla de la profesión de Ingeniería Informática, cuando la peritación informática es un acto propio de la Ingeniería Técnica Informática".
Dice el escrito que la Ingeniería Informática y la Ingeniería Técnica Informática ("muy importante la adjetivación")
"son profesiones distintas con marco jurídico distinto y no es susceptible de informar de ello a un tribunal de Justicia un lego en dicha materia, como es el decano de los Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental; ámbito profesional el suyo palmariamente ajeno a la cuestión".
El Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática concluye que el Colegio de Ingenieros Industriales
"no es parte en este procedimiento y carece de toda legitimación como para intervenir en él y tampoco se ha solicitado ni Su Señoría ha acordado la elaboración de ningún informe por su parte, por lo que procede revocar la providencia y dictar nueva en el sentido de rechazar el informe y no proceder a su unión a los autos por falta de legitimación en el proceso" y todo ello porque la
"Ingeniería Industrial nada tiene que ver con la Ingeniería Técnica Informática que es la base del delito de intrusismo denunciado".