El Colegio de Periodistas de Cataluña pide enterrar el acrónimo 'mena'
El Colegio de Periodistas de
Cataluña y el Consejo de la Información de Cataluña (CIC) han pedido a los medios que aún emplean el término «mena» para referirse a los menores no acompañados que dejen de usarlo. Su argumento: deshumaniza a estos jóvenes, los convierte en blanco del discurso del odio y es xenófobo. En un comunicado, ambas entidades recuerdan que el acrónimo siempre fue polémico porque, sostienen,
la ultraderecha ha conseguido otorgarle la connotación de delincuencia y de falsos privilegios. También citan a Unicef, que ha alertado de que la expresión «cosifica a los niños» y contradice la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Qué piden exactamente y por qué ahora
La recomendación no es nueva en el fondo, pero sí en el momento. El Colegio y el CIC aseguran que la mayoría de los medios ya había abandonado el acrónimo, y que ha sido en los últimos días —a raíz de los pactos para asumir la atención de estos menores— cuando lo han vuelto a detectar en titulares de prensa, portales digitales e informativos audiovisuales. De ahí el llamamiento público.
El texto apela al Criterio 11 del Código Deontológico del periodista, que obliga a proteger el derecho de los menores, y recomienda usar «expresiones alejadas del lenguaje que pretende criminalizar uno de los sectores más vulnerables de la sociedad». La petición se apoya en una idea sencilla: si el lenguaje construye la percepción, cambiar la etiqueta cambia el trato.
La reacción que ha generado el comunicado apunta a lo contrario. Buena parte de las respuestas al asunto comparten un diagnóstico incómodo para quien firma la recomendación: el problema no es la palabra, sino lo que la palabra nombra. Y si lo que nombra sigue ahí, cualquier sustituto acabará cargándose del mismo significado.
El argumento que más se repite: el significante hereda el significado
Es la objeción más citada y también la más difícil de rebatir desde la deontología. El acrónimo «mena» —menor extranjero no acompañado— nació en el vocabulario administrativo y periodístico sin carga peyorativa explícita. Con el uso, dicen quienes critican la petición, acabó arrastrando la connotación de los hechos que se le asociaban. Cambiar la etiqueta no borra el contenido: lo aplaza.
Hay quien lo formula con un ejemplo doméstico: antes de llamarlo excusado, el wáter se llamaba retrete, y la mierda sigue oliendo igual por mucho que se rebautice el mueble. Otros recurren a la historia de la lengua: le pasó a
subnormal, término clínico en su origen que terminó siendo un insulto. La conclusión que extraen es que la huida hacia el siguiente eufemismo es infinita, y que en cada escala el nuevo término acabará contaminado.
De ahí sale una predicción recurrente: da igual cómo se les llame. Si se opta por «mariposas», en unos meses «mariposa» tendrá las mismas connotaciones. La palabra no crea el fenómeno; lo etiqueta.
La acusación de incoherencia: ¿quién acuñó el término?
Una parte de las críticas no discute el fondo lingüístico, sino la autoría. Se sostiene que el acrónimo lo pusieron en circulación los propios medios y el vocabulario institucional, y que ahora quienes lo usaron piden a otros que dejen de hacerlo. La fórmula que resume esa postura es simple: primero se inventa el término, después se borra su rastro.
En esa línea se apunta a un motivo menos noble que la protección del menor: la posibilidad de excluir a medios de la financiación pública mediante códigos deontológicos y subvenciones condicionadas. La sospecha —no verificada— es que las directrices llegarían del poder político y se presentarían como autorregulación profesional.
Frente a eso, el comunicado del Colegio y el CIC se limita a invocar el Código Deontológico y la Convención de la ONU. No entra a valorar quién usó el término antes ni con qué intención.
Lo que se cuela en la conversación: delincuencia, nacionalidad y datos que no aparecen
El tercer bloque del asunto es el más incómodo y el que menos se presta a la lingüística. Una corriente sostiene que el debate real no es cómo se llama a estos menores, sino lo que algunos de ellos hacen: se mencionan agresiones, robos y reyertas, y se afirma que ocultar la nacionalidad del responsable de un delito cuando es extranjero forma parte del mismo mecanismo. Son afirmaciones que circulan sin respaldo documental en el intercambio y que, por tanto, quedan como lo que son: opiniones atribuidas a quienes las sostienen, no hechos acreditados.
Otra línea, minoritaria en el tono pero presente, recuerda que un menor que llega solo no es una anomalía estadística: la anomalía es que sus padres estén en otro país y que exista una red que se lucre con ese traslado. Bajo ese prisma, el fenómeno se lee como trata y tráfico de menores, con delito desde el primer eslabón, y no como una cuestión de adjetivos.
Y una tercera voz, más de fondo, plantea que el problema es anterior al lenguaje: si el acrónimo se ha vuelto negativo, la causa está en las conductas que se le asocian, no en las sílabas.
El cierre: una recomendación sin poder coercitivo
El Colegio de Periodistas y el CIC no tienen capacidad de obligar a nada. Lo que han hecho es una recomendación pública amparada en un código que suscribe quien quiere suscribirlo. Si los medios la siguen, el acrónimo desaparecerá de los titulares y será sustituido por perífrasis más largas. Si no la siguen, el comunicado habrá servido, como mínimo, para dejar constancia de quién lo firmó.
Lo previsible es que el término sobreviva en el lenguaje coloquial, que es donde de verdad se decide el significado de las palabras. Y que la próxima vez que se proponga un sustituto, alguien repita el mismo argumento: no es la etiqueta, es lo etiquetado.