El Congreso avala por amplia mayoría la ley de nacionalidad saharaui, a remar más fuerte.

España da la nacionalidad a los saharauis nacidos antes de 1977​

El Congreso ha aprobado por amplia mayoría la ley que reconoce la nacionalidad española a los saharauis nacidos en la antigua colonia antes de 1977 y a sus descendientes. La norma sale adelante en plena tensión con Marruecos y tras un giro del PSOE, que se había opuesto en primera instancia. El PP optó por la abstención. Vox votó en contra y se quedó solo.

A quién alcanza la nacionalidad saharaui​

El texto fija 1977 como frontera temporal. Quien pueda acreditar nacimiento en el Sáhara Occidental bajo administración española, o descender de alguien que lo hizo, entra en el supuesto. No es una puerta abierta genérica: acota un colectivo concreto por origen y por fecha.

El argumento que más circula a favor es sencillo. Los saharauis tuvieron DNI español. Muchos lo conservaron durante años tras el abandono del territorio. Si ya existía ese vínculo documental, sostiene esta corriente, reconocer la nacionalidad no es un regalo, sino la regularización de algo que fue real. La objeción técnica se clava en otro punto: el periodo de residencia exigido, que en la práctica se rebaja a dos años, muy por debajo del estándar habitual.

El giro del PSOE y el laberinto jurídico​

El respaldo no fue lineal. Los socialistas defendieron esta posición después de haberla rechazado en el primer trámite. El Partido Popular dejó pasar la votación con una abstención que unos leen como falta de oposición y otros como puro cálculo. Vox se quedó en el no sin arrastrar a nadie.

Por debajo del ruido político hay una madeja legal de tres décadas. El Tribunal Supremo fijó en 1998 que los nacidos en el Sáhara cuando era posesión española no eran propiamente nacionales, sino súbditos que disfrutaban de la nacionalidad. La sentencia 207/2020 remachó que el Sáhara no puede considerarse España a efectos del artículo 17.1.c del Código Civil. La vía que abrió el Real Decreto 2258/1976 quedó como precedente real. Entender ese encadenamiento —y no solo el titular del día— es lo que separa el análisis del consignismo.

El recurso que se queda al otro lado​

Hay un contraste que recorre toda la discusión. Los fosfatos y la potasa del territorio quedan en manos de Marruecos. España, en cambio, se queda con las personas. Para unos, es un reparto desequilibrado que premia al vecino y carga el coste aquí. Para otros, la lectura es la contraria: se salda por fin una deuda pendiente con quien fue español de papel y quiso ser otra cosa.

El punto que más se repite entre los escépticos no es la identidad, sino la factura. La sanidad y los servicios públicos ya operan al límite, y cualquier ampliación del padrón de derechos se mira con lupa. España mantiene convenios de doble nacionalidad con más de veinte países, pero en África solo con Guinea Ecuatorial. Sumar uno más mueve el mapa.

Con estos mimbres, la ley avanza y el descontento también. El porqué del giro socialista justo ahora, y no antes, sigue sin una respuesta que convenza a todos. Ahí se atasca el asunto.